Honduras. ¿Y ahora qué?

El viernes venció el plazo concedido por la Resolución de la Asamblea General de la OEA., para la restitución a Manuel Zelaya a su cargo de Presidente de la Republica de Honduras. En cumplimiento de la misión encomendada por la OEA el Secretario General del organismo José Miguel Insulza se constituyó en Tegucigalpa a fin de comunicar a las autoridades de facto para que depongan su actitud.

En conferencia de prensa, el Sr. Insulza manifiesta que la Asamblea General considera a Roberto Micheletti como un Presidente de Facto, motivo por el cual no se entrevistó con el mismo, aunque si lo hizo con los máximos exponentes de la Corte Suprema de Justicia y con los miembros de la iglesia católica. El alto funcionario no visualiza la intención de los golpistas de rever la situación y reponer al Presidente Constitucional.

En esta situación extrema, lo que se deduce del viaje la impresión de Insulza es la imposibilidad de una salida institucional, por la polarización de la opinión, y la falta de intención de los golpistas de restituir el orden quebrantado.

Hecho el planteamiento del problema, tenemos un estado de quiebre institucional, ninguna posibilidad de una salida política negociada y un grave quebradero de cabeza para la Asamblea General de la OEA en sesión permanente, amen de un pésimo antecedente para la emergente democracia latinoamericana por la posibilidad de abrir las compuertas para futuras aventuras militares..

Se observan también una creciente participación de los propietarios de poderosos medios de prensa en la manipulación de las noticias y el cese del derecho del ciudadano de recibir una información veraz y objetiva.

Ante la grave situación, una vez mas la OEA no podrá influir en la solución de los problemas y toda las condenas, declaraciones e intenciones repudiando el golpe de estado quedará como buenos consejos que se da al hijo descarriado sin posibilidad de aplicar una sanción efectiva que persuada al gobierno de facto a deponer actitudes, dado que la OEA contempla en su artículo 21 de su carta constitutiva como máxima sanción la suspensión del estado.

Una intervención del tipo militar internacional, queda descartada. Por otra parte, bien es sabido que la suspensión, autorizada por la carta, constituye mas una sanción moral que tiene por consecuencia la imposibilidad de obtener créditos, y de resultado a largo plazo.
Por lo que todo indica que el plan orquestado por los golpistas originalmente, ha obtenido el éxito buscado para vergüenza de las democracias en el mundo. Así en pleno siglo XXI, de la información, de la modernidad, pasamos a volver directamente a la época de las tinieblas.

Eduardo Ramon Morales
Paraguay

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