Acciones de inmigración afectan a personas inocentes

Las operaciones del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) de Estados Unidos han afectado en mayor proporción a personas sin antecedentes criminales, dijo el legislador David Price.

En una audiencia en la Cámara de Representantes, Price señaló que desde 2002 el ICE incrementó en 400 por ciento la deportación de personas sin antecedentes criminales, mientras que las deportaciones de los criminales subió apenas 60 por ciento.

Price, presidente del subcomité de Seguridad Interna, apuntó que más de las tres cuartas partes de los arrestados en las redadas el año pasado no fueron acusados de ningún crimen.

Señaló que el ICE recibió 200 millones de dólares en 2008 para identificar a extranjeros criminales en la cárcel y deportarlos y le fue autorizado usar mil millones de dólares para dar prioridad a la deportación de criminales extranjeros, tanto presos como fugitivos.

El ICE deportó en 2008 a 369 mil 49 personas, realizó mil 191 redadas en los centros de trabajo y arrestó a seis mil 286 personas mientras que el Servicio de Inmigración y Ciudadanía (CIS) registró a 63 mil 592 compañías en el programa de verificación electrónica de empleo.

Esas cifras récord reflejan las inversiones y el “trabajo duro” del personal del Departamento de Seguridad Interna (DHS), al cual pertenecen esas entidades, dijo Price, que, sin embargo, urgió que se ponga mayor prioridad en los extranjeros criminales.

Funcionarios del ICE coincidieron en sus testimonios con la necesidad de enfocarse en esas prioridades como lo ha indicado en sus directrices la secretaria del DHS, Janet Napolitano.

“Estamos tomando los pasos necesarios para mejorar y modernizar la manera en que identificamos a extranjeros criminales y los deportamos de Estados Unidos lo más pronto que se pueda”, dijo el director de Comunidades Seguras del ICE, David Venturella.

La directora de Investigaciones del ICE, Marcy Forman, manifestó por su parte que la entidad busca responder a los problemas de seguridad nacional y pública enfocándose en el flujo ilícito de personas, productos y dinero.

El director adjunto interino del CIS, Michael Aytes, defendió a su vez el programa de verificación electrónica al indicar que ha permitido que los empleadores mantengan una fuerza laboral legal y cumplan con las leyes de inmigración.

Señaló que el gobierno continuará haciendo mejoras al sistema para responder a preocupaciones sobre fraude y discriminación, entre otros asuntos.

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