CIDH preocupada por violencia en México

De acuerdo con información difundida por distintos medios de comunicación, el miércoles 20 de enero de 2010 en horas de la mañana se produjeron tres riñas simultáneas en tres puntos distintos del CERESO No. 1. De acuerdo a las autoridades, las riñas se habrían producido como consecuencia de disputas entre miembros de facciones o grupos criminales rivales y resultaron en la muerte de 23 internos, la mayoría procesados o condenados por delitos federales. Según la información obtenida por la CIDH, no es la primera vez que sucede este tipo de matanzas al interior de las prisiones del Estado de Durango.

La CIDH expresa preocupación por los hechos ocurridos, se solidariza con las familias de los internos muertos violentamente, y recuerda que las obligaciones estatales en materia de derechos humanos incluyen la obligación de adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la vida e integridad personal de las personas privadas de libertad.

En este sentido, la CIDH hace un llamamiento urgente a las autoridades mexicanas, a fin de que adopten las medidas idóneas, incluyendo reformas estructurales, destinadas a prevenir brotes de violencia en los centros penitenciarios. La Comisión dará seguimiento a las referidas iniciativas del Estado.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión está integrada por siete miembros independientes que se desempeñan en forma personal, que no representan a ningún país en particular y que son elegidos por la Asamblea General de la OEA.

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CIDH condena asesinato de periodista

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH condenó enérgicamente el asesinato del periodista José Luis Romero del noticiero radial “Línea Directa”, Radio Sistema del Noroeste del Estado de Sinaloa, México. Se trata del segundo periodista asesinado en México en lo que va de 2010. La Relatoría Especial exhorta una vez más a las autoridades mexicanas a fortalecer en forma urgente los cuerpos de investigación abocados al esclarecimiento de esta clase de crímenes, e insta al Estado mexicano a crear sin ningún tipo de demoras mecanismos especiales de protección que respondan adecuada, efectiva y oportunamente a la gravísima situación de riesgo que viven los periodistas en ese país, particularmente en la zona de la frontera norte.

Según la información recibida, el periodista José Luis Romero, quien cubría temas policiales, había sido secuestrado el 30 de diciembre de 2009. El pasado sábado 16 de enero de 2010, su cuerpo fue hallado sin vida a la vera de una carretera que conduce a la ciudad de Los Mochis, en el Estado de Sinaloa. Según la información recibida por esta oficina, la autopsia habría indicado que Romero llevaba más de quince días muerto al momento del hallazgo de sus restos. Las sospechas recaen, una vez más, en las organizaciones delictivas que controlan el narcotráfico en la frontera norte de México con los Estados Unidos.

Durante el año 2009, al menos diez periodistas fueron asesinados en México por motivos relacionados con el ejercicio de su profesión. Estos hechos fueron condenados una y otra vez por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, y en cada oportunidad se reiteró el llamado urgente a las autoridades mexicanas para que investiguen los crímenes y sancionen adecuadamente a los responsables. Además, se solicitó la adopción de medidas urgentes tendientes a proveer protección a los comunicadores sociales debido a la indudable situación de riesgo que viven permanentemente.

En ese sentido, la Relatoría Especial reitera su llamado al Estado mexicano a que impulse de manera decidida las investigaciones existentes sobre los crímenes contra los comunicadores y a que adopte, lo antes posible, medidas indispensables para proteger a la prensa, tales como el fortalecimiento de la Fiscalía Especial, la federalización de los delitos cometidos en contra de periodistas y la implementación de mecanismos permanentes de protección especializados para garantizar la vida y la integridad de los comunicadores en riesgo.

La Relatoría Especial recuerda que el principio 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH señala: “El asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada”.

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