El Salvador, ‘Estado Marero’

Por José Manuel Ortiz Benítez


A este ritmo, pronto no quedará nadie vivo en El Salvador a quien asesinar, salvo aquellos que puedan permitirse el lujo de pagar por su propia seguridad. El número de asesinatos que absorbemos en carne y hueso cada día ha pasado de once a dieciséis, cinco masacrados más que en 2009. Es decir, en el 2010, la escandalosa maquinaria asesina en nuestro país ha aumentado su capacidad productiva en un 30% a pesar de la intervención de la Fuerza Armada. Con esta capacidad para matar, instalada de lleno en la juventud de nuestra sociedad, hemos condenado a la tragedia a toda una generación y tomado el liderato indiscutible entre los países más violentos del mundo especializados en la destrucción masiva de vidas humanas. México, uno de los estados más violentos de América Latina, se nos queda enano, realmente enano, en la curva comparativa. Nuestro pulgarcito de América es realmente un gigante en el arte de matar.


El Salvador reportó 76.6 homicidios por cada 100,000 habitantes durante el año 2009, únicamente superado por el temido Irak, que alcanzó los 83 asesinatos, según La Declaración de Ginebra sobre Violencia Armada y Desarrollo.


Pero ahora en el 2010, los asesinatos en El Salvador han pasado a otro nivel, a matanzas generalizadas en espacios abiertos en zonas que generalmente estaban libres de la infección de violencia que sacude a todo el país.


Esta nueva forma de matar –irrumpir en la cena de un restaurante y acribillar indiscriminadamente a los comensales, por poner el último ejemplo– está asustando y descolocando psicológicamente a todos, incluido el Gabinete de Seguridad del Presidente Mauricio Funes, quien, visto lo último, se ha apresurado a reunirse con miembros de la empresa privada ANEP, FUSADES y medios de comunicación para recabar insumos y apoyos y poner en marcha un nuevo Plan de Seguridad.


El Plan de Seguridad del Presidente Funes consiste en 3 ejes fundamentales:


1. Represión, Control y Prevención del Crimen


2. Reingeniería del Modelo Penitenciario


3. Atención a las Víctimas y Reformas Institucionales


El costo estimado del Plan no lo conoce nadie, ni el propio Presidente Funes, porque el detalle de la acción de cada eje todavía no ha sido concretado.


Sólo la parte de Represión, Control y Prevención del Crimen podría requerir unos $60 millones según la propia Policía Nacional Civil, quien sería la encargada de llevar a cabo una serie de renovaciones, que incluye un nuevo modelo del servicio de emergencias al 911, un nuevo sistema de comunicación y transporte y el refuerzo de nuevas unidades de investigación y reacción policial.


Se desconoce, también, cuál sería el coste y las líneas de actuación del programa de Atención a las Víctimas y las Reformas Institucionales del nuevo Plan. Según el Ministro de Hacienda, el Sr. Carlos Cáceres, de momento se cuenta únicamente con un total de $50 millones –$20 millones que aporta CEL, $15 del BCIE y otros $15 del Fideicomiso de Seguridad heredado de la Administración del ex presidente Saca– para implementar todo el nuevo Plan antiviolencia.


Así es, al día de hoy, sólo hay sobre la mesa $50 millones para combatir un problema complejo que afecta prácticamente todos los aspectos fundamentales de la estabilidad nacional: la seguridad, la productividad, la inversión, el transporte, el desarrollo social, el turismo y, lo más esencial de todos, la vida, una vida salvadoreña es abatida cada 90 minutos.


De cara a la disminución de los asesinatos y homicidios, lo más destacable del Plan quizás sea la Reforma del Sistema Penitenciario. Hay que recordar que, según un informe del FBI –con sede en El Salvador desde hace algún tiempo– el 80% de los asesinatos en todo el país es teledirigido por mareros encarcelados en la red de centros penitenciarios.


Los cabecillas encarcelados utilizan las ventajas de lo último en tecnología celular para dar instrucciones precisas a sus colaboradores de calle para matar y extorsionar a la población, dice el informe.


El informe del FBI también denuncia que la actividad delictiva de las maras, en las cárceles salvadoreñas e igualmente fuera de ellas, opera conjuntamente con el narcotráfico, el crimen organizado y la delincuencia común y que, en muchos casos, se cuenta con la pasividad, el permiso o la colaboración de las fuerzas de seguridad del estado.


