Condenan CIDH y WOLA violencia en Perú

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó “enérgicamente” lo que describió como “graves hechos de violencia” ocurridos el 5 de junio en Bagua, en el norte de Perú, que dejaron por lo menos 30 muertos.

“La criminalización de la legítima movilización y protesta social, sea a través de represión directa a los manifestantes, o a través de investigación y proceso criminal, es incompatible con una sociedad democrática donde las personas tienen el derecho de manifestar su opinión”, señaló.

La declaración de la CIDH se refiere a los enfrentamientos entre la policía peruana y organizaciones indígenas que mantenían desde hace casi dos meses una protesta contra una legislación que consideran lesiva para sus comunidades.

Los centros de atención a la salud en Bagua “no estarían capacitados para brindar asistencia a la gran cantidad de indígenas que resultaron heridos”, sostuvo la CIDH, un órgano principal y autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA).

El organismo pidió al Estado peruano que adopte “las medidas necesarias para garantizar el acceso a servicios de salud a todos los heridos”, y que las partes promuevan “un proceso de diálogo para la búsqueda de una solución que respete los derechos humanos”.

Asimismo, resaltó “la importancia de adoptar mecanismos para evitar el uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes públicos en marchas y manifestaciones de protesta”.

Los muertos y heridos incluyen a líderes indígenas y miembros de las fuerzas de seguridad, como resultado de un operativo de la Policía Nacional del Perú para dispersar el bloqueo que grupos indígenas mantenían en la carretera de acceso a la ciudad de Bagua.

El acto de protesta fue organizado por pueblos indígenas de la Amazonía peruana, tras la adopción de decretos legislativos que afectan el derecho de propiedad sobre sus tierras y territorios.

La Comisión Interamericana recordó al gobierno peruano “su obligación de esclarecer judicialmente estos hechos de violencia y reparar sus consecuencias”.

Con respecto a la decisión del gobierno peruano de declarar el estado de sitio, la CIDH recordó que “el artículo 27 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Opinión Consultiva 9/87 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos enumeran los derechos que no pueden ser suspendidos”.

Citó, entre otros, “el derecho a la vida, a la integridad personal y a las garantías judiciales indispensables para la protección de estos derechos”.

“En vista de la información recibida, según la cual varias personas habrían sido detenidas durante los incidentes sin que se informara sobre su identidad o su paradero, la CIDH llama al Estado peruano a respetar su derecho a la integridad personal y a las garantías judiciales”, indicó la entidad.

WOLA, por su parte, urgió que ambos lados involucrados eviten más violencia. Además, sugirió que el gobierno Peruano evite el uso excesivo de la fuerza, que respete leyes nacionales e internacionales, y que promueva una negociación que resuelva el conflicto sin más derroche de sangre.

WOLA pidió a la Organización de Estados Americanos para que conduzca una investigación independiente de los eventos previos a los actos violentos del viernes pasado.

Señaló que hace casi dos meses, más de treinta mil indígenas viviendo en la amazonia peruana han pacíficamente bloqueado las calles y ríos en la provincia de Bagua en protesta a la nueva legislación del 2008 que aceleraría la exploración y explotación de recursos naturales en la región, incluyendo oro, petróleo, y madera.

Los manifestantes demandan la eliminación de la nueva legislación- un pedido apoyado por nueve Obispos de la Amazonia, el Coordinador Nacional de Derechos Humanos y el Defensor Publico de los Derechos Humanos, entre otros.

Según el Coordinador Nacional de Derechos Humanos, las comunidades indígenas afectadas llevan un año pidiendo negociaciones con el gobierno y la eliminación de la legislación pertinente, pero el gobierno nunca consultó con las

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