La FTC lidera la operación “Stolen Hope” contra el fraude hipotecario

El presidente de la Comisión Federal de Comercio Comercio (Federal Trade Commission,

FTC) Jon Leibowitz, junto al Senador de EE.UU. Harry Reid, la Fiscal

General de Nevada Catherine Cortez Masto y el Secretario Adjunto de

Justicia de la División Civil del Departamento de Justicia de Estados

Unidos Tony West, anunciaron la Operación Stolen Hope

que forma parte de las continuas medidas de fuerza implementadas a

nivel federal y estatal contra las estafas de servicios de rescate de

ejecución hipotecaria y modificación de préstamos.  Esta operación

involucra 118 acciones entabladas por 26 agencias federales y

estatales.  Las de la FTC fueron anunciadas en Nevada, donde una de

cada 23 casas está enfrentando la ejecución hipotecaria.

El presidente de la FTC Jon Leibowitz dijo al respecto: “Estos operadores dirigieron

sus acciones contra consumidores que estaban al borde del desastre

financiero, y en lugar de impedir su caída, los empujaron al vacío.” Y

agregó: “Si está preocupado por conservar su casa, evite a todas

aquellas compañías que le pidan que pague un alto cargo por adelantado,

le garanticen detener una ejecución hipotecaria o una modificación de

préstamo, o le digan que deje de pagarle a su compañía hipotecaria para

pagarles a ellos.”

La FTC anunció seis demandas judiciales,

alcanzando hasta la fecha un total de 28 casos entablados por la

Comisión contra servicios de asistencia para hipotecas desde el

comienzo de la crisis de la vivienda. Veinticinco fiscales generales

estatales y otras agencias estatales y locales anunciaron 112 acciones

similares.

En las acciones de la FTC anunciadas en el día

de la fecha, los demandados declararon falsamente que podrían obtener

modificaciones de los términos de los préstamos hipotecarios de los

consumidores, lo cual tendría como resultado que el monto de las cuotas

de sus hipotecas fuera considerablemente más accesible.  A menudo,

después de cobrar por adelantado cargos altos, los demandados hicieron

poco o nada para ayudar a los propietarios a renegociar sus hipotecas. 

De acuerdo a las alegaciones contenidas en las demandas de la FTC,

algunos de los demandados declararon falsamente un alto índice de éxito

y prometieron entregar reintegros a los consumidores en caso de no

lograr la modificación de sus hipotecas, y otros demandados declararon

falsamente estar afiliados con el gobierno federal, con entidades de

préstamo o con administradores de préstamos hipotecarios para

consumidores.  En todos los casos se alega la violación de las

disposiciones de la Ley de la FTC (FTC Act).  Además, en varios de los casos se alegan violaciones de las disposiciones de la Regla de Ventas de Telemercadeo (Telemarketing Sales Rule, TSR) y de la Ley de Organizaciones de Reparación de Crédito (Credit Repair Organizations Act, CROA). 

En todos los casos, la FTC le está solicitando a la corte que ordene el

cese de las declaraciones engañosas de los demandados y que dictamine

la devolución de las ganancias mal habidas.  La corte ya expidió una

orden inhibitoria de carácter temporal para cinco de los casos y

congeló los activos de los demandados.

La compañía Crossland Credit Consulting Corp.

y sus codemandados operaron esquemas engañosos de refinanciación

hipotecaria, reparación de crédito y modificación de préstamos. 

Prometieron falsamente que utilizarían los ingresos provenientes de las

refinanciaciones hipotecarias para cancelar rápidamente los préstamos

originales, pero a menudo, en lugar de cancelar los préstamos se

embolsaron el dinero de las refinanciaciones.  Los demandados

manifestaron falsamente que repararían los registros de crédito de los

consumidores eliminando los datos negativos pero correctamente

registrados para que pudieran acceder a préstamos hipotecarios, y

además les cobraron cargos por adelantado por dichos servicios

infringiendo las disposiciones de la ley CROA y de la regla TSR. 