Si el 80% de la atrocidad, el asesinato y la extorsión del país se diseña desde el interior de una celda y se cuenta, de antemano, con el permiso de las autoridades encargadas de la seguridad para llevarlas a cabo, sería correcto, por consiguiente, destinar buena parte del esfuerzo del nuevo Plan de Seguridad en lo inmediato, en lo urgente, en salvar vidas humanas, es decir, en neutralizar, por un lado, la actividad asesina y delictiva de los jefes de las maras recluidos en los centros penitenciarios y en implementar, por el otro, un programa especial anti-corrupción al interior de los cuerpos de seguridad para despojar miembros corruptos, centrándose en los $50 millones disponibles hoy mismo y en tres o cuatro puntos concretos:


1.Reciclar, reclutar y entrenar de manera acelerada a una nueva generación de carcelarios para relevar y renovar toda la administración actual, dirección y mandos medios, de los centros penitenciarios


2. Bloquear y/o monitorear toda comunicación celular, analógica o de cualquier índole que entre o salga de las cárceles nacionales con un sistema de vigilancia sofisticado, que incluya cámaras ocultas, tecnología de intervención celular y monitoreo de comunicación analógica como ocurre en las cárceles de la India y China, dos países pioneros en el desarrollo e implementación de esta tecnología. (Se llama “Accurate Cell Phone Jamming Technology for Prisons” –Tecnología de Interferencia de Comunicaciones Celulares de Alta Precisión, diseñada para prisiones, que bloquea y/o monitorea la señal celular de una celda, de un corredor de celdas o del perímetro de un centro penitenciario completo.


3.Diseñar y lanzar un plan robusto anti-corrupción al interior de la Policía Nacional Civil con los mejores ejemplares humanos disponibles, dotados de medios tecnológicos avanzados.


4.Incentivar al personal de la administración carcelaria y los agentes encargados de velar por la seguridad del país con mejores sueldos y salarios para mejorar su capacidad inmunológica frente al soborno, el chantaje y el peligro de la red criminal y mafiosa encarcelada y no encarcelada


5. Legislar restricciones de tenencia y posesión de armas de fuego (algo que sencillamente es de cajón, estamos ante una emergencia nacional, el derecho a tenencia de armas, al no ser un derecho fundamental, puede esperar.)


6. Restringir las visitas a los reos de todas aquellas personas que tenga antecedentes penales para evitar que estos reemplacen los teléfonos celulares y se conviertan en mensajeros de la muerte y la extorsión.



Naturalmente para llevar a cabo el nuevo Plan, además de la participación ciudadana, se requiere de las mentes más brillantes en el Ejecutivo, la Asamblea Legislativa, la Administración de Justicia, las instituciones de seguridad y de la sociedad civil organizada, que estén, en la medida de lo posible, libres de ese síndrome partidista-ideológico que suele aparecer de vez en cuando en el centro de la discusión para entorpecer cualquier proceso de relevancia nacional.


El Salvador es esencialmente un país chiquito, trabajador y humilde, que actualmente está siendo masacrado por una banda de mareros concentrados al interior de una celda, con el permiso implícito o explícito de las autoridades.


Resulta difícil ver y aceptar que todo el sistema penitenciario, lejos de servir como un brazo articulado a favor de la justicia, se ha convertido en una red de oficinas de planificación de homicidios, extorsiones y de acciones delictivas que amenaza con tumbar al suelo los pocos buenos cimientos que quedan del Estado, construidos con tanta sangre y sufriendo a lo largo de nuestra historia.


Mi estimable amigo Chicho, ese ciudadano de clase media en San Salvador, resume sin pavor, “Los que están al mando de nuestro destino en El Salvador ahora son las maras, te perdonan la vida o te matan.”


“Estoy considerando seriamente ingresar a una clica para retomar nuevamente el control de mi propio destino”, dice don Chicho. Si no fuera porque sé que está arriba de los 60 años, no sabría decirles que estuviera ironizando.


Actualmente se estima que en El Salvador existen unos 70,000 mareros –más de 10,000 en la cárcel– 600,000 armas de fuego en manos de civiles, 2.5 millones de ciudadanos que viven con menos de 5 dólares al día, unas 300,000 familias desestructuradas por la pobreza y otras 100,000 por la emigración, más de 24,000 deportados en el 2009, muchos con antecedentes criminales, una economía floja y artificial y una tasa de homicidios por encima de 10 al día desde el año 2005.


En los primeros 40 días de 2010, el ritmo de asesinatos se ha disparado bruscamente, rompiendo su propio récord, algo que ha venido ocurriendo año tras año en la última década.


La situación se ha vuelto insostenible. De seguir así, El Salvador se convertirá pronto en el país más violento del planeta, con una tasa de homicidios por encima de los 80 mutilados, acribillados o masacrados por cada 100,000 habitantes, una escalofriante cifra que nos puede hundir en la terrible condición de ‘estado marero’, sin el más mínimo respeto hacia el aspecto más básico y elemental de la dignificación de la especie humana: la vida.


José Manuel Ortiz Benítez es Editor de Salvadoreños en el Mundo.


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