Paga empresario chileno 45 mdd por concesión de un río

Santiago.- El empresario chileno Roberto Hagemann adquirió por 45 millones de dólares la concesión de los derechos de agua del Río Manso, localizado en la sureña región de Los Lagos, en Chile, a fin de utilizarlo en la generación de energía eléctrica.

El inversionista chileno pagará la concesión en cuotas anuales de unos cinco millones de dólares, según determinó la Dirección General de Aguas (DGA) de Chile.

El Río Manso está localizado en la comuna de Cochamó, unos 900 kilómetros al sur de esta capital, y cuenta con un caudal de 190 metros cúbicos por segundo, lo cual le otorga un potencial de generación hidroeléctrica de 110 MW (megawatts).

En Chile, el agua es un recurso natural que puede ser concesionado a inversionistas privados desde 1981, cuando el gobierno de facto de Augusto Pinochet promulgó un Código de Aguas que denominó al líquido vital como un “bien nacional de uso público”.

El Código, sin embargo, también consignó en su articulado que el agua es un “bien económico”, por lo cual su gestión y manejo quedó sujeto desde entonces a los criterios del libre mercado y a las normas de la propiedad privada.

De esta manera, los privados pueden explotar los recursos acuíferos a perpetuidad, lo cual realizan diversas empresas de los ramos hidroeléctrico, minero y de distribución de agua potable.

Los defensores de este sistema de concesiones argumentan que la seguridad jurídica que otorga este mecanismo y la libertad de transacción han generado un mercado eficiente en el que el agua se utiliza de manera racional.

En medio de la campaña presidencial que se desarrolla en el país de cara a los comicios de diciembre próximo, han surgido voces que rechazan el sistema de concesiones a privados y demandan el restablecimiento de la propiedad y el control estatal del agua.

La prestigiada ambientalista Sara Larraín considera que Chile enfrenta un conflicto por el uso del agua y la concentración de la propiedad de este bien ambiental merma la sustentabilidad de la democracia, las economías locales y los ecosistemas.

El gobierno presentará a consideración del Congreso una iniciativa de ley que busca elevar el agua como bien nacional de uso público a rango constitucional y pretende imponer límites a las actuales concesiones.

La oposición de derecha, sin embargo, considera que se trata de una reforma innecesaria que generará incertidumbre en un sector que hasta ahora ha operado de manera eficiente.

El titular de la DGA, Rodrigo Weisner, defendió el proyecto y dijo que la iniciativa apunta a regular un mercado anómalo y altamente concentrado.

En Chile, 81 por ciento de las aguas para uso “no consuntivo” (utilización del recurso, pero sin consumirlo) está en poder de la empresa eléctrica Endesa, de capitales italianos, seguida de otros 13 propietarios menores dedicados a la generación de energía.

En el caso del agua de uso “consuntivo”, vale decir, que implica su consumo, la mayor parte está en manos del sector exportador, y 84.6 por ciento se concentra en el rubro agrícola.

“Nuestra evaluación es que el impacto va a ser positivo porque el mercado del derecho de agua que se tiene en Chile es pésimo, funciona mal y de manera desigual, hay monopolio y concentración, así lo indican todos los estudios”, aseveró Weisner.

Organizaciones sociales y jerarcas católicos de las regiones del sur del país, las más ricas en recursos acuíferos, respaldaron el proyecto del gobierno y solicitaron a Weisner presentarlo cuanto a consideración del Congreso a pesar de la contienda electoral.

Chile realizará comicios presidenciales y legislativos en diciembre próximo y casi cualquier tema de interés público cobra visos electorales que distorsionan el debate político.

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