También declararon falsamente que obtendrían modificaciones de los

términos de las hipotecas de los consumidores para conseguir tasas de

interés y cuotas mensuales considerablemente más bajas.  La corte

ordenó inmediatamente la prohibición de dichas prácticas y decretó el

congelamiento de los activos de los demandados a la espera de la

audiencia del caso.

El resultado de la votación de la

Comisión para autorizar a su personal a presentar la demanda fue 4-0. 

La demanda fue presentada ante la Corte Federal de Distrito para el

Distrito Sur de Florida.  A solicitud de la FTC, la corte ordenó el

cese de las operaciones ilegales a la espera de la resolución del caso.

Se alega que Crowder Law Group

y sus codemandados se presentaron falsamente a sí mismos como una

agencia del gobierno federal o como una afiliada de una agencia

gubernamental federal.  En sus tarjetas postales personalizadas y

destinadas a los consumidores decían: “Usted puede reunir los

requisitos para acceder a un nuevo programa de ayuda financiera para

refinanciar su actual hipoteca…”  En algunas de las tarjetas postales

se describían los programas de los demandados como programas federales

y además, estaban firmadas por un abogado del estado de residencia de

los consumidores.  Los demandados les cobraron a los consumidores un

cargo de $2,000.  La corte ordenó inmediatamente la prohibición de

dichas prácticas y decretó el congelamiento de los activos de los

demandados a la espera de la audiencia del caso.  A algunos de los

demandados de este caso se les estipuló un interdicto de carácter

preliminar con una disposición que establece el congelamiento de sus

activos.

El resultado de la votación de la Comisión para

presentar la demanda fue 4-0.  La demanda fue presentada ante la Corte

Federal de Distrito para el Distrito Medio de Florida.

En la demanda de la FTC se alega que The Debt Advocacy Center

les cobró a los consumidores $1,500 por adelantado y les prometió un

reintegro de $1,500 o más en caso de que fracasaran en su intento de

conseguir una modificación de sus respectivos préstamos.  La Comisión

alegó que cuando no se logró conseguir la modificación de los términos

de los préstamos de los consumidores, The Debt Advocacy Center les dijo

que el monto de $1,500 pagado por adelantado sólo cubría los costos del

asesoramiento y de los materiales educativos y se negaron a devolver

los montos pagados por los consumidores.  Además, The Debt Advocacy

Center declaró poseer un índice de éxito del 90 por ciento, y

presuntamente efectuó débitos a las cuentas bancarias de los

consumidores e hizo cargos a sus tarjetas de crédito sin la debida

autorización.  En abril de 2009, The Debt Advocacy Center recibió una

carta de la FTC en la cual se le advirtió que sus anuncios podían estar

violando las disposiciones de la ley federal, pero fue poco lo que

hicieron para cambiar sus prácticas.  A solicitud de la FTC, la corte

ordenó el cese de las operaciones ilegales y un congelamiento de los

activos de los demandados a la espera de la resolución del caso.

El

resultado de la votación de la Comisión para presentar la demanda fue

4-0.  La demanda fue presentada ante la Corte Federal de Distrito para

el Distrito Norte de Ohio, División Este.

Se alega que First Universal Lending y

sus directivos manifestaron tanto en su sitio Web como en las llamadas

telefónicas efectuadas a propietarios de vivienda con dificultades para

cumplir con los pagos de sus hipotecas que podrían negociar

modificaciones para sus respectivos préstamos lo cual originaría una

reducción en el monto de los pagos mensuales de las hipotecas.  En la

demanda de la FTC se alega que los demandados les cobraron a los

consumidores altísimos cargos por adelantado, que en ocasiones

superaban los $7,000, y les dijeron que si dejaban de pagar las cuotas

de sus hipotecas esto podría ayudarlos en las negociaciones con sus

prestadores.  En muchos casos, no lograron conseguir las modificaciones

de préstamo para los consumidores.  A solicitud de la FTC, la corte

ordenó el cese de las operaciones ilegales y un congelamiento de los

activos de los demandados a la espera de la resolución del caso.

