Desechan cargos contra vendedor de armas a cártel mexicano

Phoenix.- Un juez estatal de Arizona desechó este miércoles los cargos presentados contra el dueño de una tienda de armas acusado de vender más de 600 rifles y pistolas a integrantes del cártel de Sinaloa, confirmaron fuentes judiciales.

El caso contra George Iknadosian, de 47 años, era considerado el más importante entablado hasta ahora en Estados Unidos contra un vendedor de armas, acusado de abastecer a pandillas narcotraficantes en México.

Sin embargo, el juez Robert Gottsfield de la Corte Superior del Condado de Maricopa, dictaminó la víspera que no había suficiente evidencia para declarar culpable a Iknadosian con base en un asunto técnico legal, indicaron las fuentes.

Gottsfield emitió un veredicto de no culpabilidad para Iknadosian, quien enfrentaba 21 cargos de fraude y lavado de dinero, entre otros.

La Oficina del Procurador General de Arizona informó que planea apelar la decisión del juez.

Iknadosian, propietario de la tienda X-Caliber Guns en Phoenix, estaba acusado de vender en forma consciente 650 armas, la mayoría rifles de asalto AK-47 y pistolas semi automáticas de alto calibre a compradores que las adquirían para la pandilla mexicana.

Las leyes estadounidenses prohiben la venta de armas a extranjeros y las leyes mexicanas impiden su importación al país por parte de particulares.

De acuerdo con el procurador de Arizona, Terry Goddard, Iknadosian vendía las armas a “compradores hormiga” que las adquirían para revenderlas a personas que él mismo sabia las transportarían a México.

La Oficina del Procurador de Arizona y la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) de Estados Unidos realizaron una investigación de 11 meses antes de detener a Iknadosian en mayo de 2008 y presentar los cargos en su contra.

Junto con Iknadosian, las autoridades arrestaron también al mexicano Cesar Bohórquez Gámez, de 29 años de edad, y al estadounidense Hugo Miguel Gámez, de 27, acusados de comprar armas y de reclutar a otros jóvenes para que acudieran también a comprar los rifles y pistolas.

Los dos se declararon culpables y cooperaron con las autoridades como testigos en el caso. Ambos adquirían las armas firmando documentos en los que declaraban falsamente que compraban las pistolas y rifles para ellos.

El juez Gottsfield concluyó que aun cuando esas declaraciones eran falsas, los compradores eran legalmente elegibles para comprar armas, por lo que el engaño no se acumula para declarar una “falsificación material” de acuerdo con la ley.

El juez liberó a los jurados luego de dos semanas de juicio y emitió la exoneración bajo la moción interpuesta por el abogado defensor Thomas Baker.

Bajo las leyes de Arizona, un caso debe desecharse si la evidencia del estado es inadecuada para declarar culpabilidad.

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