Vanda Pignato: Inclusión, cambio y desarrollo en El Salvador

Por Vanda Pignato*



EL SALVADOR TIENE UN TERCIO de su población viviendo en el exterior. Desde hace un par de décadas el fenómeno comenzó a incrementarse hasta alcanzar esa cifra que es, apenas, la punta del témpano del drama social del país.

La búsqueda de la “salvación” personal en el exilio –aún a riesgo de perder la vida en el intento por atravesar la frontera con Estados Unidos– pone en evidencia la profunda desesperanza y desesperación de decenas de miles de salvadoreñas y salvadoreños.

“La pobreza es un problema estructural que, lejos de ceder, se ha acrecentado en los dos últimos años como efecto de la crisis financiera internacional”.

Un dato que indica la magnitud de este exilio de excluidos es que sus remesas ascienden a casi 4 mil millones de dólares anuales, lo que representa alrededor del 17 por ciento del producto interno bruto. Los salvadoreños en el exterior son, en otras palabras, la primera variable económica del país.

En verdad, la naturaleza del drama no reside esencialmente en la pobreza, aún cuando ésta alcanza a la mitad de la población. La pobreza es, ciertamente, un problema estructural que, lejos de ceder, se ha acrecentado en los dos últimos años como efecto de la crisis financiera internacional; sin embargo, más intolerables aún son la discriminación y la desigualdad.


LA TRAGEDIA DEL DESEMPLEO

En un país de poco más de 20.000 kilómetros cuadrados conviven una ínfima minoría que vive con un nivel de vida propio de las clases altas de los países más avanzados y una gran mayoría popular excluida del progreso.

Esa exclusión, sin embargo, no se limita a lo económico, sino que deja fuera del sistema también a mujeres y niñas, personas con discapacidad, indígenas, personas con orientaciones sexuales diferentes a la heterosexualidad y, en definitiva, a todos aquellos que se encuentran en desventaja frente a la clase dominante.

“Con una población interna de algo menos de 6 millones de habitantes, desde 2009 a la fecha se registra un promedio de 12 asesinatos diarios, en su mayoría de jóvenes pertenecientes a las pandillas”

El serio problema del desempleo y subempleo es otro factor de la tragedia social salvadoreña. Alcanza a más de la mitad de la población en edad de trabajar (a partir de los 16 años). A su vez, de acuerdo con el Informe sobre Desarrollo Humano El Salvador 2007/2008, sólo dos trabajadores de cada diez tiene un trabajo con protección social y remuneración justa (empleo decente).

Esta enfermedad crónica del mercado salvadoreño tiene su origen en el mismo fenómeno de exclusión que comienza con la educación y se prolonga en la falta de oportunidades y acceso a la vida social, económica y cultural.

Forma parte del círculo perverso de la falta de oportunidades que se transforma en algo casi hereditario y se multiplica a lo largo de la vida.

La violencia y el crimen es un capítulo aparte de esta realidad que, si bien se relaciona y tiene su origen en todos los anteriores, ha encontrado, además, un caldo de cultivo extraordinariamente fértil en la pasividad de las instituciones durante los últimos 15 años.

La escalada de delitos y asesinatos ha crecido exponencialmente en los últimos años hasta tener a la población en vilo, constituyéndose en el primer factor de preocupación de la mayoría. Con una población interna de algo menos de 6 millones de habitantes, desde 2009 a la fecha se registra un promedio de 12 asesinatos diarios, en su mayoría de jóvenes pertenecientes a las pandillas (maras).


EL ESTADO AUSENTE

El aparato del Estado ha sido el gran ausente en las últimas décadas, salvo para proteger y favorecer al sector económicamente más fuerte del país. Al amparo de las políticas neoliberales imperantes durante las dos últimas décadas y media se forjó un sistema económico-social fundado en el privilegio de la cúspide de la pirámide y en la exclusión de la gran mayoría que forma la base de la misma.

“En plena era de las privatizaciones, el Estado perdió el control de la producción y distribución energética, del sistema de pensiones, de las comunicaciones, etc”

Sin respuestas al fenómeno incipiente de pandillas de jóvenes rebeldes que cuestionaban el sistema imperante y se rebelaban contra él, se las dejó crecer hasta que llegaron a convertirse en organizaciones delictivas fuertemente armadas, que operan en todo el territorio nacional. Tampoco se protegió la frontera del país, por donde entra y sale un permanente contrabando de bienes que drena parte de la riqueza del país y por la que ha circulado sin controles el tráfico ilegal de personas, drogas, armas.


DEMANDAS Y EXPECTATIVAS

Al mismo tiempo, en plena era de las privatizaciones, el Estado perdió el control de la producción y distribución energética, del sistema de pensiones, de las comunicaciones, etc. Y, como en la mayoría de los países latinoamericanos donde se produjo el mismo fenómeno, el país se quedó con las pérdidas y deudas y entregó las ganancias al sector privado. En ese mismo período, se enajenó prácticamente la banca nacional, que quedó en manos extranjeras.

Este panorama es el que el gobierno del presidente Mauricio Funes encontró al momento de hacerse cargo del gobierno el 1 de junio de 2009.

El déficit de ese año fue del 5,2%; las arcas estaban vacías y el cambio de gobierno y de signo político incrementó las expectativas y demandas sociales.


EL PRIMER CAMBIO

La alternancia política, después de veinte años de sucesivos gobiernos de derechas, despertó la esperanza de amplios sectores sociales que vieron posible, después de tanto tiempo, el cambio de los paradigmas que habían dominado en el país.

“La creación de la Secretaría de Inclusión Social, con rango de instancia presidencial y en contacto directo con todas las instituciones de gobierno, supone un cambio radical”

Entre esos paradigmas imperantes hasta mediados de 2009 en el país se encontraba lo que ha dado en llamarse el “primerdamismo”.

