Cuestionan nombramiento de funcionaria de Saca en la OEA

SAN SALVADOR – El nuevo ministro de Relaciones Exteriores, Hugo Martínez, enfrenta desde la semana pasada su primer desafío en política internacional, no precisamente como resultado de la exigencia de la oposición política, sino de organizaciones de la sociedad civil que solicitan se revoque el nombramiento de Elizabeth Villalta como presidenta del Comité Jurídico de la Organización de Estados Americanos, OEA.

La Comisión de Trabajo en Derechos Humanos Pro Memoria Histórica señaló en un comunicado a Villalta como responsable de “ejecutar políticas de encubrimiento de crímenes atroces y de incumplimiento del Estado salvadoreño a compromisos internacionales”, cuando fungió como directora de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos en el gobierno del ex presidente Antonio Saca (2004-2009).
 
Villalta fue promovida desde hace un año por el gobierno salvadoreño para que asumiera su cargo el pasado dos de junio, durante la asamblea XXXIX de la OEA, celebrada en Honduras.

El Canciller confirmó que revisará la solicitud presentada por la coalición de siete organizaciones defensoras de derechos humanos, que le proporcionarán información detallada de la actuación de la funcionaria en el pasado.

“Una vez tenga toda la documentación sobre el caso, seguiremos el debido proceso”, en el que también se escuchará a la señora Villalta, y luego se decidirá, explicó Martínez, quien al momento de asumir Cancillería, el pasado 1 de junio, se encontró con el nombramiento como un hecho consumado.
 
David Morales, abogado de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad), aseguró que la función de Villalta fue organizar y coordinar las distintas defensas del Estado salvadoreño de denuncias ante instancias internacionales, principalmente la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismos de la OEA.
 
“Su labor ha consistido en desarrollar una política de Estado que niega los crímenes  denunciados ante ese sistema de justicia hemisférico y negar las responsabilidades de El Salvador”, recalcó Morales.
 
Es más, Villalta se dedicó a “desprestigiar a las víctimas” y los defensores de los derechos humanos, al hacer “aseveraciones difamatorias e injuriosos”, añadió el abogado de Fespad.
 
Él narró a Contrapunto que durante la audiencia del caso de monseñor Óscar Arnulfo Romero, en octubre de 2007, en Washington, Estados Unidos, la funcionaria, aunque no fue la vocero de la delegación gubernamental, si trabajó en “todo el proceso” de defensa del Estado.
 
Ella sostuvo que El Salvador no tenía ninguna responsabilidad en el magnicidio ni en la impunidad que ha rodeado ese asesinato, lo que se puede catalogar como un acto de “desacato gravísimo”, porque la Comisión ya estableció dicha responsabilidad, enfatizó el representante de la coalición.
 
A Villalta también se le reprocha poner “en duda la existencia” de las hermanas Ernestina y Erlinda Serrano Cruz, de 3 y 7 años respectivamente, desaparecidas por el ejército en 1982, durante un operativo militar en plena guerra civil (1980-1992), atribuyendo a la madre de ambas, un interés económico sobre el caso.
 
En marzo de 2008, agrega Morales, en otra audiencia “temática” de la Comisión Interamericana, referida a la impunidad en el país, la funcionaria acudió “como vocera del gobierno y brindó información falsa sobre incumplimiento del Estado salvadoreño en cuanto a la aplicación de justicia” en este país.
 
El Salvador fue condenado en 2005 por la Corte Interamericana por ausencia de justicia en el caso de las hermanas Serrano, sentencia que el gobierno salvadoreño ha cumplido a medias, asegura la no gubernamental Asociación Pro-Búsqueda, dedicada a localizar a niños y niñas desaparecidas durante el conflicto armado.
 
Apertura del nuevo gobierno

Representantes de la coalición destacaron la receptividad del gobierno del presidente Mauricio Funes para examinar

You must be logged in to post a comment Login