Acusan a presuntos estafadores de indocumentados en Illinois

Chicago.- La procuraduría de Illinois demandó a una pareja de origen mexicano que presuntamente obtuvo cerca de 140 mil dólares engañando a inmigrantes indocumentados al ofrecerles la tramitación de la residencia legal y ciudadanía estadounidense.

La demanda acusa a Juanita Méndez, quien también usaba los apellidos Cruz o Sánchez, y a Melesio Reyes de formar una agencia de servicios para inmigrantes en Chicago en la que cobraban de tres mil a 10 mil dólares por servicios que nunca llevaron a cabio.

La procuraduría estatal, que encabeza Lisa Madigan, presentó la demanda contra los dos individuos y su negocio por defraudar a inmigrantes utilizando una variedad de tácticas de engaño.

Pidió a la corte fijar una sanción de 50 mil dólares por violar la Ley contra el Fraude al Consumidor, otros 50 mil por cada violación cometida con la intención de defraudar, la restitución de los pagos hechos por clientes, y la prohibición permanente a Méndez y Reyes de ofrecer servicios de ayuda a inmigrantes en el estado.

De acuerdo con la demanda, los acusados hacían creer a sus clientes que el gobierno estadounidense estaba aceptando solicitudes de residencia permanente y ciudadanía sin más requisitos que la inscripción y el pago del trámite.

En ocasiones Méndez aseguraba a sus clientes que era una abogada autorizada, empleada de la oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración o de la policía del Condado de Cook.

Los demandados convencían a sus clientes de que podían obtener un estado legal en Estados Unidos con el programa retrasado de amnistía si habían vivido en el país por más de 10 años, tenían al menos 32 años de edad y carecían de antecedentes penales.

Sin embargo, ese programa está solamente disponible para aproximadamente 350 mil inmigrantes a los que indebidamente se les negó el derecho de pedir el estado legal de inmigración en 1986 y 1987.

Sus tácticas también incluían falsificación y envío de documentos de inmigración a los clientes para convencerlos de que estaba programada una entrevista con funcionarios de inmigración. Y cuando llegaba el día los clientes recibían una llamada que les indicaba que la cita había sido cancelada.

En otros casos, se les enviaban documentos falsificados en que se les notificaba que los números de visa no estaban disponibles pero los oficiales de inmigración tenían registrada su solicitud.

Además, prometían a sus clientes que si la Agencia de Inmigración y Aduanas los detenía, contarían con un abogado para que los liberara.

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