Demandan cumplir ley que elimina acusación de robo de identidad

Chicago.- Activistas comunitarios demandaron a las autoridades de Illinois cumplir con la decisión de la Corte Suprema de eliminar la acusación de robo agravado de identidad como argumento para fiscalizar y deportar a indocumentados.

En rueda de prensa el dirigente laboral Jorge Mújica y el sacerdote José Landaverde, pastor de la Misión Nuestra Señora de Guadalupe, informaron que enviarán una carta con su petición a la procuradora de Illinois, Lisa Madigan, y a la del condado de Cook, Anita Alvarez.

“Estamos pidiendo a las dos procuradoras la revisión de los casos de robo agravado de identidad en indocumentados detenidos a fin de que sigan un curso normal de pago de fianza y audiencia, lo que no evita la deportación, pero elimina su criminalización”, explicó Landaverde.

Denunció que ambas se han convertido en las funcionarias más agresivas contra trabajadores indocumentados en el estado al reforzar la acusación de robo de identidad en su contra.

“Ellas (Mandigan y Alvarez) deben ser más sensibles a la situación que la comunidad padece y no entregarse a la política sucia que siempre ha usado a los inmigrantes como trampolín para ser electos”, añadió el religioso.

Mújica expuso por su parte que desde la redada masiva del 12 de mayo de 2008 en una empacadora de Postville, Iowa, las autoridades federales acusan a los trabajadores indocumentados de “robo agravado de identidad”, que lleva una pena obligatoria de dos años en cárcel.

Desde entonces, dijo, en todos los casos se busca con ello la firma de una “salida voluntaria” del país de los detenidos y los privan del derecho a una audiencia con un juez y una revisión de su caso de inmigración.

“En el área de Chicago han acusado de robo agravado de identidad a muchos inmigrantes por el uso de una identificación falsa para trabajar, en lugar de la acusación simple de estar en el país sin la documentación apropiada”, precisó.

Ambos activistas calificaron la decisión de la Suprema Corte como histórica, “al rechazar el mal uso de una herramienta que se convirtió en favorita para actuar en contra de los trabajadores indocumentados como es la ley federal de robo de identidad”.

Landaverde dijo que su parroquia tiene 50 casos de trabajadores detenidos bajo esas condiciones. Lamentó que en fecha reciente fue deportada una trabajadora con tres meses de embarazo que firmó su “salida voluntaria” para evitar permanecer en la cárcel por robo agravado de identidad.

El lunes pasado, la Corte Suprema dictaminó que dicha acusación no se puede utilizar en contra de los trabajadores indocumentados que usan números de Seguridad Social falsos para conseguir trabajo y se limita a quienes actúan con conocimiento de causa.

Una persona puede ser detenida por usar documentos falsos, lo que implica un delito menor, no un crimen, y no significa la deportación automática, estableció.

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