Tormentas mediáticas en Argentina

Por Emilio Cafassi

Cualquier simple mirada o zapping por los medios de comunicación de masas argentinos arrojará la impresión de que no sólo la libertad de expresión se encontrará próximamente amenazada, sino la totalidad de las libertades cívicas, e inclusive la producción y circulación del conocimiento. Sólo porque se puso en debate la sustitución de la ley de medios de comunicación audiovisuales de la dictadura, aún vigente.

El apocalipsis culminaría en una apropiación gubernamental de los mensajes y formatos en una suerte de monolitismo unívoco y perverso que amordazaría toda posible disidencia, al mejor estilo de los estados terroristas.

Pero resulta llamativo que las locomotoras ideológicas de esta construcción discursiva sean precisamente los medios que sustentaron y acompañaron al estado terrorista y se beneficiaron de él y de la continuidad de su ley 22.285, al punto de desembocar hoy en megaoligopolios capaces de dictar el lenguaje social.

Las plumas y conductores de radio y TV que enhebran la trama discursiva se surten además de hilos declamatorios de la clase política mimada y exaltada hasta el hartazgo por la maquinaria comunicacional hegemónica.

El jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, por ejemplo, exhortó a los senadores a combatir el proyecto de ley: “No convaliden este gobierno fascista que se lleva por delante a todo el mundo”. Es decir, mantengamos la ley de la dictadura como instrumento de lucha contra “este gobierno fascista”.  

Resulta particularmente sintomática la unánime genuflexión de los periodistas estrella (sean más estables o fugaces) de los grandes medios (con la honrosa excepción de Víctor Hugo Morales) superando toda la diversidad de orígenes y matices ideológicos en defensa de los intereses de sus holdings empleadores en sintonía con la cohorte política derechista.

El abismo salarial que los distingue de los anónimos trabajadores cotidianos de los medios no se ha reflejado en la posibilidad de exhibir siquiera un mínimo indicio de independencia de criterio, escrúpulos y ética profesional.  

El hecho de que todo el arco reaccionario se haya aglutinado en torno a la oposición al proyecto de ley no debe llevar a concluir que contendría aspectos revolucionarios en materia comunicacional o que conculcaría alguna forma de propiedad o usufructo privado de un bien público como el éter.

Tampoco que el matrimonio presidencial se haya preocupado por la desmonopolización mientras resultó bien tratado por los monopolios, ya que el ex presidente Kirchner renovó escandalosamente por decreto las licencias de los todos los grandes beneficiarios que hoy despotrican en su contra.

Muy por el contrario, no sólo el aire seguirá colonizado por fracciones del capital, sino que el proyecto de ley no roza siquiera algún eje transformador de la sustancia de los mensajes, de la naturaleza industrial y por tanto mercantil de la comunicación o de la garantía de distribución de las diferentes voces y actores sociales.  

Es tan sólo un proyecto tímidamente antimonopólico, particularmente después de las enmiendas que el gobierno se vio obligado a introducir para atraer votos progresistas ante la intransigencia de la derecha, eliminando la autorización expresa para participar del mercado audiovisual, al duopolio telefónico multinacional.

Sin embargo, no es poca cosa poner límite a la concentración de mensaje y capital allí donde no lo hay. Cualquier variante desde el más tibio progresista hasta el más radical revolucionario debería acompañar la iniciativa, con todas las reservas críticas que considere oportunas.

El resto son cuestiones algo cosméticas como el fomento difuso a la producción nacional o la apertura de algunos espacios a sectores políticos y sociales hasta hoy marginados de la participación, por cuya entrada probablemente se cuelen las fundaciones de las grandes empresas.

Con la gran obj

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