El

resultado de la votación de la Comisión para presentar la demanda fue

4-0.  La demanda fue presentada ante la Corte Federal de Distrito para

el Distrito de Florida, División West Palm Beach.

Se alega que Kirkland Young

y su gerente se presentaron falsamente a sí mismos como prestadores

hipotecarios, o administradores o afiliados de entidades de préstamo. 

La compañía dejó mensajes en los teléfonos de los consumidores diciendo

que querían aprobarlos para que pudieran acceder a una modificación de

préstamo.  Los demandados hablaron con los consumidores por teléfono

sobre tasas de interés y cuotas mensuales específicas y les prometieron

que podrían hacer los trámites necesarios para detener las ejecuciones

hipotecarias.  En la demanda se alega que incumplieron sus promesas de

conseguir modificaciones de préstamo para lograr que los montos de las

cuotas fueran más accesibles para los prestatarios.  A solicitud de la

FTC, la corte ordenó el cese de las operaciones ilegales y un

congelamiento de los activos de los demandados a la espera de la

resolución del caso.

El resultado de la votación de la

Comisión para presentar la demanda fue 4-0.  La demanda fue presentada

ante la Corte Federal de Distrito para el Distrito Sur de Florida.

Truman Foreclosure Assistance

y sus codemandados cobraron cargos de entre $1,500 y $3,000,

requiriendo una parte considerable por adelantado.  De acuerdo a las

alegaciones contenidas en la demanda de la FTC, los mencionados

demandados declararon falsamente una tasa de éxito del 99 por ciento y

manifestaron que la contratación de sus servicios implicaba un riesgo

muy bajo porque estaban respaldados por una “Garantía de Reintegro de

Dinero del 100%”, que según se alega, se negaron a cumplir en vario

casos.

El resultado de la votación de la Comisión para

presentar la demanda fue 4-0.  La demanda fue presentada ante la Corte

Federal de Distrito para el Distrito Sur de Florida.

La FTC

anunció también la presentación de una demanda enmendada imputando a

otros demandados en un caso previo de servicios de asistencia para

hipotecas:

La FTC presentó una demanda enmendada en su acción pendiente contra la compañía Dinámica Financiera, LLC

agregando en condición de demandados a Oficinas Legales de Eric-Douglas

Johnson, Inc. y al ex abogado Eric Douglas Johnson que continuaron con

las operaciones de los demandados originales con posterioridad al 3 de

junio de 2009, fecha en la cual la corte expidió un interdicto de

carácter preliminar.  En el momento en el cual el demandado Eric

Douglas Johnson se incorporó a la operación, la legislación de

California permitía que los abogados aceptaran cargos por adelantado

por la prestación de servicios de modificación de préstamos

hipotecarios.  En la demanda original, presentada en mayo de 2009, se

alegó que los demandados les prometieron falsamente a consumidores

hispanohablantes que estaban atrasados con los pagos de sus hipotecas

que podrían detener las ejecuciones hipotecarias.  (Véase comunicado de

prensa del 27 de mayo de 2009 disponible en http://www.ftc.gov/opa/2009/05/mortgagerescue.shtm).

El

resultado de la votación de la Comisión para autorizar a su personal a

presentar la demanda enmendada propuesta fue 4-0.  La demanda y la

demanda enmendada propuesta fueron presentadas ante la Corte Federal de

Distrito para el Distrito Central de California.

Además de

los casos mencionados anteriormente, la FTC ha obtenido acuerdos

resolutorios para tres casos previamente presentados contra estafas de

servicios de asistencia para hipotecas y un acuerdo parcial en otro de

los casos.  

