Recomiendan balancear aplicación de las leyes migratorias y la protección de niños y familias

Unos 12 millones de inmigrantes sin autorización viven dentro de las fronteras de los Estados Unidos Tres cuartas partes de los 5.5 millones de niños con padres no autorizados son ciudadanos de EU de nacimiento. Estos niños (más del 7% de todos los niños en los EU), viven bajo la amenaza constante de que sus padres sean arrestados, separados de ellos o incluso deportados.

“Enfrentando nuestro futuro: los niños y las consecuencias de la aplicación de las leyes migratorias” (en inglés, “Facing Our Future: Children in the Aftermath of Immigration Enforcement”) examina de cerca el impacto de las actuales políticas migratorias en los niños de padres inmigrantes no autorizados, área que hasta ahora se ha quedado fuera del foco de atención del tema migratorio. El informe describe las experiencias de más de cien niños afectados por las redadas en lugares de trabajo, además de arrestos individuales, realizadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en las ciudades de Grand Island, Nebraska; New Bedford, Massachussets; Van Nuys, California; Postville, Iowa; Miami, Florida; y Rogers y Springdale, en Arkansas. Los hechos ocurrieron entre diciembre de 2006 y mayo de 2008, una época durante la cual el número total de arrestos, detenciones y deportaciones se incrementó significativamente en comparación a los años anteriores.

Además de la separación de uno o ambos progenitores, muchos de los niños en el estudio han tenido que soportar durísimas privaciones cuando se arresta al sostén de la familia, que se ve imposibilitado de trabajar. El estudio describe cómo en muchos casos, la falta de ingresos provoca meses de inestabilidad en torno a la vivienda, problemas de alimentación precaria y mala nutrición. Muchos niños tienen dificultades para dormir o pierden el apetito, y muchos adolescentes se vuelven agresivos o retraídos.

A pesar de que no se ha frenado la aplicación de las leyes de inmigración, el gobierno del presidente Barack Obama ha suspendido las redadas a gran escala y ha favorecido el programa electrónico E-Verify, diseñado para confirmar la elegibilidad para trabajar legalmente. Los investigadores del estudio recomiendan que el ICE extienda la suspensión de las redadas a gran escala y que amplíe el protocolo humanitario para que éste se aplique a todos los padres arrestados por operativos migratorios, incluso los realizados por los Fugitive Operation Teams (equipos de agentes que buscan y arrestan a personas con órdenes de deportación) y la policía local. Si la detención de un padre o madre es obligatoria, los investigadores recomiendan que el ICE mantenga al detenido o detenida cerca de su domicilio y que se le permitan más visitas con sus familias, abogados y oficiales consulares.

Los investigadores sugieren, además, que la reforma a la ley migratoria proponga que todos los niños nacidos en Estados Unidos tengan un apoderado legal designado por la corte que pueda presentar una petición expedita para la residencia legal de sus padres. Además, cualquier proyecto de ley debe darles a los jueces de inmigración la discreción de considerar la separación de largo plazo de los padres y sus hijos como una privación “excepcionalmente dañina” para el desarrollo, las proyecciones y las vidas de los niños ciudadanos.

Los autores del estudio del Instituto Urbano (Urban Institute) son Ajay Chaudry, Juan Manuel Pedroza, Rosa María Castañeda, Robert Santos, y Molly M. Scott, además de Randy Capps , del Instituto de Políticas de Migración (Migration Policy Institute). El estudio fue financiado por la Foundation for Child Development, Carnegie Corporation of New York, W. K. Kellogg Foundation, Peppercorn Foundation, A. L. Mailman Family Foundation, y Annie E. Casey Foundation.

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