Esta expresión da cuenta de un rol “ornamental”, meramente protocolario de la esposa del Presidente de la República; rol que llevaba implícito la titularidad de la Secretaría de la Familia, entendida de modo tradicional como una institución meramente asistencialista y clientelista.


RANGO PRESIDENCIAL

La creación de la Secretaría de Inclusión Social, con rango de instancia presidencial y en contacto directo con todas las instituciones de gobierno, supone un cambio radical en el enfoque de las políticas sociales.

La nueva Secretaría abandona completamente el enfoque paternalista y moderniza la institución dotándola de una entidad mucho más relevante. El nuevo punto de partida y eje rector de todas las acciones de gobierno es el enfoque de derechos humanos y la tarea de la Secretaría es garantizar que se cumpla.

Es decir, todas las políticas del nuevo gobierno parten de la convicción de que el Estado debe garantizar el cumplimiento de los derechos de todos y todas los ciudadanos del país, sin distinción de ningún tipo, tal como se estipula en la Declaración Universal de Derechos Humanos.

“Se ha comenzado un programa nacional de entrega de uniformes y útiles escolares a todos los alumnos del sistema público y se ha ampliado el programa de alimentación en las escuelas”

En ese sentido, la nueva función de la Secretaría de Inclusión es asegurar la coordinación en todas las instancias del Estado para que ese enfoque se haga patente en todas y cada una de las acciones y políticas emprendidas. Es, por tanto, una Secretaría que actúa en estrecha relación con las diferentes instancias de gobierno imprimiendo ese nuevo espíritu a la gestión.


LA PROTECCIÓN SOCIAL UNIVERSAL

Muestra de ese nuevo enfoque es, por ejemplo, la prioridad que el gobierno ha puesto en iniciativas como el Sistema de Protección Social Universal, sobre el que se sustentan las diferentes políticas destinadas a reducir la vulnerabilidad de la población. Bajo este paraguas se encuentran iniciativas pioneras en la universalización del acceso a los servicios básicos.

La primera de ellas fue la eliminación total del pago de cuotas en los hospitales públicos, una práctica permitida durante décadas por las administraciones anteriores a pesar de su irregularidad.

Asimismo, se ha comenzado un programa nacional de entrega de uniformes y útiles escolares a todos los alumnos del sistema público y se ha ampliado el programa de alimentación en las escuelas. Esta línea de acción tiene como objetivo eliminar las barreras socioeconómicas para el acceso a la educación.

“Se está ofreciendo apoyo económico y asistencia sanitaria a las familias más pobres del área rural a través de un sistema de transferencias condicionadas”.

Por otra parte, dentro del Sistema de Protección Social Universal también se cuenta la creación de la Pensión Básica Universal, para personas de más de 70 años sin ingresos. Hasta el momento el programa se ha implementado en 32 municipios y tiene como objetivo dar cobertura a todo el país. Es importante señalar que es la primera vez en la historia del país que este colectivo recibe algún tipo de ayuda gubernamental.

De la misma forma, se está ofreciendo apoyo económico y asistencia sanitaria a las familias más pobres del área rural a través de un sistema de transferencias condicionadas en el marco del programa Comunidades Solidarias Rurales y, recientemente, se ha iniciado la implementación de un programa similar orientado a los asentamientos urbanos precarios (Comunidades Solidarias Urbanas). Este último pone especial énfasis en la formación vocacional y la inserción laboral de jóvenes y mujeres jefas de hogar.


DERRUMBANDO LAS BARRERAS DE LA EXCLUSIÓN

Si bien las restricciones presupuestarias que enfrenta el gobierno no permiten la implementación de todas las políticas que serían deseables, el objetivo último es alcanzar la universalidad en la protección social y en la garantía de derechos a todos los ciudadanos y ciudadanas.

El Salvador ha entrado así en una nueva etapa en cuanto a políticas sociales, una etapa en la que se están derrumbando las barreras que antaño mantenían al margen del desarrollo a la gran mayoría de los salvadoreños y salvadoreñas.

Es cierto que todavía queda un largo camino hasta lograr la inclusión efectiva de todas las minorías a la vida social, económica, política y cultural del país, pero el cambio institucional y gubernamental ya está en marcha.

Es un cambio que se refleja también en el mensaje político que se hace llegar permanentemente desde la Presidencia de la República, un mensaje de unidad y de trabajo conjunto que busca acabar con el enfrentamiento social permanente y con la bipolaridad que han sido sinónimo del atraso del país.

“Un cambio social y económico pero, sobre todo, un cambio cultural profundo que se asienta sobre los tres pilares que definen el perfil filosófico de este gobierno: unir, crecer e incluir”.

En ese sentido, el concepto de inclusión tiene también su correspondencia en acciones simbólicas de importancia trascendental para la cicatrización de las heridas del pasado y la dignificación de las víctimas invisibilizadas durante años.

El presidente de la República ha iniciado ese camino de reconocimiento con la petición pública de perdón, en nombre del Estado Salvadoreño, por todos los crímenes y abusos cometidos por el Estado durante la guerra civil.

Además, el gobierno realizó este año 2010 por primera vez un sentido homenaje al obispo mártir Monseñor Romero en el 30 aniversario de su martirio y otorgó a los sacerdotes jesuitas asesinados durante el conflicto la más alta condecoración del país.

Estas acciones forman parte del cambio que prometió el gobierno del presidente Mauricio Funes. Un cambio social y económico pero, sobre todo, un cambio cultural profundo que se asienta sobre los tres pilares que definen el perfil filosófico de este Gobierno: unir, crecer e incluir.


Vanda Pignato es la Primera Dama de la República de El Salvador – Fuente: Fondo España PNUD.

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