Deforestación afecta a comunidades indígenas

Asunción.- La organización Amnistía Internacional (AI) denunció que en Paraguay persisten amplias disparidades socioeconómicas entre los pueblos indígenas y el resto de la población del país sudamericano.

Indicó que la deforestación, el cultivo de soya y el empleo de productos químicos con fines agrícolas afectaron los medios de subsistencia de las comunidades indígenas y campesinas y que los controles oficiales no lograron detener la deforestación.

En su Informe 2009 sobre evaluación del estado de los derechos humanos, AI indicó que la primera Encuesta de Hogares Indígenas en Paraguay mostró que el índice de analfabetismo era casi ocho veces mayor entre los pueblos autóctonos (40.2 por ciento).

AI reveló que los ingresos medios mensuales de los trabajadores indígenas eran inferiores, en más de una tercera parte, a los del resto de la población y que Paraguay incumplió una orden de devolver sus tierras a la comunidad indígena Yakye Axa.

La decisión fue dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el plazo expiró en julio pasado, mientras que en noviembre el gobierno paraguayo firmó un proyecto de ley para expropiar las tierras y al finalizar el año no se debatió en el Congreso.

La deforestación es causada por empresas privadas y por particulares y se estima que se destruyen 130 mil hectáreas de selva cada año, indicó el reporte de la organización humanitaria.

AI también denunció que en Paraguay la policía infligió torturas e hizo uso excesivo de la fuerza durante manifestaciones de protesta y en el curso de ataques contra poblaciones campesinas envueltas en reclamaciones sobre tierras.

Recordó que en julio de 2008, la policía atacó a unos 65 campesinos acampados cerca de unas tierras de propiedad privada a las que creían tener derecho y que en el allanamiento en el distrito de Horqueta participaron alrededor de 300 agentes.

Agregó que los policías abrieron fuego contra el campamento y obligaron a campesinos a tumbarse en el suelo boca abajo, los pisotearon, golpearon y amenazaron con quemarlos vivos, incluso algunos fueron forzados a tragar tierra.

AI mencionó otros hechos violentos contra manifestantes y destacó que en diciembre pasado, en virtud de un decreto presidencial, se derogó una ley promulgada en 2003 que autorizaba la creación de “comisiones vecinales de seguridad” (patrullas civiles armadas).

“Muchos de estos grupos habían formulado amenazas y perpetrado actos de violencia contra comunidades indígenas y campesinas en zonas aisladas del país”, añadió AI.

Mencionó además un informe presentado por la Comisión de Verdad y Justicia de Paraguay, a fin de año, donde se identificaba a 20 mil 90 víctimas directas de violaciones de derechos humanos perpetradas durante la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989).

Entre ellas figuraban 19 mil 862 víctimas de detenciones ilegales o arbitrarias, 18 mil 772 víctimas de torturas, 59 víctimas de ejecuciones extrajudiciales y 336 víctimas de desapariciones forzadas.

Además, llegó a la conclusión deque se había utilizado la violencia sexual como una estrategia represiva y detectó violaciones y abusos sexuales de niñas a manos de miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía paraguayas.

AI concluyó asimismo que las violaciones sistemáticas y generalizadas perpetradas contra las comunidades indígenas “aché” en la década de 1970 podían constituir un crimen de lesa humanidad, así como el despojo de sus tierras de varias comunidades aborígenes.

La misma Comisión investigó dos casos relacionados con la discriminación sexual, pero señaló que faltaban pruebas fiables de que hubiera existido una mayor represión contra el colectivo de lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero.

En virtud de una nueva ley aprobada en setiembre de 2008, las personas detenidas por motivos políticos entre 1954 y 1989 podían pedir reparación, las que habían sido objeto de torturas o desapariciones forzadas durante ese período ya podían obtenerla.

AI presentó este juev

You must be logged in to post a comment Login