Primero, la Comisión obtuvo un acuerdo sobre una

orden de una corte federal decretando el cese de las presuntas

prácticas engañosas de Peter J. Porcelli, Safe Harbour Foundation of Florida, Inc., Silverstone Lending, LLC, y Silverstone Financial, LLC,

sobre quienes se alega que persuadieron a propietarios de vivienda para

que aceptaran préstamos de corto plazo, de alto costo y garantizados

por una hipoteca adicional de sus casas, lo cual constituye una

violación de la ley federal y una infracción de los términos de una

orden judicial expedida anteriormente en su contra.  (Véase comunicado

de prensa del 28 de febrero de 2008 disponible en http://www.ftc.gov/opa/2008/02/rescue.shtm).  Este acuerdo también resuelve una acción por desacato contra los mencionados demandados.

La

orden resolutoria de este caso les prohíbe a los demandados que

participan de este acuerdo comprometerse en prácticas de préstamo

específicas que infrinjan la ley llamada Home Ownership and Equity Protection Act

(HOEPA), incluyendo la posibilidad de efectuar préstamos HOEPA sin

considerar la capacidad de repago de un consumidor.  En la orden de

acuerdo resolutorio también se les prohíbe comprometerse en prácticas

de préstamo que infrinjan la ley HOEPA y las disposiciones de la

Regulación Z referidas a la divulgación de información y falsedad.  La

orden les impone una sentencia monetaria de $2.79 millones de dólares

que quedará en suspenso basándose en la incapacidad de pago manifestada

por los demandados.  En caso que se compruebe que los demandados

tergiversaron su situación financiera, el monto de la sentencia

monetaria será pagadero de forma inmediata.  En una orden resolutoria

separada contra el codemandado Southeast Advertising, Inc. se

aplican las mismas prohibiciones y también se le prohíbe a dicha

compañía la aceptación de la asignación de un préstamo que contenga

cualquiera de las características descritas en las órdenes.  El

resultado de la votación de la Comisión para presentar cada una de las

órdenes finales estipuladas fue 4-0.  Las órdenes fueron presentadas

ante la Corte Federal de Distrito para el Distrito Norte de Illinois,

División Este.

Segundo, La FTC ha obtenido una orden estipulada que le prohíbe a Thomas Ryan el

ofrecimiento de servicios de asistencia para hipotecas.  La FTC alega

que por medio de sus sitios Web – bailout.hud-gov.us y

bailout.dohgov.us, en los que se podía ver un sello de aspecto oficial

y donde se listaban los nombres de varios planes de asistencia para

propietarios de vivienda ofrecidos por el gobierno federal–

Ryan indujo a error a los propietarios haciéndoles creer que él era el

propio gobierno de Estados Unidos.  (Véase comunicado de prensa del 6

de abril de 2009 disponible en http://www.ftc.gov/opa/2009/04/hud.shtm). 

La orden de acuerdo resolutorio también le prohíbe a Ryan efectuar

declaraciones falsas respecto de servicios y productos financieros o

sobre cualquier otro producto o servicio.  El resultado de la votación

de la Comisión para autorizar a su personal a presentar la orden final

estipulada fue 4-0.  La orden fue ingresada ante la Corte Federal de

Distrito para el Distrito de Columbia.

Tercero, la Comisión ha aceptado los acuerdos resolutorios aplicables a su caso contra Freedom Foreclosure Prevention Services, LLC que

se encuentran pendiente de la aprobación de la corte, cuyos términos

prohibirían a Jeffrey Segal y a Michael Workman continuar trabajando

dentro del sector de servicios de modificación de préstamos y los

inhibe de efectuar declaraciones falsas respecto de hechos materiales

relacionados con la venta de cualquier tipo de bienes y servicios.  Los

acuerdos resolutorios también impondrían las sentencias monetarias de

$5,462,432 suspendidas debido a la incapacidad de pago de los

demandados.  Segal y Workman llevaron a cabo una operación falsa de

servicios de asistencia para ejecuciones hipotecarias en la que

tergiversaron los servicios de “mitigación de pérdidas” ofrecidos y las

potenciales ganancias de una oportunidad de negocio que ofrecieron a la

venta. (Véase comunicado de prensa del 22 de junio de 2009 disponible

en http://www.ftc.gov/opa/2009/06/freedom.shtm). 

