Cambios en redadas migratorias

Algunos cambios en las redadas contra inmigrantes indocumentados en los primeros dos meses del gobierno del presidente Barack Obama podrían apuntar a modificaciones de política en este tipo de operaciones, dijo The Washington Post.

Funcionarios federales revelaron al diario que la secretaria de Seguridad Nacional, Janet Napolitano, ha retrasado una serie de redadas y otras acciones de aplicación de la ley propuestas en lugares de trabajo en las últimas semanas.

Napolitano ha pedido a los agentes en su departamento precisar la selección de objetivos, así como el momento de las incursiones, y de acuerdo con un alto funcionario de Seguridad Nacional, se apunta un cambio en los objetivos a perseguir por los agentes de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE).

La fuente consideró que debe haber un mayor énfasis en los negocios y ejecutivos que emplean indocumentados, en vez de perseguir a los trabajadores ordinarios.

El ICE ha procurado “asegurarse de que (los objetivos) sean desmantelados cuando deben ser desmantelados, que los empleadores sean el blanco, y que la vigilancia e investigación sean hechas como debe ser”, dijo el funcionario que habló bajo condición de anonimato.

“Habrá un cambio en la política, pero mientras tanto, uno debe escrutar los casos que se presentan”, afirmó la fuente, al destacar las expectativas de Napolitano en esa dependencia como ex procuradora federal y estatal.

Otro funcionario del Departamento de Seguridad Nacional dijo que Napolitano planea emitir protocolos esta semana para dar mayor consistencia a las investigaciones en los sitios de trabajo y hacer menos azarosa la toma de decisiones.

Algunos sectores cuestionan la política del presidente Barack Obama ante las redadas en los sitios de trabajo, una política que comenzó bajo el pasado gobierno de George W. Bush, para combatir la inmigración indocumentada.

La administración Obama enfrenta una difícil decisión sobre si debe seguir con las redadas y arrestos masivos de indocumentados en frigoríficos, empresas de construcción o contratistas de defensa y otros empleadores.

Los críticos señalan que las redadas son crueles e indiscriminadas, y acusan al gobierno de utilizar criterios raciales, violando el debido proceso y cometiendo otros abusos humanitarios.

Las redadas han inconformado a la comunidad latina y a los líderes religiosos, además de los grupos en pro de los inmigrantes y de los derechos civiles.

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