Degradación ambiental afecta comunidad minera argentina

 

Por más de 25 años problemas de salud y degradación

ambiental afectan enormemente una comunidad minera argentina; La falta de

acceso a la información y la inactividad del Gobierno impiden remediar la

situación.

 

De acuerdo a un informe publicado este miércoles por la Clínica de Derechos Humanos de la

Facultad de Derecho de la Universidad de Texas (disponible en http://www.utexas.edu/law/academics/clinics/humanrights/abra-pampa-es.pdf),

los habitantes de Abra Pampa, Argentina, una comunidad minera pobre y

mayormente indígena cerca de la frontera con Bolivia, sufren graves

consecuencias sanitarias y ambientales relacionadas con la minería.

 

El informe, titulado “Abra Pampa: una comunidad

contaminada, una comunidad ignorada: La Lucha por los Derechos a la Salud y a

un Ambiente Sano en Argentina”, documenta los reiterados fracasos del

Gobierno Argentino para tratar con las crisis sanitarias y ambientales en Abra

Pampa. Metal Huasi, una fundidora de plomo que operó en Abra Pampa por

aproximadamente 30 años, emitía contaminantes que provocaron degradación

ambiental y problemas de salud, incluyendo el envenenamiento por plomo en más

de un 80% de los niños de Abra Pampa. El informe también muestra cómo Metal

Huasi arrojó residuos tóxicos que aún no han sido removidos completamente, lo

que hace que aún hoy en día persisten los problemas sanitarios y ambientales

que se iniciaron mientras la planta estaba en funcionamiento.

 

El gobierno federal y provincial ni siquiera reaccionaron

cuando Metal Huasi cerró a finales de 1980, dejando de quince a veinte mil

toneladas de pilas de desechos metalúrgicos en el centro de la ciudad de Abra

Pampa, de los cuales, por lo menos 900 toneladas contenían altas

concentraciones de plomo. En el centro de la ciudad existía uno de los tres

depósitos de basura más grandes de la ciudad. Aunque pila de residuos tóxicos

más grande fue finalmente removida en enero de este año, 60.000 toneladas de

residuos y materiales contaminados permanecen aún hoy en Abra Pampa. La única

medida tomada por las autoridades gubernamentales para “contener” a los

residuos tóxicos restantes fue la instalación de cercas alambradas para

mantener a los residentes alejados. Con estas cercas también se pretendía

“prevenir” las nubes de polvo de plomo –a las que los residentes llaman humos

blancos– que son esparcidos cuando soplan los fuertes vientos

característicos de la región a través de la ciudad, recogiendo las partículas

sueltas de los desechos tóxicos.

 

Los humos blancos son también el resultado de la

falta de medidas para contener los residuos durante la remoción de éstos en

enero pasado. Este supuesto plan de “limpieza” fue financiado por la

organización que represente los intereses de las empresas mineras. Los

procedimientos de remediación ambiental fueron problemáticos, careciendo de

supervisión independiente y de las precauciones adecuadas para contener la

dispersión de los residuos.

 

A pesar de que el Gobierno Argentino estaba al tanto de

los problemas en Abra Pampa, tanto funcionarios locales como nacionales, han

minimizado sistemáticamente la gravedad de la situación sanitaria y ambiental

en la ciudad. Estos problemas no solo son de extrema seriedad, sino que son de

larga data, habiendo estudios que ya desde 1986 informaban que existía severa

contaminación de plomo en Abra Pampa.

 

Cuando la Clínica de Derechos Humanos envió una

delegación para investigar los hechos en Argentina y reunirse con los miembros

de la comunidad y funcionarios del gobierno provincial y nacional, una

residente de Abra Pampa, describió cómo la planta, mientras estaba en

funcionamiento, arrojaba hollín nocivo, humo y partículas que cubrieron las

casas cercanas. Como ha dicho Raúl García, un activo residente: “El nivel de

contaminación era tan elevado que quemaba los ojos, la nariz y la garganta; te

dolía la cabeza y te sentías fatigado.”

 

Sin embargo, los estudios de salud realizados y los

informes sobre las condiciones de los residentes no han sido suficientes para

lograr que el gobierno argentino actuara de manera adecuada. Tampoco los

funcionarios del gobierno se han ocupado de proporcionar tratamiento médico

significativo, educar a la comunidad sobre las consecuencias sanitarias de la

exposición a residuos tóxicos de metales pesados, y tomar medidas proactivas

para evitar que continúe la contaminación de plomo en el futuro.

