Presentan demanda contra ley antiinmigrante de Arizona

MALDEF y una coalición de grupos de derechos civiles, radicó hoy una demanda de clase en una corte federal en Phoenix impugnando la nueva ley de Arizona que requiere que la policía exija “papeles” a las personas que detienen y de quienes sospechan que no están autorizadas a estar en los EE.UU.

Según la coalición, esta ley extremista invita a la elaboración de perfiles raciales de personas de color, viola la Primera Enmienda e interfiere con la ley federal.

La coalición que radica la impugnación incluye a la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), MALDEF, el Centro Nacional de Derecho de Inmigración (NILC, por sus siglas en inglés), la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color (NAACP, por sus siglas en inglés), ACLU de Arizona, la Red Nacional para Organizar a los Jornaleros (NDLON, por sus siglas en inglés) y el Centro Legal de los Americanos de Asia-Pacifico (APALC, por sus siglas en inglés), quienes son miembros del Centro Asiático Americano para el Progreso de la Justicia.

“La ley de Arizona es esencialmente anti-americana: no somos un país de ‘enséñame tus documentos’, ni uno que cree en que las personas deben estar sujetas a hostigamiento, investigación y arresto, simplemente porque otros los perciben como extranjeros”, dijo Omar Jadwat, abogado del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de ACLU. “Esta ley viola la Constitución e interfiere con la ley federal, y estamos confiados de que podremos prevenir que entre en vigor.”

La demanda alega que la ley de Arizona interfiere ilegalmente con el poder federal y la autoridad sobre materia de inmigración en violación de la cláusula de supremacía de la Constitución de los Estados Unidos; invita a que los oficiales del orden público creen perfiles raciales en violación de la garantía de igual protección y de la prohibición de registros irrazonables bajo la Cuarta y Decimocuarta Enmienda e infringe en el derecho a la libre expresión de los jornaleros y de otras personas en Arizona.

“Esta ley discriminatoria empuja a Arizona a una espiral de miedo, un aumento de la delincuencia y litigios costosos”, dijo Víctor Viramontes, abogado senior de MALDEF. “Esperamos que esta equivocada ley sea revocada antes de que entre en vigor”.

Uno de los individuos que la coalición está representando en el caso, Jim Shee, es un ciudadano estadounidense nacido en Estados Unidos de 70 años de edad, de origen español y chino. Shee afirma que estará vulnerable a la discriminación por perfil racial en virtud de esta ley y que, aunque la misma todavía no ha entrado en vigor, ya ha sido detenido en dos ocasiones por los agentes locales del orden público en Arizona, quienes le han solicitado mostrar sus “papeles”.

Otro demandante, Jesús Cuauhtémoc Villa, es un residente del estado de Nuevo México, que actualmente asiste a la Universidad Estatal de Arizona. El estado de Nuevo México no requiere prueba de ciudadanía de EE.UU. o de situación migratoria para obtener una licencia de conducir. Villa no tiene un pasaporte de EE.UU. y no quiere arriesgarse a perder su certificado de nacimiento llevándolo consigo. Está preocupado por viajar a Arizona, sin una forma válida de identificación que pruebe su ciudadanía a la policía si es detenido. Si no puede mostrar la prueba cuando le sea solicitada, los agentes del orden público en Arizona tienen la obligación de detenerlo y encarcelarlo.

Varios grupos prominentes de oficiales del orden público, incluida la Asociación de Jefes de Policía de Arizona, se oponen a la ley, ya que desvía recursos limitados de la responsabilidad primaria de los agentes del orden público, la protección y promoción de la seguridad pública en la comunidad y socava la confianza y la cooperación entre la policía local y las comunidades de inmigrantes.

“Esta ley mal concebida envía un claro mensaje a las comunidades de color que las autoridades no son de fiar, haciéndolos menos propensos a presentarse como víctimas o testigos de delitos”, dijo Linton Joaquín, consejero general de NILC. “Las autoridades de Arizona no deben permitir que la seguridad pública pase a un segundo plano por la discriminación racial.”

