Sin cambios en la política de inmigración

New America Media, Comentario, Marielena Hincapié,

Nota del editor: La decisión de la administración Obama de extender el programa 287(g) que permite a las autoridades locales actuar como agentes de inmigración esta mal enfocada, según Marielena Hincapié. Hincapié es la directora ejecutiva del Centro Nacional de Leyes de Inmigración, miembro de la organización Detention Watch Network, una coalición nacional que trabaja por la reforma de inmigración, y el sistema de detenciones y deportaciones. IMMIGRATION MATTERS retrata las voces de las organizaciones por los derechos de los inmigrantes.

Imagine que usted, un ciudadano estadounidense, fuera victima de un crimen del que fuese testigo una persona indocumentada. Como resultado de los acuerdos draconianos de la era Bush o el programa 287(g), esta persona se encontraría en gran riesgo de ser deportada si contara a las autoridades lo que acababa de ver. La policía entonces carecería de información vital para encontrar a tu atacante, dejando a toda la comunidad mucho mas vulnerable ante la repetición de posibles ataques. Esta no es forma de prevenir y resolver el crimen en nuestras comunidades, y de ningún modo nos hace mas seguros.

Suena a otro plan errado de Bush que Obama ha terminado por arreglar. De ninguna manera: el 10 de Julio, la administración Obama anuncio que extendería el programa, dando a autoridades locales el poder de hacer cumplir leyes de inmigración a sus constituyentes, incluyendo 11 jurisdicciones nuevas.

Históricamente, la aplicación de leyes de inmigración ha estado reservado al gobierno federal. Desde 2002, primero el Servicio de Naturalización e Inmigración y después las Autoridades de Inmigración y Aduanas (ICE por sus siglas en ingles) –un apartado del Departamento de Seguridad Nacional (DHS)- han llegado a acuerdos con varias agencias de seguridad locales para que actúen como agentes de inmigración. Estos acuerdos, autorizados por la sección 287(g) del Acta de Nacionalidad e Inmigración, han llevado a extensos abusos de poder, incluyendo perfiles raciales y registros y retenciones inconstitucionales.

ICE asegura haber hecho cambios para asegurar que las redadas de trabajadores y los perfiles raciales son detenidos, pero –dado el historial de la agencia- es la extensión de 287(g) una Buena forma de probar esta teoría?

Un poco de maquillaje en los acuerdos no va a proteger a las comunidades de los sheriff que hacen redadas en vecindarios de Latinos o que hacen comprobaciones de papeles en función del color de la piel. La verdad es que no hay suficiente supervisión federal para asegurar que estas practicas no van a continuar. Sheriff como Joe Arpaio en el condado de Maricopa, que cuenta con un acuerdo 287(g), saben esto. Aunque el es objeto de numerosas denuncias al Departamento de Justicia, la Oficina del Inspector General de DHS y denuncias privadas por violación de derechos civiles, Arpaio ha declarado a la prensa que le da lo mismo lo que digan o encuentren los investigadores federales.

Los inmigrantes no son los únicos que deberían preocuparse por la extensión del 287(g). Ciudadanos conscientes de su seguridad publica en los condados que tienen este acuerdo han visto como muchos de sus preciados recursos han sido retirados de la lucha y prevención contra el crimen para destinarlos a patrullar los parking del Home Depot y averiguar si las personas que están allí esperando tienen documentos de inmigración. En situaciones económicas duras, sencillamente no tiene sentido ahogar todavía mas fuerzas policiales que ya carecen del suficiente equipamiento y personal con un trabajo que corresponde al gobierno federal.

Estos acuerdos no solo entorpecen nuestras libertades civiles y dañan nuestras economías locales, también crean malas practicas de seguridad publica. Muchos jefes de autoridades legales están entre los mayores oponentes a la extensión del programa para cazar inmigrantes, enfatizando que este programa reduce sus capacidades para luchar y prevenir el crimen. El día 1 de Julio de este ano,

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