Ninguna democracia se asienta en la impunidad

Por Daniel Joya

El pueblo salvadoreño tiene nuevo presidente, mientras Arena parece empeñada en retener cuantas cuotas de poder le sea posible, haciendo de la transición democrática un cambio frágil, asentado sobre impunidad.

En este contexto, ¿qué tienen que ver el impase en la elección del fiscal general de la República y los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, con la evocada Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz y la querella presentada en España contra los asesinos de los sacerdotes jesuitas?

¿Donde está el nuevo fiscal?

A tenor con el artículo 193 de la Constitución de la Republica, entre otras atribuciones, corresponde a la Fiscalía General de la República:
“1º Defender los intereses del Estado y de la sociedad;
2º Promover de oficio o a petición de parte la acción de la justicia en defensa de la legalidad y de los derechos humanos tutelados por la ley;
3º Vigilar la investigación del delito e intervenir en la misma desde la etapa policial, y promover la acción penal de oficio o a petición de parte;
…9º Organizar y dirigir los entes especializados en la investigación del delito”

El artículo en referencia sugiere por si solo un fiscal general garante de los bienes públicos, las leyes, la prosecución penal y ante todo, la defensa de los derechos fundamentales de la persona. Eso explica por qué los tradicionalmente favorecidos con la impunidad temen a una Fiscalía asumiendo su rol funcional que eventualmente les haga responder por sus abusos presentes e históricos.

¿Qué pasó con la eleccion de los nuevos magistrados de la CSJ?

La demora en elegir a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia también apunta en la dirección antes planteada. Si recordamos bien, la complicidad de la Corte durante la etapa de represión generalizada y masivas violaciones a los derechos humanos fue oportunamente denunciada por la Comisión de la Verdad. Una Corte Suprema comprometida con la justicia y la legalidad pudiese dar procedencia a recursos (o procedimientos) contra la Ley de Amnistía y declararla inconstitucional en todo o en parte, con las consiguientes consecuencias hacia los responsables de cuanta trasgresión. Por eso muchos con la cola pateada prefieren el “perdón y olvido” antes que juicio y castigo para sentar precedente.

¿Cómo se eligen los funcionarios en la Asamblea Legislativa?

Los artículos 99 al 101 del Reglamento de la Asamblea Legislativa ilustran sobre el procedimiento de elección de funcionarios. Dicha elección será previa postulación y evaluación, de acuerdo con los requisitos establecidos en la constitución y las leyes, de la siguiente forma:
a) La Asamblea conocerá las propuestas y atestados que comprueben los requisitos legales de los propuestos;
b) Los expedientes sobre los propuestos pasarán a estudio de la Comisión Política, la cual solicitará un informe de los antecedentes de los candidatos a los funcionarios que estime conveniente;
c) Contestados los informes en un plazo máximo de cinco días hábiles, la Comisión Política analizará las hojas de vida y comprobará todos los atestados, con la discreción de entrevistar a los candidatos (y sería sano hacerlo en sesión pública) para depurar la lista;
d) Como principio, la Comisión Política viabilizará la búsqueda del consenso;
e) El proceso será público (no por encerrona);
f) La Comisión Política podrá nombrar una subcomisión ad-hoc para facilitar el proceso.

Más allá de las componendas, los diputados son representantes del pueblo y deben regir sus actuaciones de conformidad con la ley. La dilación en nombrar funcionarios como los antes dichos, solo demuestra la podredumbre moral y arbitrariedad jurídica reinante en nuestro Órgano Legislativo.

¿De qué manera afecta el Principio de Justicia Universal en todo este contexto?

El Principio de Justicia o jurisdicción universal faculta a los estados alargar la competencia

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