Denuncian ofensiva para flexibilizar leyes ambientales en Brasil

BRASILIA (AFP) – El ministro de Medio Ambiente, Carlos Minc, y los ambientalistas, están denunciando en Brasil una ofensiva en el Congreso y en el Gobierno a favor de los sectores rurales, destinada a flexibilizar la legislación ambiental y la protección de la Amazonia.

“En los últimos meses solo hemos recibido golpes”, denunció Minc.

El ministro le reclamó el jueves al presidente Luiz Inacio Lula da Silva que su ministerio está debilitado por las presiones de sus colegas del Ejecutivo (como Agricultura y Transportes) y de la llamada “bancada rural” que defiende los intereses del agronegocio y de los grandes hacendados en el Congreso.

El medioambiente no puede ser “debilitado, humillado, descuartizado, puesto en una posición subalterna ni maniatado”, alertó Minc en declaraciones a periodistas.

El jerarca afirmó que recibió apoyo expreso de Lula.

“El presidente (Lula) tendrá que decidir si está del lado de la destrucción o de la preservación”, alertó el director de la ONG ambientalista Greenpeace en Brasil, Sergio Leitao.

Lo que está en juego es un “retroceso” en las políticas ambientales, dijo la ex ministra de Medio Ambiente, Marina Silva, que hace un año dejó el cargo por las mismas diferencias dentro del gobierno.

Las denuncias levantaron una irritada reacción de la presidenta de la poderosa Confederación Nacional de la Agricultura (CNA), la senadora Katia Abreu: “Representamos un tercio del PIB brasileño y de las exportaciones” y “la sociedad tendrá que resolver si vamos a arrancar alimentos para plantar árboles”, advirtió recientemente.

El mayor peligro, a ojos de los ambientalistas, es la presión del agronegocio para reformar el código forestal, reduciendo de 80% a 50% el área que los propietarios rurales están obligados a mantener intacta en la Amazonia.

Otras dos medidas aprobadas en Diputados y ahora en el Senado ya sufrieron reformas de los ruralistas: una autorización para pavimentar carreteras sin licencia ambiental que podría afectar drásticamente a la Amazonia, y una regularización de tierras incentivada por el Gobierno, que entregará títulos de propiedad a cerca de medio millón de personas que ocuparon terrenos públicos en la región, inclusive empresas y quienes deforestaron ilegalmente.

Los ambientalistas denuncian un millonario programa de gigantescas obras de infraestructura, que incluyen carreteras y centrales hidroeléctricas en la Amazonia, además de iniciativas para la definición de zonas para agricultura y pastoreo del Ministerio de Agricultura.

“Es una misión casi imposible hacer compatibles los intereses de los ambientalistas con los de los ruralistas”, dijo a la AFP el diputado Asdrúbal Bentes, aliado del gobierno.

En el último año, la deforestación amazónica ascendió a casi 12.000 km2, lo que hace de Brasil el cuarto mayor emisor de gases con efecto invernadero.

El lucrativo avance de la soja, la pecuaria, la madera y la minería ilegales son las mayores amenazas a la selva, que acoge hoy a 25 millones de personas, muchos de ellos incentivados a poblar el lugar durante los regímenes militares.

Recientemente, el país asumió metas de deforestación y lanzó un millonario fondo con el que espera atraer inversión internacional para proteger la región. El gobierno también endureció hace un año las penas y el rigor de su aplicación para los deforestadores lo que, según los ambientalistas, levantó la ofensiva ruralista; “hasta entonces, como nadie cumplía (la ley ambiental), no les importaba mucho”, según Minc.

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