CIDH publica informe sobre seguridad ciudadana

La CIDH espera que este informa contribuya a demostrar que es imperioso modificar las políticas públicas sobre seguridad ciudadana, cambiando el foco de atención de la represión a la prevención de la criminalidad y la violencia.

Los países de la región presentan hoy algunos de los índices de criminalidad más altos del mundo, y los jóvenes son el grupo más afectado como víctimas y victimarios. Esto ha posicionado a la seguridad ciudadana como una de las principales demandas de la sociedad hacia las autoridades estatales. El informe destaca que los altos niveles de criminalidad acompañada por violencia contra las personas en América Latina y el Caribe generan alarmas para la gobernabilidad democrática y la vigencia del Estado de Derecho.

La CIDH señala en su informe que las políticas de seguridad ciudadana históricamente implementadas en numerosos Estados de la región se han caracterizado, en términos generales, por su desvinculación de los estándares internacionales en materia de derechos humanos y en muchos casos, en nombre de la prevención y el control del crimen y la violencia, se ha apelado al uso de la fuerza en forma ilegal y arbitraria. Observa el informe que estas políticas han resultado históricamente ineficaces para solucionar las demandas sociales sobre seguridad ciudadana, basadas en planteos de incrementar la presión punitiva; reducir las garantías procesales; o bajar la edad de imputabilidad para aplicar el derecho penal de adultos a los niños y niñas.

La Comisión expresa en el informe que los Estados Miembros tienen el deber de proteger y garantizar el ejercicio de los derechos humanos comprometidos en el área de la seguridad ciudadana, a través de planes y programas de prevención, disuasión y, cuando ello sea necesario, de medidas de represión legítima respecto a los hechos de violencia y criminalidad, a partir de las orientaciones y dentro de los límites que establecen los estándares y los principios de derechos humanos. El informe señala asimismo que es necesario que se adopten medidas para la profesionalización de la policía, así como una política pública que tenga en cuenta la seguridad y los derechos de los agentes del Estado, incluidos los miembros de la policía. La CIDH expresa en su informe que las políticas públicas sobre seguridad ciudadana deben focalizarse en la creación o consolidación de una institucionalidad estatal que proporcione respuestas eficaces y eficientes a las demandas de una sociedad democrática en esta materia.

El informe Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos fue elaborado en el marco del memorándum de entendimiento entre la CIDH, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH). Su preparación y publicación ha sido posible gracias al apoyo financiero de UNICEF, OACNUDH, el Gobierno de Italia y la Fundación Open Society Institute. Asimismo, las organizaciones de la sociedad civil de las Américas apoyaron la elaboración de este informe con valiosos aportes y contribuciones.

El 11 de mayo de 2010, tendrá lugar la presentación del informe en Argentina, en el Congreso de la Nación. El panel estará integrado por el Vicepresidente de la CIDH, Paulo Sérgio Pinheiro; el secretario ejecutivo, Santiago Canton; la diputada argentina Griselda Baldata y el director ejecutivo del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Gastón Chillier. Asimsimo, participará en el evento el representante regional de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Amérigo Incalcaterra. Tras las presentaciones, que tendrán lugar de 10.30 a 13.30 horas en el Auditorio del Anexo de la Cámara de Diputados, habrá una conferencia de prensa en el salón “José Luis Cabezas”, a partir de las 15.30 horas.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión está integrada por siete miembros independientes que se desempeñan en forma personal, que no representan a ningún país en particular y que son elegidos por la Asamblea General de la OEA.

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