El Salvador: Elección del fiscal general

Por José Manuel Ortiz Benítez

Desde abril de 2006, se sabía que, en abril de 2009, se tenía que elegir un nuevo fiscal general. En esas fechas, en una elección tránsfuga, caótica y amañada, pero eficiente, a Félix Garrid Safié se le eligió, como manda la Constitución, para cubrir un mandato de 3 años.

El entonces director de Centros Penitenciarios, Ástor Escalante, ya Aandaba bailando en las ternas como aspirante al puesto.

La elección de diputados tuvo lugar el 18 enero de 2009. Se sabía antes, durante y después de esas elecciones, que Sus Nuevas Señorías se estrenarían en la nueva Asamblea Legislativa el 1 de mayo de 2009: el día del trabajador.

También se sabía —más bien se refrescó— que el 19 de abril de 2009 era la fecha límite para que Sus Señorías eligieran un nuevo Fiscal General que reemplazara al Sr. Garrid Safié, un hombre cuyo trabajo como fiscal ha dejado más sombras que luces.

El 19 de abril de 2009 llegó, pasó por delante de nuestros ojos, y al día siguiente tampoco había acuerdo, no por falta de trabajo, sino por falta de claridad y determinación para alcanzar acuerdos, un mal endémico en nuestra clase política que parece resistir las embestidas del tiempo.

Desde principios de febrero de 2009, Sus Señorías en la Asamblea Legislativas ya andaban ocupadas negociando, examinando perfiles y entrevistando a candidatos para elegir un buen fiscal general de la república.

Más de 4 meses de arduo trabajo en busca del súper hombre que llene todas las exigencias —las legales, las técnicas y las políticas — no han valido para poder llegar a un acuerdo que satisfaga a los dos tercios de la Asamblea Legislativa que requiere la Ley.

En un intento de acelerar el proceso, se ha querido hacer una réplica del método utilizado para la selección de la Corte Suprema de Justicia: una reclusión indefinida de Sus Señorías en Palacio Presidencial hasta llegar a un acuerdo firme por agotamiento de opciones.

Con la mediación explícita del presidente Mauricio Funes, el método funcionó en la elección de la Corte Suprema de Justicia, pero, en la elección del Fiscal, se estrelló nuevamente con el mismo muro: el enorme muro ideológico-partidista de siempre, que obligó a Sus Señorías a estacionar el asunto en punto muerto por enésima vez y salir corriendo de Casa Presidencial a disfrutar de sus merecidas vacaciones, lejos del claustro oscuro donde se llevan a cabo las complicadas negociaciones.

Se avanza a paso de caracol. La lista de trabajo vuelve a quedar con un reducido puñado de aspirantes: Henry Campos y Tito Zelada apoyados por la izquierda y Ástor Escalante y Delmer Rodríguez apoyados desde la derecha.

A todos se les acusa de tener alguna conexión ideológica determinada, como si no fueran seres humano con sentimientos y sensibilidades.

No existe hombre sin un posicionamiento (ideológico) personal determinado ante sí mismo y ante los demás. No asistir un domingo por la tarde a la reunión vecinal para tratar temas de la vecindad es también un posicionamiento (ideológico) personal ante la vida.

Si lo que se pretende, en esta nueva edición para elegir el fiscal general de la República, es saber dónde está el punto ideológico personal de cada candidato respecto al barómetro ideológico nacional, podemos estar seguros de poder seguir negociando indefinidamente toda la vida sin llegar a un acuerdo firme.

La elección del Fiscal es una responsabilidad, un mandato constitucional que requiere de seriedad, de un riguroso y exquisito cumplimiento en los plazos establecidos y de mentes dispuestas a ceder “algo” en el proceso de la negociación.

La elección no es un escrutinio a fondo para detectar afinidades ideológicas personales, ya que éstas son parte del material intelectual de los hombres libres, sino una valoración seria y sosegada de las capacidades del candidato requeridas para el puesto como son su independencia, su trayectoria, su demostrada tenacidad para perseg

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