Entrar en Honduras

Por Emilio Cafassi |*|

El domingo pasado, mientras en el Río de la Plata se celebraban elecciones, en Honduras se impedía una consulta popular. Interdicción gravísima e inaceptable, que sin embargo parece sólo una cándida resultante frente a la sordidez del tragicómico enredo golpista que tuvo lugar.

En un mismo acto varios episodios concatenados acompañaron el sabotaje electoral.

Por un lado se secuestró violentamente al presidente con la excusa de la comisión de vaporosos delitos tales como “traición a la patria”, pero no para conducirlo a la Justicia sino para deportarlo, luego de lo cual se solicitó su captura a Interpol.

Es probable que estemos ante un antecedente de inédito vanguardismo en la materia. Quizás en un futuro la Justicia del mundo entero proceda a abandonar en piyama a los sospechosos en algún aeropuerto limítrofe para finalmente requerir su captura a la policía internacional, seguramente porque respeten algo más los derechos humanos que las fuerzas locales.

Por otro, el Congreso decidió aceptar la renuncia del presidente expatriado, sin interrogarse por qué el renunciante no se hacía presente a efectivizar y fundamentar la supuesta dimisión, pasando sin más a designar a su sucesor por aclamación.

Tampoco se preguntó qué hacían los tanques y efectivos militares en la calle dado el prístino y respetuoso procedimiento constitucionalmente preestablecido.

Es sabido, además, que el cambio climático compromete la generación de energía eléctrica y de ondas de radio, cosa que explica la pobre producción informativa desde entonces.

Hay muchas similitudes entre esta parodia golpista y la que pretendió derrocar al presidente Chávez en 2002, como sostuvo el editorial de este diario ayer.

Tantas como diferencias. Además del contexto internacional, hay algo particular en la endogamia de los poderes públicos y la configuración ideológica de la oligarquía hondureña que le confiere a la Constitución, a su negación práctica y a su exégesis ideológica, un rasgo distintivo y delinea aspectos del tipo de dominación ejercida.

No casualmente Honduras es el país que inspiró al escritor norteamericano O. Henry en “Cabbages and kings”, de donde heredamos popularmente la expresión “república bananera” para designar ciertas formaciones sociales con características que exceden el simple cultivo de plátanos y cuya descripción extensiva dejaremos para otra oportunidad, sin dejar de señalar por ello que a más de un siglo de su formulación perviven todos sus rasgos.

Nada más evidente si recordamos que su Constitución incluye “artículos intangibles”, negando en consecuencia un principio elemental de soberanía popular constituyente.

De todas formas en ningún caso el presidente Zelaya intentó modificación alguna del texto. Sólo se propuso realizar una consulta no vinculante (instituto que no prohíbe la Constitución vigente) preguntándole al pueblo (en junio) si acordaba que se realizara una nueva consulta (en noviembre) en paralelo a las elecciones generales, donde se hiciera una posible convocatoria a una Asamblea Constituyente.

Inversamente, como bien sostiene Jorge Majfud, es el artículo 2 de la carta magna el que alude al delito imputado falsamente al presidente ante “la suplantación de la soberanía popular y la usurpación de los poderes constituidos (que) se tipifican como delitos de traición a la Patria”, complementado en el 3 con que “nadie debe obediencia a un gobierno usurpador ni a quienes asuman funciones o empleos públicos por la fuerza de las armas”.

Un nuevo hecho histórico que ratifica el rearme ahora literalmente  de las derechas que intento subrayar desde estas páginas. El argumento político subyacente a la intención de reelegirse mediante la consulta es disparatado por ser materialmente imposible, comenzando por los plazos, entre otras razones de fondo.

Las instancias decisorias de todos estos pasos consultivos tendrían lu

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