América Latina, primer blanco de la jurisdicción universal española

MADRID (AFP) – El ejercicio de la jurisdicción universal en España, de alcance mundial, ha dado resultados concretos en el caso de crímenes contra la humanidad en varios países de América Latina, pero además ha animado a que la justicia de otros Estados los investigue.

Desde que en 1998 -cuando el juez Baltasar Garzón ordenó la detención del ex dictador chileno Augusto Pinochet-, se “desató el mecanismo”, según la organización pro derechos humanos Amnistía Internacional, la aplicación de la justicia universal en España ha dado dos resultados concretos.

Uno de ellas es la condena del ex represor argentino de la dictadura Adolfo Scilingo en 2005 a 640 años cárcel por el juez Fernando García Nicolás, que el Tribunal Supremo elevó a 1.084 años dos años más tarde.

El otro es la aceptación del banco estadounidense Riggs de indemnizar a más de 22.000 víctimas del ex dictador chileno Augusto Pinochet con 8.000 millones de dólares, la misma cantidad que éste había ocultado.

Ambos son “casos importantísimos y absolutamente necesarios para entender la jurisdicción universal” por su “aplicación razonable y fundada”, al igual que las investigaciones sobre Guatemala y El Salvador, dijo a AFP el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza.

Pero no sólo eso: hay casos que han quedado en la etapa de investigación “pero que indirectamente han tenido un enorme potencial para lograr que al final, los países donde se produjeron los crímenes (…) juzguen”, subraya a AFP Giulia Tamayo, responsable de investigación de Amnistía Internacional.

Uno de ellos es el caso ex presidente peruano Alberto Fujimori y otro el de Pinochet, que dio lugar a que en Chile hubiera un aluvión de demandas e investigaciones de la dictadura, pero también en Argentina y Guatemala.

En el caso del ex represor argentino Ricardo Cavallo, aunque todo estaba preparado en España para comenzar el juicio, finalmente fue extraditado a su país el año pasado para ser procesado en Buenos Aires.

Además, la introducción en la legislación española de la jurisdicción universal absoluta, en 2005, se debió a que el Tribunal Constitucional aceptó un recurso de la Nobel de la Paz guatemalteca Rigoberta Menchú para que España investigara los delitos de genocidio torturas, asesinatos y detención ilegal cometidos en Guatemala entre 1978 y 1986.

Actualmente, la muerte de unas 200.000 personas durante los regímenes militares en Guatemala es investigada por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz.

El caso, para el que decenas de testigos viajaron a España desde el año pasado para declarar, “está muy avanzado” y si los acusados -entre ellos el ex dictador Efraín Ríos Mont– son detenidos, podría celebrarse pronto un juicio en España, estiman fuentes de la Audiencia Nacional.

Otro juez, Eloy Velasco, admitió a trámite en enero una querella por la muerte de cinco jesuitas españoles, uno salvadoreño y dos mujeres en 1989 en la Universidad Centroamericana (UCA), a manos de miembros del batallón Atlacatl del ejército salvadoreño.

Pero América Latina también habría ayudado a que España investigue sus crímenes.

En agosto Garzón asistió a la exhumación de una fosa común en Colombia de víctimas de paramilitares, por lo que asociaciones de familias de víctimas del franquismo, que presentaban denuncias desde 2006, pidieran al juez que tuviera “en España la misma preocupación por los desaparecidos forzados que está teniendo en otros países”.

Días después Garzón comenzó las diligencias para investigar a los desaparecidos del franquismo, lo que finalmente harán tribunales locales.

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