La mala memoria

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Por Rafael

Prieto Zartha

La semana

pasada doce senadores enviaron una carta a la Secretaria de Seguridad Nacional

(DHS), Janet Napolitano, increpándola por su pronunciamiento público del 13 de

noviembre a favor de una reforma migratoria integral que hizo en cumplimiento

con la promesa del presidente Barack Obama de impulsar la legalización de doce

millones de indocumentados.

La misiva

fechada el 20 de noviembre criticó la aserción de Napolitano que la

regularización de los inmigrantes “fortalecería la economía” y los convertiría

en contribuyentes plenos al fisco.

El correo

estuvo firmado, obviamente, por los senadores Jeff Sessions de Alabama y David

Vitter de Louisiana, quienes encabezaron la oposición al proyecto de reforma

migratoria en 2007.

Sin que

hubiera sorpresa, entre los signatarios del documento estuvieron los

legisladores federales Charles Grassley de Iowa, Jim Bunning de Kentucky, James

Inhofe de Oklahoma, John Thune de Dakota del Sur, Mike Crapo de Idaho y Orrin

Hatch de Utah, quienes votaron contra el proyecto hace dos años.

Al grupo se

unieron los senadores primíparos Roger Wicker de Mississippi y James Risch de

Idaho.

También el

dúo de senadores de Georgia, Johnny Isakson and Saxby Chambliss, que al parecer

no cuentan con memoria de elefante, se unieron al coro que le llamó la atención

a Napolitano.

Isakson y

Chambliss parecen no acordarse que los indocumentados han sido providenciales

para la economía de su estado cuando las conveniencias lo han mandado.

Para la

muestra está el testimonio de un enemigo de los indocumentados, quien presentó

-el 15 de junio de 2000- un testimonio ante el Subcomité de Inmigración del

Comité Judicial de la Cámara de Representantes. Mark Krikorian, del Centro de

Estudios Inmigración, una institución restriccionista, dijo entonces lo

siguiente:  “Cuando el Servicio de Inmigración y Naturalización (INS)

realizaba redadas durante la cosecha de cebollas Vidalia en 1998, el modesto

número de ilegales que logró detener fue aminorado por los millares de ilegales

que abandonaron los campos para evitar ser arrestados. En pocas horas

empleadores y políticos locales expresaron su descontento, y para el fin de

semana los dos senadores de Georgia y tres representantes enviaron una carta a

la Procuraduría General y los secretarios de Trabajo y Agricultura criticando

ásperamente la acción del INS por su “falta de consideración con los

granjeros”.

Las

publicaciones de la época registran que en esa primavera, el INS suspendió las

redadas hasta que toda la cosecha fue recolectada.

Yo no pongo

las manos en el fuego por Krikorian, pero dudo que en esa ocasión haya dicho

mentiras cuando se estaba refiriendo a que legisladores y funcionarios

gubernamentales se hicieron de la vista gorda respecto a las disposiciones

legales.

Volviendo a

la carta de los doce senadores, es inmoral que pidan “cesar la discusión acerca

de establecer un programa de legalización”, cuando los indocumentados ya han

hecho aportes al país.

Voy a

rememorar dos conocidos casos de inmigrantes que trabajaron duro en Estados

Unidos, pero su suerte fue dispar.

Cristóbal 

Chávez Torres, un obrero de 66 años, fue arrestado el 6 de julio de 2005 por

agentes federales en la Base de la Fuerza Aérea Seymour Johnson, en Carolina

del Norte.

Aunque los

investigadores aseveraron que ni él ni los otros 47 detenidos en la redada

representaban un peligro para la seguridad del país, el albañil mexicano fue

puesto en proceso de deportación.

Pero Chávez

Torres guardaba un secreto sobre su estadía de siete años en Carolina del

Norte. El hombre, que no había ganado más de 7.25 dólares la hora, había

ahorrado  casi 32 mil dólares que guardó en un frasco de mermelada que

enterró en el patio trasero de su “traila”.

El inmigrante

tuvo suerte. Gracias a instancias del Consulado de México en Raleigh, las

autoridades le permitieron quedarse con su dinero.

Otra vivencia

fue la de Pedro Zapeta, un indígena maya de 41 años, oriundo de Guatemala.

Zapeta demoró

26 días en su travesía hacia Estados Unidos, y finalmente se estableció en

Stuart, Florida, donde trabajó durante una década lavando platos, haciendo dos

o tres turnos.

El promedio

de su ingreso fue de 5.50 dólares por hora, con la finalidad de construir una

casa para su familia.

El 18 de

septiembre de 2005, Zapeta fue detenido por agente federales cuando intentaba

abordar un vuelo hacia Guatemala.

Zapeta no

llenó el formulario que obliga a los viajeros reportar el traslado fuera del

país más de 10 mil dólares. El indígena llevaba en un pequeño maletín 59 mil

dólares que les fueron confiscados.

Hasta el día

de hoy, el gobierno no le ha regresado el dinero que ahorró el lavaplatos,

según me confirmó recientemente su abogado, Robert Gershman. Esto pese a que la

Corte de Apelaciones de Atlanta falló en 2008 a favor del indígena.

En relación

al caso de Zapeta, un lector del sitio de internet News Blaze escribió: “Pedro…

usted es un despreciable criminal que debe largarse de Estados Unidos y no

regresar ¡nunca! Pedro, respecto a los 59 mil dólares, vamos a usar ese dinero

para la construcción del muro en la frontera”.

Rafael Prieto

Zartha es un periodista y columnista colombiano radicado en Carolina del Norte

[email protected]

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