La inmunidad de los soldados EEUU en Colombia despierta inquietud

BOGOTA (AFP) – La inmunidad de los soldados estadounidenses que operarán en Colombia en el marco del nuevo acuerdo militar bilateral ha generado preocupación, aunque el gobierno colombiano afirma que los militares no gozarán de una prerrogativa sin límites.

“La inmunidad no implicará impunidad”, repite el gobierno colombiano, refiriéndose a los 800 militares estadounidenses afectados por un convenio que permitirá a Estados Unidos operar desde siete bases colombianas para luchar contra el narcotráfico.

La firma del acuerdo está pendiente de su revisión técnica.

“En este acuerdo se incluyeron cosas tan importantes como que no va a haber jurisdicción norteamericana o cortes marciales en territorio colombiano”, dijo el domingo el canciller Jaime Bermúdez

“O por ejemplo”, agregó, “que los órganos de investigación de Colombia pueden participar en la investigación que se adelante frente a funcionarios norteamericanos, o que se le puede hacer un seguimiento a esas investigaciones”.

“Pero además existe la posibilidad de pedir que se levante la inmunidad para esos funcionarios. En caso de que hubiera lugar a indemnización, Estados Unidos se comprometió a pagar esas indemnizaciones. Y hay una cosa sin antecedentes: los contratistas (civiles), en este caso de los Estados Unidos, no tendrán inmunidad. Cosa que no pasaba en el pasado”, detalló Bermúdez.

El canciller aludía al marco jurídico que rige el acuerdo de cooperación en lucha contra las drogas denominado “Plan Colombia”, por el cual Estados Unidos han entregado a Colombia más de 5.500 millones de dólares desde 1999.

Sin embargo, sus palabras no han aplacado los temores y estos días se recordaba la denuncia de una madre que asegura que, en 2007, su hija de 12 años fue violada por un sargento y un civil estadounidenses adscritos al “Plan Colombia”, denuncia que no prosperó.

El ex presidente de la Corte Constitucional de Colombia, José Gregorio Hernández, considera “desde todo punto de vista inconveniente que se establezca la inmunidad”.

“La inmunidad de los soldados de Estados Unidos no tiene justificación alguna. Viola el principio de igualdad frente a nuestros propios soldados. Esa inmunidad se puede convertir en impunidad porque para que sea levantada, como dice el gobierno que podrá hacerse, previamente tendrá que haber un proceso diplomático que puede demorase mucho o no cumplirse”, dijo a la AFP.

Este criterio lo comparte Juan Carlos Eastman, vicedirector del Instituto de Estudios Geoestratégicos de la Universidad de Nueva Granada, en Bogotá, que dijo a la AFP que “la inmunidad significa impunidad, en la práctica. La indemnización refuerza esta condición. Pero significa, de hecho, que se van a presentar esas temidas situaciones y relaciones”.

“Nunca ha habido, y nadie lo tendría en mente en las condiciones internacionales actuales, la existencia de ‘tribunales gringos’ en Colombia ni jurisdicción estadounidense”, agregó en alusión a los argumentos del gobierno.

El ex ministro de Defensa, general retirado Rafael Samudio, cuestionó la poca información que ha trascendido sobre el tema y preguntó sobre los términos en que participaría la justicia colombiana en esos casos.

“Estados Unidos por principio no permite que a un militar lo juzguen en otro país o entregarlo a otro. Por ello no han firmado la CPI” (Corte Penal Internacional), añadió en declaraciones a la AFP, en las que destacó que “Estados Unidos tiene un concepto del militar totalmente distinto a nosotros”.

Sin embargo, para el director de la privada fundación Seguridad y Democracia, Alfredo Rangel, los términos del acuerdo -con vigencia de 10 años- son un “avance importante” y es “muy positivo para Colombia”, porque según indicó a la AFP, “ello no lo han logrado otros países que tienen acuerdos similares con Estados Unidos”.

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