Colombia: gobierno explica ante Consejo de Estado acuerdo militar con EEUU

BOGOTA (AFP) – El gobierno de Alvaro Uribe explicó este martes a magistrados del Consejo de Estado de Colombia los alcances de un acuerdo de cooperación militar entre Colombia y Estados Unidos que le permite a éste el uso de bases militares en la nación andina, explicó un funcionario.

“El presidente (Alvaro Uribe) inició el lunes un diálogo con los magistrados dando toda la información relacionada con el acuerdo. Hoy varios funcionarios tuvimos la oportunidad de reunirnos con ellos para ampliar detalles del mismo”, dijo a periodistas el ministro del Interior y Justicia, Fabio Valencia.

A la reunión de este martes con los magistrados, que duró más de cuatro horas, acudieron además de Valencia, los ministros de Defensa, Gabriel Silva; y, de Relaciones Exteriores, Jaime Bermúdez, y el comandante de las Fuerzas Militares, general Freddy Padilla.

“Fue una reunión amplia, cordial y provechosa. El gobierno agradece a los magistrados por este encuentro y quedamos muy satisfechos de la manera como pudimos explicar todos los detalles del acuerdo que suscribimos con el gobierno de Barack Obama”, puntualizó Valencia.

El polémico acuerdo entre Bogotá y Washington, que durará 10 años y que le permite a Estados Unidos operar en al menos siete bases militares del país andino, fue cerrado hace dos semanas, pero aún no se ha firmado. Los miembros del Consejo de Estado deberán avalar dicho acuerdo.

Este “Acuerdo de Cooperación Militar” facilita el acceso a tres bases aéreas, en Palanquero, Apiay y Malambo, a dos bases navales y dos instalaciones del Ejército.

El personal militar y civil que Estados Unidos tiene en Colombia no sufrirá cambios. Actualmente son 800 soldados y 600 contratistas los que están desplegados, según el Departamento de Estado.

En cambio, el pacto sí precisa el estatuto legal de ese personal y lo protege de forma “adecuada”, según un texto informativo.

El acuerdo generó el rechazo de los gobiernos de Hugo Chávez, en Venezuela, y de Rafael Correa, en Ecuador. También la inquietud de otros gobiernos latinoamericanos que convocaron una cumbre extraordinaria de la Unasur, el mes pasado, para tratar el tema.

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