CIDH preocupada por libre expresión en Venezuela

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su “profunda preocupación” por el deterioro de la situación del derecho a la libertad de expresión en Venezuela. El organismo solicitó información por los hechos que se registran en ese país sudamericano y entregó observaciones respecto al Proyecto de Ley Especial sobre Delitos Mediáticos que propone el Ministerio Público venezolano. Los planteamientos de la CIDH fueron hechos en una carta al gobierno de Caracas, suscrita por el comisionado para los asuntos de Venezuela, Paulo Sergio Pinheiro, y la relatora especial para la Libertad de Expresión, Catalina Botero Marino. En el documento, dirigido al canciller venezolano Nicolás Maduro, la CIDH anotó que en los últimos meses altos funcionarios venezolanos han acusado a diversos medios de comunicación, sus directivos y periodistas de practicar un “terrorismo mediático”.

También, expuso, se les ha acusado de fomentar un “discurso de odio” que puede afectar la “salud mental” de la población. Denunció que Globovisión, canal de televisión previamente declarado por un grupo delincuencial como “objetivo militar”, fue objeto esta semana de un ataque con bombas lacrimógenas, que incluyó intimidación a trabajadores y lesiones a un guardia de seguridad. En la carta, Pinheiro y Botero condenaron estos graves hechos, reconocieron la pronta reacción del presidente venezolano Hugo Chávez y exhortaron a las autoridades venezolanas a “investigar, identificar, juzgar y sancionar” a los responsables de esos actos.

Debido a las graves amenazas, los periodistas, directivos y trabajadores de Globovisión se encuentran protegidos con medidas provisionales ordenadas por la CIDH desde 2004, afirmaron. La CIDH también manifestó su preocupación por la decisión del Consejo Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) de Venezuela de cancelar en julio la transmisión por televisión y radio de avisos publicitarios que criticaban un proyecto de reforma legislativa. Tras esta decisión, las autoridades habrían abierto procedimientos administrativos contra los medios de comunicación que transmitieron dicha propaganda y el Ministerio Público habría interpuesto una denuncia penal contra los medios escritos que la publicaron, indicó.

Señaló que debe garantizarse no sólo la difusión de informaciones favorables sino también las que “ofenden, chocan, inquietan o resultan ingratas a los funcionarios públicos o a un sector de la población”. “Así lo exigen el pluralismo, la tolerancia y el espíritu de apertura sin los cuales no existe una sociedad verdaderamente democrática”, puntualizó. Censuró a su vez la decisión de Conatel el 31 de julio de ordenar a 34 radioemisoras cesar sus transmisiones de manera inmediata y recordó que “no se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos”. La CIDH también se refirió al Proyecto de Ley Especial sobre Delitos Mediáticos, que plantea sanciones a medios de comunicación por conductas contra la paz social, la seguridad de la nación, el orden público y la salud mental y que generen un clima de impunidad.

En la carta, el comisionado y la relatora especial recordaron al Estado venezolano “la obligación de establecer un marco regulatorio que promueva una discusión libre, abierta, plural y desinhibida”. “Nada de esto se compadece con el uso indiscriminado del derecho penal como mecanismo para limitar la circulación libre de opiniones e informaciones, especialmente cuando las mismas se refieren a asuntos públicos”, recalcaron. De ser aprobada esta propuesta, ninguna persona en Venezuela “podrá sentir la tranquilidad de expresar sus pensamientos críticos o disidentes sin temor a ser objeto de una angustiosa persecución penal”, indicaron Pinheiro y Botero. Asimismo, ofrecieron al Estado su colaboración en la discusión de las normas o políticas públicas relacionadas con el derecho fundamental a la libertad de expresión.

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