Libertad de expresión versus vigilancia en la era digital

Las herramientas de comunicación masiva, que en una época ocuparon sectores enteros de gobiernos y empresas, ahora son del tamaño del bolsillo. Los teléfonos celulares pueden filmar y enviar los videos a Internet mediante conexión inalámbrica.

La gente puede enviar relatos de testigos, fotos y videos con sólo pulsar unas teclas, a miles y hasta millones de personas mediante los sitios de las redes sociales. A medida que se desarrollaron estas tecnologías, también se desarrolló la capacidad de vigilarlas, filtrarlas, censurarlas y bloquearlas.

Un informe del Wall Street Journal publicado esta semana, indicó que “El régimen iraní ha desarrollado, con la ayuda de empresas de telecomunicaciones europeas, uno de los mecanismos más sofisticados de control y censura de Internet del mundo, que le permite examinar el contenido de comunicaciones electrónicas individuales a escala masiva”.

El artículo menciona a Nokia Siemens Networks como el proveedor de equipamiento capaz de realizar la “inspección exhaustiva de paquetes de datos” (DPI, por su sigla en inglés). La DPI, según el Centro de Información sobre la Privacidad Electrónica (EPIC, por sus siglas en inglés), “permite a los proveedores de servicios de Internet interceptar prácticamente toda la actividad de Internet de sus clientes, como los datos de navegación en Internet, el correo electrónico y las descargas de intercambio de archivos ’peer-to-peer’”.

Nokia Siemens negó la afirmación, diciendo en un comunicado de prensa que la empresa “proporcionó a Irán la tecnología para la Intercepción Legal únicamente para monitorear llamadas telefónicas locales”. Es justamente la cuestión de qué es legal, la que debe abordarse. “Intercepción legal” significa que la gente puede ser vigilada, ubicada y censurada. Es preciso que se adopten normas mundiales que protejan la libertad de comunicarse y discrepar.

China tiene un sistema muy sofisticado de vigilancia y censura en Internet, conocido como “la Gran Muralla de Fuego China”, que atrajo mucha atención antes de los Juegos Olímpicos de 2008. Un documento filtrado en una audiencia de derechos humanos del Senado de Estados Unidos implicó a Cisco, una fabricante de routers de Internet con sede en California, en la comercialización de tecnología al gobierno chino, para adaptarse a las metas de vigilancia y censura.

El gobierno chino ahora exige que todas las computadoras vendidas después del 1° de julio de 2009 incluyan el software denominado “Green Dam” (Represa Verde, en español), que los críticos dicen que le dará aún más poder al gobierno para viligar el uso de Internet.

Josh Silver, Director Ejecutivo de Free Press, un grupo de política de medios, dice que las acciones de Irán y China deberían alertarnos sobre cuestiones de vigilancia interna en Estados Unidos. Silver me dijo: “Esta tecnología que monitorea todo lo que circula a través de Internet es algo que funciona, está disponible, y no hay legislación en Estados Unidos que impida que el gobierno estadounidense la utilice.

Es de público conocimiento que la Agencia de Seguridad Nacional (NSA, por su sigla en inglés), durante el gobierno de Bush, durante los últimos siete, ocho años, desde el 11 de septiembre en particular, le solicitó a las principales empresas proveedoras de Internet, en particular AT&T y Verizon, que usaran componentes tecnológicos fabricados por algunas de estas empresas, como Cisco, que harían lo que acabo de describir, que escucharían para vigilar el contenido que circulaba en Internet y en las líneas telefónicas en todo el país”. Este equipamiento fue la columna vertebral del programa de “escuchas telefónicas sin orden judicial”.

Thomas Tamm fue el abogado del Departamento de Justicia que denunció el programa. En 2004, llamó a New York Times desde un teléfono público del subte y le contó al periodista Eric Lichtblau sobre la existencia de un programa secreto de vigilancia a nivel nacional. En 2007, el FBI allanó su casa y confiscó tres computadoras y

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