Además de su lenta reacción y de utilizar las medidas

inadecuadas, la forma en que el Gobierno Argentino manejó la situación también

ha carecido de transparencia; por ejemplo, funcionarios del gobierno no han

respondido a 38 de los 41 pedidos de acceso a la información pública

presentados por la Clínica de Derechos Humanos. Y la Clínica de Derechos

Humanos no ha sido la única en no obtener las respuestas que busca –los

funcionarios del gobierno nunca informaron a la comunidad sobre los problemas

de salud que resultaron de las prácticas ambientales de la planta. Como un

miembro de la comunidad describió los sentimientos de ésta acerca de la falta

de información: “Nunca vino nadie. Nadie nunca nos dijo que estábamos viviendo

totalmente envenenados por el plomo.”

 

Con una abrumadora mayoría de los niños en Abra Pampa con

signos de grave envenenamiento por plomo, el fracaso del gobierno para proporcionar

estos recursos es particularmente nocivo. Por ejemplo, un estudio realizado en

el 2006 mostró que aproximadamente el 80% de los niños en Abra Pampa tenía

niveles de plomo en la sangre superiores a 5 µg/dl (microgramos por decilitro); cerca

del 16% de los niños de la ciudad muestran niveles de plomo en la sangre

superiores a 20 µg/dl. Si

bien 10 µg/dl de

plomo es reconocido internacionalmente como peligroso, existe creciente

consenso médico en señalar que niveles tan bajos como 3 µg/dl se asocian

a efectos adversos para la salud en los niños, incluyendo un retraso en la

pubertad, alteraciones de la visión, problemas de aprendizaje y alteraciones o

daños a la función motora. Los efectos del envenenamiento por plomo en los

niños son especialmente graves ya que al aumentar los niveles de plomo en la

infancia, el IQ comienza a disminuir significativamente.

 

Aún, hoy en día, ni el gobierno federal ni el provincial

han logrado desarrollar un programa de salud integral para el tratamiento de

los habitantes de Abra Pampa que sufren de envenenamiento por plomo. Como lo

explica Ariel Dulitzky, Director de la Clínica de Derechos Humanos: “El

gobierno argentino ha sido lento en reconocer los problemas en Abra Pampa. Y

cuando finalmente lo hizo, respondió de forma inadecuada, contribuyendo a los

problemas ambientales con prácticas de saneamiento ambiental pobres, asignando

recursos insuficientes para supervisar y resolver los problemas de salud, y

operando con una falta general de transparencia que mantiene a la comunidad en

la oscuridad sobre lo que está sucediendo en su ciudad.”

 

Además de ser afectados por los humos blancos,

algunos residentes de Abra Pampa viven en el Barrio 12 de Octubre, construido

por el gobierno sobre residuos tóxicos. Los residentes continúan jugando al

fútbol dentro del área no cercada donde se encuentra uno de los más grandes

depósitos de residuos tóxicos y las familias caminan de sus casas a otras

partes de la ciudad a través de un camino que atraviesa la misma área. Las

señales de peligro que habían sido colocados desaparecieron y el gobierno jamás

los reemplazó.

Abra Pampa es una ciudad empobrecida en una de las

provincias más marginales de la Argentina. Las actividades de Metal Huasi en la

ciudad y el fracaso del gobierno argentino en ejercer un control adecuado y

proporcionar los recursos necesarios para remediar la situación han dejado la

ciudad en un estado desesperante; como Raúl García remarcó: “Minería. Pan

para hoy, hambre para mañana”. El fracaso del gobierno argentino para hacer

cumplir sus leyes nacionales y obligaciones internacionales en materia de salud

y medio ambiente, o para mantener a sus ciudadanos informados sobre estas

cuestiones, sin duda, tendrá repercusiones más allá de Abra Pampa. Como señala

Dulitzky: “El Secretario Nacional de Minería informa que actualmente hay

más de 400 proyectos planeados o ya puestos en marcha en la Argentina, lo que

significa que si el gobierno sigue sin aplicar sus leyes y sin responder a los

problemas de una manera eficaz, eficiente, y transparente, pronto puede haber

muchas ciudades como Abra Pampa -abandonadas por la minería y envenenados por

plomo”.

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La Clínica de Derechos Humanos es parte de la Facultad de Derecho de la

Universidad de Texas. En la Clínica, un grupo interdisciplinario de estudiantes

de derecho y estudiantes de posgrado trabajan bajo la supervisión del Director

de la Clínica, Ariel Dulitzky, en proyectos de derechos humanos a través de la

investigación de hechos, confección de informes, asesoría, protección y promoción

de los derechos humanos y otros tipos de defensas. La Clínica está involucrada

en una gran diversidad de actividades que incluyen el apoyo a acciones de

incidencia en foros domésticos e internacionales, la investigación y

documentación de violaciones a los derechos humanos y participación activa en

campañas de derechos humanos tanto globales y locales.

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