América Latina, la democracia abre fuego

Por Santiago Roncagliolo*

La víctima de un asesinato vuelve de la muerte para culpar al presidente de su país. Un grupo de militares armados saca a otro presidente de su cama y lo mete en un avión en pijama. Las fuerzas del orden se enfrentan a un grupo de campesinos pobres y matan a decenas de ellos. No, esto no es la película de James Bond contra un temible dictador aliado del terrorismo. Es sólo la actualidad política de América Latina.

El primer caso se registró en mayo, cuando un vídeo del abogado Rodrigo Rosenberg acusó desde la tumba al presidente de Guatemala Álvaro Colom y a su entorno de haber planeado su asesinato. Semanas después, en la localidad peruana de Bagua, las protestas de los indígenas contra la aprobación de leyes que permitían privatizar sus tierras se saldó con una decena de muertos, según el Gobierno —los líderes indígenas cuentan más de 30—, y la renuncia del ministro del Interior.

Y a comienzos de julio, en Honduras, los enfrentamientos entre las fuerzas antidisturbios y los seguidores del depuesto presidente Manuel Zelaya se cobraron la vida de un joven manifestante.

Las consecuencias políticas y judiciales de estos casos están por determinar. Pero en términos de opinión pública, marcan un giro crucial en el discurso político de la región. Durante años, las mayores alarmas de la gobernabilidad democrática en América Latina habían saltado en Venezuela, Bolivia y Ecuador, contra cuyos gobernantes se suceden periódicamente denuncias por manipulación de instituciones judiciales, legislativas, ejecutivas e incluso electorales.

Y sin embargo, en los tres casos señalados, son esas instituciones las involucradas. Es la democracia la que ha abierto fuego contra la población civil.

Sin duda, el caso de Guatemala tiene matices distintos. En su vídeo póstumo, Rosenberg no acusa de su muerte a la institución del poder ejecutivo sino al presidente, y el caso aún está en investigación. Pero aún así, la autoridad de un cadáver para señalar a su ejecutor tiene una potencia mediática descomunal. Ninguna sentencia judicial podrá borrar el mensaje que ha transmitido el abogado desde las pantallas de televisión o Internet: el poder se ejerce a balazos.

Sea quien sea el asesino de Rosenberg, el sistema político ha perdido ante la población -si aún lo tenía- el crédito de la transparencia y el imperio de la ley. Para muchos guatemaltecos, el sistema democrático no sirve para combatir a las mafias, sólo para darles puestos públicos.

Por su parte, el caso de Bagua pone de relieve las limitaciones de una democracia para garantizar justicia. La mayoría de las constituciones vigentes en la región garantizan la propiedad privada y remiten a los tribunales en caso de conflicto.

Ahora bien, uno de los conflictos sociales más delicados es el que enfrenta a las comunidades nativas con las grandes empresas que desean explotar los recursos naturales de sus tierras. Con el actual ordenamiento jurídico, cuando una empresa daña el medio ambiente o incumple la legislación laboral tiene muchas posibilidades de salir impune por una razón muy sencilla: los costes del proceso legal.

Incluso un poder judicial confiable —lo que no siempre está disponible— enfrentará al estudio de abogados de una multinacional contra los delegados de un caserío de campesinos sin luz eléctrica. El litigio puede extenderse durante años, y si hay apelaciones, se resolverán en tribunales de la capital, a días de camino de las comunidades campesinas. El resultado no suele tener mucho misterio. Una institucionalidad impecable deja en indefensión legal a millones de personas.

Esta paradoja explica la popularidad de Evo Morales y Hugo Chávez entre los sectores más pobres de muchos países. Para sus detractores, los proyectos constitucionales que estos gobernantes impulsan sólo son un camino hacia su reelección indefinida. Pero sus defensores los consideran herramientas imprescindibles para la protección legal de los sectores más indefenso

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