Demanda contra Uruguay por derechos humanos

El caso se refiere a la desaparición forzada de María Claudia García Iruretagoyena de Gelman, cometida por agentes estatales uruguayos desde finales de 1976, sin que hasta la fecha se conozca su paradero y las circunstancias en que tuvo lugar su desaparición.

Asimismo, por la supresión de la identidad y nacionalidad de María Macarena Gelman García Iruretagoyena, hija de María Claudia García de Gelman y Marcelo Gelman; y por la denegación de justicia, impunidad y, en general, el sufrimiento causado a Juan Gelman, su familia, María Macarena Gelman García Iruretagoyena y los familiares de María Claudia García de Gelman, como consecuencia de la falta de investigación de los hechos, juzgamiento y sanción de los responsables en virtud de la Ley Nº 15.848 o Ley de Caducidad, promulgada en 1986 por el gobierno democrático del Uruguay.

El caso se envió a la Corte IDH el 21 de enero de 2010 porque la Comisión determinó que el Estado no había dado cumplimiento satisfactorio a las recomendaciones contenidas en el informe de fondo aprobado por la CIDH de acuerdo al artículo 50 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En dicho informe la Comisión concluyó que el Estado de Uruguay era responsable por la violación de derechos consagrados en la Convención.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión está integrada por siete miembros independientes que se desempeñan en forma personal, que no representan a ningún país en particular y que son elegidos por la Asamblea General de la OEA.

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