Complicada espera por la reforma

Por Maribel Hastings

America’s Voice

WASHINGTON, DC – El presidente Barack Obama dijo algo muy cierto en su rueda de prensa del miércoles: “en este pueblo (o sea, Washington), si uno no fija fechas para las cosas, no pasa nada”. Se refería a la reforma de salud que parece haberse pospuesto hasta el otoño. Pero lo mismo podría decirse de la reforma migratoria. Si no se fijan marcos de tiempo, corremos el riesgo de quedarnos como novia de rancho: vestida y alborotada.

Obama y el Congreso demócrata nos dan fechas aproximadas: este otoño, a fines de este año, a principios del año entrante. Nos aseguran que somos terceros en la fila: salud, medio ambiente e inmigración. Si la reforma de salud se retrasa, podríamos anticipar descalabros en el calendario legislativo.

Pero la espera por nuestro turno se complica con desarrollos que generan desde frustración hasta ira entre la comunidad inmigrante y entre quienes abogan por una reforma migratoria.

Es que todo lo que se ha anunciado hasta ahora se centra en la aplicación de leyes o la ampliación de programas que han probado ser inefectivos y dañinos sobre todo ante la ausencia de una reforma migratoria.

Por ejemplo, el congresista demócrata de Carolina del Norte, Heath Shuler, reintrodujo su proyecto H.R. 3308 Secure America Through Verification and Enforcement Act (SAVE Act) que, como su nombre dice, pretende asegurar a Estados Unidos mediante la aplicación de leyes y la verificación de identidad de los trabajadores.

El plan es bipartidista y ya tiene 75 coauspiciadores. El proyecto acompañante en el Senado es de Mark Pryor, senador demócrata de Arkansas.

La medida exige que los empleadores utilicen el sistema E-Verify para determinar si sus empleados tienen autorización legal para trabajar en EEUU; refuerza la vigilancia fronteriza; aumenta la capacidad de los centros de detención; y agiliza las deportaciones.

Me imagino que es mediante deportaciones que pretenden resolver la situación de millones de indocumentados.

De otra parte, un nuevo reporte del Centro de Justicia de Inmigración de la Escuela de Leyes Benjamín Cardozo confirmó lo que sabíamos: que las redadas han aterrorizado a individuos y comunidades y han violado la Constitución.

El nuevo mando del Departamento de Seguridad Interna (DHS) asegura que su cambio de enfoque de empleado a empleador en las redadas será “positivo” aunque los resultados sean iguales: pérdidas de empleos, económicas, detenciones, deportaciones y separación familiar.

Y qué decir de las denuncias formuladas sobre las deplorables condiciones en los centros de detención.

El DHS “mejorado” también hizo anuncios controversiales: que desde el 8 de septiembre todas las empresas con contratos federales deberán utilizar el programa E-Verify para determinar si sus trabajadores tienen autorización legal; y que ampliará el programa 287(g), que permite que policías locales funjan como agentes de inmigración.

El E-Verify se basa en los bancos de datos del gobierno, incluyendo la Administración del Seguro Social.

Esos bancos de datos, por admisión propia, están llenos de errores. Se calcula que son casi 18 millones de errores y la mayor parte, más de 12 millones, tienen que ver con ciudadanos de EEUU. Es decir, que existe el potencial de que ciudadanos o residentes legales pierdan sus empleos por un error no aclarado a tiempo.

Grupos de derechos civiles denuncian que el programa se presta a prácticas discriminatorias de parte de patronos inescrupulosos que echen mano del mismo para atentar contra la privacidad de sus empleados.

Del programa 287(g) ni hablemos. Lo puso en el mapa el dudosamente célebre Alguacil Joe Arpaio del condado de Maricopa, Arizona, al aplicarlo de forma discriminatoria echando mano de perfiles raciales. Jefes de policía rechazan la forma en que se aplica porque genera desconfianza entre la misma población que se pretende proteger.

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