Reacciones mixtas a políticas de Obama sobre inmigración

Defensores de los inmigrantes criticaron el programa de verificación electrónica que se aplicará a las empresas con contratos federales, anunciado por el gobierno de Estados Unidos para combatir la inmigración ilegal.

Elogiaron, sin embargo, la decisión de la administración del presidente Barack Obama de abandonar un programa que buscaba comprobar si eran válidos los números de Seguro Social de los trabajadores.

De acuerdo con el director del Foro Nacional de Inmigración, Ali Noorani, la expansión del programa de verificación electrónica “E-Verify” perjudicará a la economía, ya que es “muy difícil” corregir las defectuosas bases de datos.

Ese sistema tendrá que ser usado a partir del 8 de septiembre próximo por los contratistas y subcontratistas que quieran optar a un concesión pública, incluyendo quienes reciban fondos de la Ley para la Recuperación Económica.

Mediante ese programa se podrá comprobar si los empleados de esas empresas tienen permiso para laborar, ya que comparará electrónicamente la información de su Formulario de Verificación de Autorización de Trabajo (I-9) con las bases de datos del gobierno federal.

Noorani señaló, por otro lado, que el ahora descartado programa federal de revisión del número del Seguro Social hubiera creado más problemas para los empleadores y trabajadores en momentos en que la economía está en recuperación.

Consideró que el gobierno emplearía mejor su tiempo en trabajar con el Congreso para impulsar una reforma migratoria integral.

El activista criticó la aprobación en el Senado esta semana de medidas para ampliar el programa de verificación de empleo y la construcción del muro fronterizo.

Angélica Salas, directora de la Coalición para los Derechos Humanos de los Inmigrantes en Los Angeles (CHIRLA), dijo que el Senado ha optado por “juegos políticos” al apoyar acciones impulsadas por el gobierno del presidente George W. Bush (2001-2009).

La organización Council on Foreign Relations divulgó esta semana un reporte en el que pide una reforma amplia al sistema de inmigración con base en los puntos de vista de funcionarios electos, jefes de la policía y grupos empresariales y sindicales.

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