Defiende Perú en OEA actuación de policía en conflicto de Bagua

La embajadora de Perú ante la Organización de Estados Americanos (OEA), María Zavala, defendió las acciones llevadas a cabo por policías en la selva, donde se enfrentaron con nativos dejando un saldo de 33 muertos.

“En todo momento el gobierno peruano ha actuado en el marco de la ley”, dijo Zavala a la prensa el martes tras presentar un informe ante la OEA, según el cual el gobierno intervino en la zona amazónica de Bagua el 5 de junio en cumplimiento de sus facultades constitucionales.

La diplomática calificó como “equivocada” la decisión de los nativos de usar medios de fuerza “para hacerse sentir” y lamentó que hayan abandonado “el mejor camino que es el diálogo, la herramienta para vivir en convivencia”.

“Ahora estamos lamentando” la muerte de 24 policías y nueve indígenas, señaló Zavala, quien rechazó que el gobierno de su país esté “criminalizando” las protestas.

“Una protesta no puede dejarse llevar matando, atentando contra los bienes públicos y privados, dejando incomunicadas a las ciudades con elementos básicos, perjudicando la economía del país, porque es una zona nororiental de gas y de petróleo”, puntualizó.

Agregó que “los hechos delictuosos están siendo investigados por las autoridades competentes” y que en todo momento están presentes el fiscal y el abogado defensor de oficio.

“Hay un buen número que ya han obtenido su libertad y están regresando a su lugar de origen”, dijo la embajadora con respecto a los indígenas detenidos.

Afirmó que el Estado peruano “sigue en esta lucha del diálogo para llegar a un final feliz, que es lo que todos queremos”.

Sostuvo que los dirigentes indígenas debieron haber comunicado con “objetividad a los hermanos nativos” las ventajas de los decretos legislativos promulgados por el presidente Alan García en el marco de la instrumentación del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos.

Señaló que Perú ha informado ante la OEA los hechos y “la condena la tendrán que imponer los jueces peruanos, al concluir un proceso con todas las garantías de un debido proceso”.

En su informe, Zavala enfatizó que el gobierno peruano buscó “garantizar el orden y la integridad de la población que se encontraba desabastecida de alimentación y servicios públicos esenciales dado que el paro duraba casi dos meses”.

“La intervención del Estado se produjo frente a una agresión cuidadosamente preparada que interrumpió la producción y el transporte de petróleo, así como el envío de gas hacia las principales ciudades del país”, indicó.

Informó que el 5 de junio, cuando la Policía Nacional se aprestó a despejar la carretera Fernando Belaúnde en el lugar denominado “Curva del Diablo”, fue objeto de “ataques planificados y violentos que resultaron en la ejecución de 13 efectivos de la Policía Nacional”.

Denunció que 38 policías y un civil fueron tomados como rehenes y que el sábado 6 de junio se estableció que 10 de los policías rehenes “habían sido cruelmente ejecutados, hallándose rendidos y sin haber en momento alguno disparado sus armas”.

Las protestas de los nativos se originaron hace 59 días en rechazo a la denominada Ley Forestal, que según ellos les quitaría derecho de propiedad sobre grandes extensiones de bosques amazónicos.

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