“Los afro-americanos conocen muy bien los efectos insidiosos de la discriminación por perfiles raciales”, dijo Benjamín Todd Jealous, presidente y principal oficial ejecutivo de la NAACP. “El gobierno debe prevenir que la policía investigue y detenga a personas basándose en su color y en su acento, no ordenarlo. Las leyes que fomentan la discriminación no tienen cabida en este país, en ningún lugar y para nadie. ”

La demanda fue presentada en nombre de organizaciones de trabajadores, victimas de violencia doméstica, jornaleros, servicios humanos y organizaciones de justicia social, incluyendo “Friendly House”, la Unión Internacional de Trabajadores de Servicios (SEIU), SEIU Local 5, Trabajadores de la Alimentación y Comerciales Unidos Internacional (UFCW), Asiáticos del Sur de Arizona pro Familias Seguras (ASAFSF, por sus siglas en inglés), Iglesia Presbiteriana Southside, Cámara de Comercio Hispana de Arizona, la Cámara de Comercio Asiática de Arizona, Red de Acción Fronteriza, Instituto de Desarrollo Comunitario Tonatierra, Sociedad Musulmana Americana, Liga de Ciudadanos Japoneses Americanos, Valle del Sol, Inc, Coalición De Derechos Humanos, demandantes individuales que serán objeto de acoso o de detención debido a esta ley y una categoría de personas en una situación similar.

“Esta ley extremista pone a Arizona completamente fuera de sintonía con los valores americanos de justicia e igualdad”, dijo Julie Su, directora de litigios del Centro Legal de los Americanos de Asia-Pacífico. “En un estado donde los ciudadanos de EE.UU. de ascendencia japonesa fueron internados durante la Segunda Guerra Mundial, es muy preocupante que una ley que obligaría a tratar a las personas de color, inmigrantes y otras personas que parecen extranjeras como si fueran inferiores sea aprobada en el 2010.”

“Los jornaleros han defendido en repetidas ocasiones sus derechos por la Primera Enmienda en las cortes federales y han establecido con éxito su derecho innegable a buscar trabajo en las zonas públicas”, dijo Pablo Alvarado, director ejecutivo de NDLON. “El esfuerzo de Arizona para criminalizar a los jornaleros y los migrantes es una afrenta a la Constitución y amenaza con perturbar la unidad nacional, y estamos seguros de que los tribunales federales van a intervenir para garantizar la protección de nuestros derechos civiles fundamentales.”

Incluso antes de la aprobación del estatuto, la aplicación local de las leyes federales de inmigración ya ha causado una práctica rampante de detener a latinos en Arizona debido a los perfiles raciales, especialmente en el condado de Maricopa. La ACLU, MALDEF y otros miembros de la coalición tienen varias demandas pendientes contra funcionarios públicos en Arizona debido a violaciones de los derechos civiles de los ciudadanos de los EE.UU. y los inmigrantes.

Las organizaciones y los abogados en el caso Friendly House et al. v. Halliday et al., incluyen a:

• Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de ACLU: Jadwat, Lucas Guttentag, Cecillia Wang, Tanaz Moghadam y Harini P. Raghupathi;

• MALDEF: Thomas A. Saenz, Nina Perales, Cynthia Valenzuela Dixon, Victor Viramontes, Gladys Limón y Nicholás Espiritu;

• NILC: Joaquin, Karen C. Tumlin, Nora A. Preciado, Melissa S. Keaney, Vivek Mittal y Ghazal Tajmiri;

• Fundacion de la ACLU en Arizona: Dan Pochoda y Annie Lai;

• APALC: Su, Ronald Lee, Yungsuhn Park, Connie Choi y Carmina Ocampo

• NDLON: Chris Newman;

• NAACP: Jealous y Laura Blackburne;

• Altshuler Berzon: Jonathan Weissglass;

• Munger de Tolles & Olson LLP: Bradley S. Phillips, Joseph J. Ybarra, Susan T. Boyd y Yuval Miller;

• Roush, Mccracken, Guerrero, Miller & Ortega: Daniel R. Ortega, Jr.

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Para obtener una copia de la demanda haga clic aqui:

maldef.org/legal/sb1070_complaint_final.pdf

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