Fines del embargo

Por Rafael Rojas

Barack Obama comienza a gobernar Estados Unidos cuando está a punto de cumplirse medio siglo de la medida que ha caracterizado históricamente la política de Washington hacia La Habana: el embargo comercial decretado el 19 de octubre de 1960.

Desde la desaparición de la URSS, 1991, esa política ha despertado el rechazo creciente de la comunidad internacional, como se evidencia cada otoño en la Asamblea General de Naciones Unidas.

Para la mayoría del mundo, el aislamiento comercial de Cuba, en el contexto posterior a la guerra fría, no es la mejor manera de alentar reformas en el Gobierno cubano ni de transmitir solidaridad a una ciudadanía que sufre enormes carencias económicas y, a la vez, graves limitaciones a sus derechos civiles y políticos.

Cinco décadas es mucho tiempo, y el embargo ha debido reinventar sus fines luego de la caída del Muro de Berlín. Cuando fue aplicada, aquella medida era un castigo contra un Gobierno que confiscaba decenas de compañías de Estados Unidos, sin indemnización, y se aliaba a los principales rivales de Washington en la guerra fría -en octubre del 60, Cuba ya había firmado acuerdos comerciales y crediticios con la URSS, la RDA, Checoslovaquia, Bulgaria, Corea del Norte y China-.

Este alineamiento económico con el campo socialista se dio acompañado de un tránsito veloz al totalitarismo que no debe ser entendido como una reacción contra la hostilidad norteamericana, sino como un acto de voluntad política de la joven dirigencia revolucionaria.

Mientras existió el bloque soviético, el embargo era la manera como Estados Unidos obligaba a Cuba a circunscribirse a esa alianza comercial, encabezada por el Consejo de Ayuda Mutua Económica (CAME).

Durante 32 años, es decir, entre 1960 y 1992, el Gobierno cubano entendió el embargo como una consecuencia inevitable de su orientación ideológica y su estrategia geopolítica, y nunca demostró incomodidad con aquel pacto entre aliados, basado en “precios preferenciales” y subsidios energéticos. En aquellas décadas eran poco frecuentes las protestas contra el “bloqueo imperialista”, que se han convertido en el tópico central de la propaganda cubana en los últimos 17 años.

Hacia 1992, con el bloque soviético desmoronado y el socialismo real de la isla en pie, Estados Unidos tuvo que refuncionalizar el embargo. Entonces, como ahora, iniciaba su presidencia un político demócrata, Bill Clinton, quien se encontró una bien articulada clase política cubano-americana en la Florida y en Washington.

Fue esa élite la que, con respaldo de la mayoría del exilio cubano, impulsó, no el abandono del embargo, sino su reforzamiento por medio del Cuban Democratic Act, o Ley Torricelli, de 1992. El objetivo, entonces, no era el mismo que en 1960 -limitar el comercio de la isla al bloque soviético-, sino obstruir la reconstrucción de la red comercial y financiera de La Habana en el contexto de la posguerra fría.

Pero la Ley Torricelli, en sintonía con la estrategia latinoamericana del Partido Demócrata y el Gobierno de Clinton, agregó a las restricciones al comercio con terceros países una agenda democratizadora que perseguía la promoción de una sociedad civil más vertebrada y de un mejoramiento de la situación de los derechos humanos, incluidos los de asociación y expresión.

Esa política, conocida como el carril dos de la Ley Torricelli y que implicó el respaldo a viajes y remesas de la comunidad cubana y al intercambio cultural y académico, fue tenazmente combatida desde ambos lados del estrecho de la Florida.

El clima de distensión bilateral que se ganó en los cuatro años del primer mandato de Clinton, y que no estuvo desligado de una serie de tímidas reformas en la isla -despenalización del dólar, trabajo por cuenta propia, cooperativas agrarias, mercado libre campesino, mayor apertura a la inversión extranjera, reducción de la burocracia-, se deshizo en febrero de 1996 con el derribo, en aguas internacionales, de dos avionetas civiles procedentes de Mia

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