La grieta de Bariloche

Parte del balance que pueda hacerse de la reunión de presidentes sudamericanos en Bariloche depende de la ponderación de las variables en juego. Particularmente de dos de ellas, mutuamente contradictorias: el potencial valor de la continuidad institucional de esta convergencia embrionaria, por un lado, y las amenazas y peligros para el conjunto sudamericano y su capacidad de neutralizarlos, por otro.

El prometedor bautismo de la Unión de Naciones suramericanas (UNASUR) ante la amenaza golpista y secesionista en Bolivia fue la resultante de un cambio muy significativo de correlación de fuerzas en la región, producto de movilizaciones y luchas que comenzaron a transformar el mapa ideológico y a permitir el despegue paulatino, con diversos énfasis y matices en cada país, de la hegemonía neoliberal, siempre a través de procesos electorales. Sin estas transformaciones, la UNASUR hubiera resultado imposible.

Desde una perspectiva histórica, es decir, morigerando nuestras justificables prisas cotidianas, en algo más de treinta años asistimos a un vuelco significativo. De la unidad genocida sudamericana vertebrada por el Plan Cóndor en el extremo sur, consentido y alentado por el resto, se dio paso a su derrota y condena, no sin ciertos resquebrajamientos intestinos motivados por aventuras bélicas y amenazas de enfrentamientos.

Restituidos el orden constitucional y ciertas libertades básicas en toda la región, se consolidaron con ellas las más voraces y precarizantes políticas del despotismo del capital y la penetración transnacional globalizadora dejando un tendal de víctimas sociales. Algo así como un nuevo genocidio anónimo y silencioso.

También se consagró la impunidad de los criminales y la consecuente restricción a la plena vigencia constitucional, particularmente en lo que respecta al elemental principio burgués de igualdad ante la ley. Esta última etapa, inversamente, está signada por los intentos de desarticulación de estas dos grandes palancas del padecimiento social: la económico-social y la (anti)democrática y (anti)constitucional.

Sin embargo, una vez reconocido que la existencia de la UNASUR es producto de los cambios en curso, surge inevitablemente la necesidad de institucionalizarlos, como con cualquier conquista social a fin de preservarlos. He tenido oportunidad de referirme en este espacio a las preocupantes perspectivas de recomposición de las derechas en varios países del hemisferio y más recientemente Constanza Moreira lo retomó en contratapa con particular detalle.

Esto lo hace más imperioso aún, ya que la suerte de una estrategia regional no puede estar atada a las convergencias coyunturales. Su continuidad o desaparición depende mucho más de su institucionalización que de la suerte electoral que las diversas variantes progresistas puedan correr en cada país. En otros términos, esta posible continuidad podrá resultar valorable y defendible, siempre que constituya al menos una barrera de contención, clara y formalmente instituida, contra la restauración de cualquiera de las formas históricas que adquirió la barbarie neoliberal, el crimen y la impunidad sobre el final del siglo XX. No pretendo soslayar el hecho de que las emergencias más progresistas están dando paso a nuevos y más claros lenguajes diplomáticos, no tan eufemísticos, no tan alambicados y con menores fintas. Pero este paso simbólico es reflejo de la particular situación de cada país y se verá afectado en diversa medida según las variaciones futuras de cada uno. Mucho más que buenos discursos, deberían esperarse acciones político-diplomáticas concretas para contrarrestar o al menos resistir los posibles riesgos.
 
Ahora bien, no cabe duda que la instalación de más bases militares no es una cuestión menor, ni mucho menos ajena a la larga secuencia histórica de agresiones. Tampoco está desvinculada del pasado mediato e inmediato al que aludimos desde el terrorismo de estado hasta esta parte, sino que es algo así como su expresión material y simbólica rediv

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