El aborto: Proponer sin imponer, cuestionar sin condenar

Por Juan Masiá*

Ningún Gobierno tiene derecho a arrogarse el monopolio de la democracia. Ninguna Iglesia o confesión religiosa tiene derecho a detentar el monopolio de la moral. La elaboración y presentación de un anteproyecto legislativo para someterlo al debate parlamentario es un servicio a la comunidad política, pero no puede dictar de antemano a ésta los resultados de dicho debate.

Asociaciones profesionales, medios de comunicación, entidades educativas e investigadoras o representantes de tradiciones religiosas ejercen su derecho a contribuir al debate cívico, enriqueciéndolo con aportaciones y matizándolo con cuestionamientos; pero no pueden imponer esas opiniones saltando por encima de las reglas constitucionalmente consensuadas por la comunidad política para su funcionamiento parlamentario. Todos pueden proponer, sin imponer. Todos pueden cuestionar, pero sin condenar.

Cuando la tradición del debate parlamentario está arraigada en una sociedad sanamente plural, laica y democrática, no tiene sentido que un determinado grupo cultural o religioso se erija en portavoz exclusivo de la moral ante la opinión pública, como tampoco se concibe que haga tal imposición un determinado sector político, ya sea del Gobierno o de la oposición.

No parece, sin embargo, que disfrutemos en los estados de esa situación equilibrada. Aparecen a menudo ante la opinión portavoces eclesiásticos que enarbolan la bandera de la moral, presuntamente amenazada por el Gobierno, tentando a portavoces gubernamentales para que entren al trapo devolviendo la pulla, con el regocijo de quienes pescan morbo informativo en el río revuelto de la polémica.

En el debate sobre la interrupción del embarazo, tal reducción del tema a una contienda de romanos contra cartagineses lo ha desenfocado. Parece un pugilato de izquierdas contra derechas, Gobierno contra Iglesia, posturas pro mujer contra posturas pro vida, defensa de madres contra protección de fetos y un interminable etcétera de oposiciones maniqueas. Seguimos sin aprobar la asignatura pendiente: proponer sin imponer; despenalizar sin fomentar; cuestionar sin condenar; concienciar sin excomulgar.

Pero junto a las sombras hay luces. Leí en las páginas de opinión de un diario local dos columnas firmadas el mismo día por jóvenes de diferente afiliación política. Manifestaban opiniones divergentes acerca de la píldora del día siguiente; pero me llamó la atención que no recurrían para exponerlas a atacar al contrario, y, a pesar de mantener posturas diferentes, no rehuían el acuerdo en puntos de consenso: la salud de las personas implicadas, la ventaja de la prevención sobre la interrupción, el carácter de emergencia y la oportunidad del debido aconsejamiento.

Si posturas políticamente divergentes son capaces de argumentar así para converger en mínimos comunes, hay esperanza democrática. Si aumenta el parlamentariado, de cualquier afiliación, capaz de convergencia, concordancia plural y respeto a las divergencias, ganará el bien común del país.

En el caso de parlamentarios creyentes, en unos y otros partidos, se espera que conjuguen su conciencia religiosa con la prudencia legislativa, sin condicionamientos de pertenencia confesional o política. Sabrán que no todo lo éticamente rechazable ha de ser penalizado, ni tampoco lo despenalizado es, sin más, éticamente aprobable. Sin ceder a presiones, ni partidistas ni religiosas, buscarán conjugar la protección de la vida naciente con la necesidad de evitar aquellos excesos penales que harían un flaco favor a la vida que se desea proteger.

No es fácil el debate sereno entre quienes se atrincheran en un discurso incondicionalmente asertivo y dilemático, incapaz de alternativas al blanco y negro. Deseando contribuir a esa búsqueda de alternativas, reformulo una vez más un decálogo de reglas para el debate sobre el aborto.

Se remonta a orientaciones elaboradas en colaboración con el añorado P. Javier Gafo SJ, cuando nos visitó en Tok

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