Ejecución del francotirador: ¿justicia o venganza?

John Allen Muhammad fue ejecutado la noche del martes en Virginia por su participación, junto con su cómplice adolescente Lee Boyd Malvo, en la ola de ataques contra víctimas inocentes en octubre de 2002 que dejaron 10 muertos y varios heridos en el área de Washington.

El gobernador de Virginia, Timothy Kaine, quien es católico y se opone a la pena de muerte, negó clemencia a Muhammad al indicar que el veredicto y la sentencia fueron revisados por las cortes estatales y federales, incluyendo la Corte Suprema.

El obispo Paul Loverde, de la Diócesis de Arlington, Virginia, indicó en su página electrónica que “en las agujas de la inyección letal, vemos la manifestación de la desesperación”, que lleva a la sociedad a usar la pena de muerte, lo cual “va más allá del juicio legítimo de los crímenes”.

“Cuando existe la opción de la condena de por vida sin la posibilidad de libertad condicional en una prisión de máxima seguridad, no tenemos necesidad de la pena de muerte”, reflexionó el obispo Lovato, quien recordó que Jesús salvó a la adúltera de morir apedreada.

El francotirador de Washington fue declarado muerto a las 9.11 p.m., cinco minutos después de recibir una inyección letal que incluyó tiopental sódico para dejarlo inconciente, bromuro de pancuronio que interrumpió su respiración y cloruro de potasio para producirle un paro cardiaco.

Contrario a la tradición en las ejecuciones, Muhammad rehusó decir sus últimas palabras antes de su muerte y declinó reunirse con un consejero espiritual, pero pasó sus últimas horas con sus familiares. Sus últimos alimentos fueron pollo en salsa roja y pasteles de fresa.

Muhammad, de 48 años, fue sujetado en una camilla en la “cámara del muerte”. Seis testigos estatales y tres periodistas presenciaron la ejecución en uno de los cuartos. En otro cuarto oscurecido, para proteger su privacidad, estaban los familiares de las víctimas.

Activistas del grupo Alternativas de Virginia a la Pena de Muerte organizaron vigilias la noche de la ejecución para protestar contra la pena capital.

La organización de derechos humanos, Amnistía Internacional, que se opone a la pena de muerte en todos los casos sin excepción, indicó en un comunicado que “al igual que la tortura, el asesinato deliberado de prisioneros es una violación fundamental de los derechos humanos”.

Ningún ser humano, no importa lo horrendo que sean sus crímenes, debe ser sujeto a la clase de castigo o trato cruel, inhumano o degradante que representa tanto la tortura como las ejecuciones, indicó la organización.

Muhammad, veterano de la guerra del golfo Pérsico, y su cómplice jamaiquino Malvo, entonces de 17 años y condenado a cadena perpetua, cometieron los asesinatos en octubre de 2002 con un rifle calibre .223 activado desde un agujero de un Chevrolet Caprice azul de 1990.

El abogado de Muhammad, Jon Sheldon, dijo que el público fue protegido del francotirador en los pasados siete años y que más bien merecía la cadena perpetua debido a sus severos problemas mentales.


Las víctimas del francotirador fueron James Martin, James L. Buchanan, Premkumar Walekar, Sarah Ramos, Lori Ann Lewis-Rivera, Conrad Johnson, Pascar Charlot, Dean Harold Meyers, Kenneth Bridge y Linda Franklin.


Muhammad fue condenado por el asesinato de Meyers, en el condado de Prince William, en Virginia, que fue escogido por las autoridades federales porque sus leyes permiten un proceso más rápido para la aplicación de la pena de muerte.

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