Persona non grata en el Gobierno de Funes

Por Manuel García


Siempre existen funcionarios que no deberían haber sido nombrados a tales puestos, ya sea porque son incompetentes, porque son corruptos, o porque sobre ellos pesa una nube negra que pone en duda su presunción de inocencia.


Este último es el caso de los siguientes funcionarios salvadoreños: El director de Protección Civil, el vicepresidente de la República, y el ministro de Justicia y Seguridad Pública.


Jorge Meléndez, director de Protección Civil, ha sido señalado de haber tomado parte en la decisión de asesinar al poeta Roque Dalton. El mismo señor Meléndez ha dicho que fue un “proceso”, no un asesinato.


El 10 de mayo de 1975, el Día de las Madres, Jorge Meléndez, con el nom de guerre “Jonás”, supuestamente participó directa o indirectamente en la ejecución sumaria de Dalton, uno de los grandes poetas del siglo pasado, quizá el poeta más grande que ha dado El Salvador.


Jorge Meléndez, en una entrevista con el periódico electrónico Contrapunto dijo que revelará “más detalles” sobre la muerte de Dalton.


El vicepresidente Salvador Sánchez Cerén ha sido señalado constantemente de no haber evitado el ajusticiamiento de sus compañeros de guerra (más de mil). Según testimonios de ex combatientes Sánchez Cerén tenía información directa de que su subalterno, Mayo Sibrián, el “carnicero del paracentral” estaba ajusticiando a sus propios compañeros de guerra.


Sánchez Cerén no movió ningún dedo para detener la masacre de sus propios hombres y mujeres. Inclusive, en varias ocasiones ha justificado este lamentable y repulsivo hecho como un “proceso de disciplina militar para eliminar a traidores”.


El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Manuel Melgar, ha sido implicado por documentos internos del Departamento de Estado de Estados Unidos de haber participado en “la masacre de la Zona Rosa,” cuando un comando guerrillero ejecutó a cuatro marines miembros de la seguridad de la Embajada de Estados Unidos.


¿Qué tienen en común los tres funcionarios citados? Los tres han sido respaldos por el presidente Mauricio Funes, a pesar de la niebla que pone en duda la inocencia de estos en hechos bien documentados, inclusive con testimonios de los propios implicados y testimonios de testigos.


Recientemente, Funes hizo caso omiso a la petición de la familiaDalton para que Meléndez sea destituido de su cargo. ¿El argumento? El Salvador es un país dónde el derecho a presumir de ser inocente se debe respetar.


Bien, pero Meléndez supuestamente ha confesado de haber participado, de la mano de Joaquín Villalobos, en el “proceso” para eliminar a Jorge Dalton. ¿Qué más prueba quiere?


De igual forma, cuando tuvo la oportunidad de objetar que Sánchez Cerén fuese su compañero de fórmula presidencial, Funes hizo caso omiso a los llamados de las victimas que denunciaban los actos criminales de lesa humanidad, cometidos bajo el mando de quien fuese el comandante Leonel González.


Cuando Funes aceptó nombrar a Melgar como ministro de Justicia y Seguridad Pública, el Gobierno de Estados Unidos a través de canales confidenciales le manifestó su descontento. Funes hizo caso omiso. La muerte de cuatro marines estadounidenses nunca se olvida. Es por eso que Melgar está vetado para ingresar a Estados Unidos.


Muchos analistas en el país argumentan que en el caso que se llegue a probar con evidencia irrefutable, los actos criminales que supuestamente cometieron Jorge Meléndez, Salvador Sánchez Cerén y Manuel Melgar, estos fueron productos de la guerra civil que vivía nuestro país. Es decir, no se le puede juzgar a un saldado por haber matado a un enemigo en plena guerra.


Eso es cierto. Pero Roque Dalton no era un enemigo, ni tampoco eran enemigos los hombres y mujeres que murieron bajo el mando de Sánchez Cerén, ni tampoco eran enemigos los cuatro marines que murieron el 19 de junio de 1985 mientras cenaban en la Zona Rosa. En total, esa noche murieron 12 personas.


Destituir a un funcionario por rumores es una cosa, nombrarlo y mantenerlo en el cargo sabiendo que existe información que pone en duda su presunción de inocencia, es otra cosa.


El presidente Funes si quiere luchar contra la impunidad, debería escuchar a la familia Dalton. Ya para empezar, las tres personas nombradas en este artículo nunca deberían haber llegado a ocupar puestos de confianza. Pero la realidad salvadoreña es tal que el Gobierno está dispuesto a pasar por alto el dolor de las víctimas.


Si el Gobierno de Funes no da ejemplo de luchar contra la impunidad, entonces los salvadoreños perdemos confianza en nuestros líderes políticos.


Habrá que decir la verdad, por lo menos, y aceptar que tenemos en el Gobierno personæ non gratas, o personas que manchan el buen nombre que estamos queriendo construir.




* 2010 Manuel García es columnista colaborador de Salvadoreños en el Mundo.

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