El resultado de la votación de la Comisión para autorizar a su personal

a presentar cada una de las órdenes finales estipuladas fue 4-0, con el

acuerdo y disentimiento parcial del Comisionado Thomas Rosch.  En [http://www.ftc.gov/os/2009/11/091124roschstmt.pdf]

se puede consultar una copia de su declaración.  Las órdenes fueron

presentadas ante la Corte Federal de Distrito para el Distrito de

Arizona.

Cuarto, la FTC ha obtenido un acuerdo resolutorio

parcial que se encuentra pendiente de la aprobación de la corte, cuyos

términos les prohibirán a Brian Blanchard, único propietario de B Home

Associates, LLC en ejercicio del comercio bajo el nombre de Expert

Foreclosure, y a Michael Grieco, ambos propietarios parciales de Home Assure, LLC, continuar con sus presuntas prácticas engañosas. Las

órdenes resolutorias prohíben que Blanchard y Grieco falseen hechos

materiales sobre cualquier tipo de producto o servicio y los inhibe de

vender o divulgar de algún otro modo la información personal de

cualquier persona que les haya efectuado un pago.  Las órdenes

resolutorias imponen las sentencias monetarias suspendidas por

$3,849,919.84 y $3,721,807.84 decretadas contra Blanchard y Grieco

respectivamente.  Ambos les prometieron falsamente a los consumidores

que podrían hacer los trámites necesarios para detener las ejecuciones

hipotecarias, independientemente del monto adeudado por los

consumidores, cobraron cargos adelantados de hasta $2,500, y

prometieron reintegros totales en caso de no poder cumplir con lo

prometido.  (Véase comunicado de prensa del 6 de abril de 2009

disponible en http://www.ftc.gov/opa/2009/04/hud.shtm). 

El resultado de la votación de la Comisión para autorizar a su personal

a presentar cada una de las órdenes finales estipuladas fue 4-0.  Las

órdenes fueron presentadas ante la Corte Federal de Distrito para el

Distrito Medio de Florida.

La FTC le solicita al público

que denuncie las estafas de rescate de ejecución hipotecaria y de

modificación de préstamos hipotecarios en FTC.gov, o llamando al

1-877-FTC-HELP.  La FTC ingresa los datos de las quejas enviadas por

los consumidores a la Red Centinela del Consumidor, y por medio de esta

red, las pone a disposición de las agencias de ejecución de la ley

competentes del ámbito federal, estatal y local.

NOTA:

La Comisión presenta una demanda cuando existe una “razón para creer”

que la ley ha sido o está siendo violada y cuando la Comisión considera

que el procedimiento es de interés público.  Una demanda no es un fallo ni

una sentencia respecto de la violación efectiva de la ley por parte de

los demandados.  Las órdenes judiciales estipuladas sólo se expiden con

fines de acuerdo y no necesariamente constituyen una admisión respecto

de la violación efectiva de la ley por parte de los demandados.  Las

órdenes estipuladas adquieren plena fuerza de ley cuando son firmadas

por el juez.

La FTC trabaja en favor del consumidor para

la prevención de prácticas comerciales fraudulentas, engañosas y

desleales y para proveer información para ayudar a los consumidores a

identificar, detener y evitar dichas prácticas.  Para presentar una queja en inglés o en español visite www.ftc.gov/espanol

o llame sin cargo al 1-877-FTC-HELP (1-877-382-4357); TTY:

1-866-653-4261.  La FTC ingresa las quejas presentadas por los

consumidores a una base de datos segura llamada Red Centinela del Consumidor (Consumer Sentinel)

que es utilizada por más de 1,700 agencias de cumplimiento de las leyes

civiles y penales en los Estados Unidos y del extranjero.  El sitio Web

de la FTC provee información gratis sobre una variedad de temas del

consumidor.

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