El calvario de los espías

Por Lluís Bassets

Veinte años no son nada pero el oficio no levanta cabeza. Cuando se cayó el Muro de Berlín también se cayó el negocio, y hasta hoy no ha conseguido recuperarse. Basta con repasar la historia de la CIA desde que los archivos de la guerra fría pasaron del Pentágono a las universidades y, sobre todo, con observar el último berenjenal en el que se halla metida la mayor y más poderosa organización de espionaje del mundo.

Es evidente que ser espía en Estados Unidos ya no es lo que era. Ahora mismo un fiscal especial ha recibido instrucciones para investigar los métodos de interrogatorio usados por la CIA a las órdenes de Bush, cuando sus agentes recibieron permiso para infligir un amplio y repugnante repertorio de tormentos a los detenidos por terrorismo para extraer información.

La cuestión de las torturas se está convirtiendo en un feo juego en busca de culpables en el que cada uno señala al vecino para sacarse las pulgas de encima. Los agentes de la CIA que las perpetraron señalan a los consejeros legales de Bush que las autorizaron. El departamento de Justicia, donde trabajaban estos juristas, señala a la CIA, porque se extralimitó en el cumplimiento de las instrucciones.

Los congresistas demócratas, que también las avalaron en una comisión reservada, señalan a Bush. Y los colaboradores de Bush se señalan unos a otros, incluido el propio ex presidente, que también se desentiende; con la sola excepción de su vicepresidente Dick Cheney, que es el único que mantiene el tipo defendiendo lo indefendible y asumiendo todas las responsabilidades.

El acarreo de materiales sobre el que se ha construido la infame historia de las torturas ha gozado de muchas aportaciones. Intelectuales de renombre de todos los países han sostenido seriamente la teoría del mal menor, y polemistas políticos acreditados han aguantado el argumento de la bomba de relojería cuyo efecto se podría evitar si se daba barra libre a los interrogadores para sacar información a los terroristas.

Y luego están los juristas de Bush, los rábulas capaces de legalizar cualquier cosa siempre que sea el presidente quien la ordene; o con suficientes dotes circenses como para encontrar la sutil y obscena línea roja que separa el concepto de tortura del de un interrogatorio reforzado.

Como se está viendo ahora, el trabajo de estos juristas, que también proporcionaron argumentos para la guerra preventiva o para la creación de limbos jurídicos como Guantánamo, no ha sido en balde. El fiscal especial, John Durnham, con fama de incorruptible y apartidista, tiene instrucciones precisas de investigar sólo los interrogatorios en los que se sobrepasaron estas líneas rojas, algo que puede alcanzar a una docena de agentes como máximo.

Aunque Obama prohibió la tortura a las 48 horas de llegar a la Casa Blanca, la decisión de su fiscal general de no perseguir a los picapleitos que pretendieron legalizarla, y sí en cambio a los polizontes que aplicaron con manga ancha e incluso regodeo las infames instrucciones, significa una legitimación implícita del debate sobre los límites de la tortura. Esto no significa que vaya a ceñirse estrictamente a la partitura: no es así como suelen comportarse los fiscales especiales.

Es muy difícil que el presidente extraiga alguna ventaja de la investigación del fiscal especial y muy fácil en cambio que salga con algún rasguño. Convertir a la CIA en el payaso de las bofetadas no es precisamente una causa que entusiasme a los norteamericanos. Cuanto más avance esta investigación, y sobre todo si se desborda y se convierte en una causa general contra la política antiterrorista de Bush, más difícil será que el presidente mantenga sólidamente su posición central y su capacidad para arrancar acuerdos transversales con los republicanos.

Los necesita de forma perentoria para la reforma del sistema de salud, sus nuevas políticas medioambientales y sus reformas educativas, pero también para encarar la cita electoral de noviembre de

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