Denuncian abusos institucionales contra latinos pobres

San Diego.- Más de un millón 600 mil latinos pobres, en su mayoría mexicanos y guatemaltecos, son víctimas de abusos sistemáticos e indiferencia oficial sin importar su condición migratoria, denunciaron especialistas en derechos civiles.

Según los expertos, que precisaron que esa comunidad de mexicanos y guatemaltecos radican en seis estados del sur de Estados Unidos, autoridades en Georgia dejaron en libertad a un violador sexual porque su víctima, una niña de 13 años de edad, era indocumentada.

En Tenesí, agregaron, arrestaron y enviaron a la cárcel a una madre de familia latina porque exigió que le pagaran el tiempo que había trabajado en una empacadora de quesos; en Alabama la policía quitó a un migrante los ahorros de su vida en una infracción de tránsito.

Esos son algunos de los ejemplos que el Centro Sureño Legal para la Pobreza presentó esta semana en su reporte “Estado de sitio, la vida de los latinos pobres en el sur”.

El documento detalla unos 500 casos de abusos en los que las víctimas han sido indistintamente latinos, algunos de ellos ciudadanos estadounidenses, otros residentes legales en el país y los más vulnerables han sido indocumentados.

El director del Centro, Richard Cohen, advirtió que esa región, entre George y Alabama, experimenta el mayor crecimiento de la comunidad latina en el país actualmente, pero los latinos ven violados sistemáticamente sus derechos humanos más elementales.

Una organizadora en la región, Angeles Ortega Moore, confirmó que, en términos generales, para grupos étnicos distintos a los latinos, todas las personas que hablan español, escuchan música latina, visten o se comportan como latinos son ilegales en el país, pero consideran que ser indocumentado es delito criminal.

El 77 por ciento de las mujeres integradas al estudio confirmó que han sido víctimas de acoso y abuso sexual. La violencia contra algunas de esas mujeres inicia desde la misma frontera.

Cuando la madre de “Elena” murió en México en 2007, la residente en George decidió ir a su funeral. Regresó poco después con un hermano y al cruzar la frontera con un grupo de indocumentados, apareció un grupo armado y enmascarado que secuestró a los indocumentados.

Durante días los secuestradores hicieron caminar al grupo sin darles agua o alimentos. Violaban a algunas mujeres. Elena y su hermano fingieron ser esposos y eso la salvó. Fueron encerrados en una casa junto con otros secuestrados y eran liberados conforme sus familiares en Estados Unidos pagaron rescate por ellos.

Agregó que habían personas que llevaban meses en el lugar, casi sin comer y sin beber agua.

Los familiares de Elena reunieron seis mil dólares para pagar a sus secuestradores. Describió que se trata de grupos bien organizados de secuestradores, en los que cada elemento sabe perfectamente lo que está haciendo y que las víctimas temen ser deportados o sufrir represalias si denuncian.

En un acto separado, un grupo secuestró a la hija de otra mujer mexicana en Georgia, quien ahora tiene 44 años de edad.

El grupo tomó a la menor cuando a los 14 años de edad la secuestró al cruzar la frontera con otras personas. Los secuestradores sólo dejaron ir a su hija después de recibir el dinero que exigían pero hasta que la joven tenía 16 años de edad.

El reporte dice que la mayoría de los latinos en la región vive en un ambiente de hostilidad, discriminación y humillación, en el que constantemente deben probar que son inocentes.

Un 70 por ciento dijo que se les niega o dificulta conseguir vivienda, aún cuando a los arrendatarios les convenga tener las unidades ocupadas.

En Prattville, Alabama, por ejemplo, el cabildo de gobierno aprobó una de las ordenanzas que prohibe rentar a indocumentados, y al aplicarla tampoco aceptó documentos de latinos ciudadanos o residentes legales.

Los latinos incluidos en el reporte informaron en su mayoría que en los seis estados del sur las autoridades redujeron opciones para comunicarse en español, inclusive en las cortes

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