Piden liberación de cubanos presos por pagos a periodistas

Los cubanos Gerardo Hernández, Ramón Labañino, Antonio Guerrero, Fernando González y René González, que desde 2001 cumplen largas penas en Estados Unidos por espionaje, deben ser liberados por pagos del gobierno estadounidense a periodistas en Miami que cubrieron el caso, exigieron sus defensores.

Heidi Boghosian, directora ejecutiva, Gremio Nacional de Abogados, dijo en una conferencia de prensa el miércoles pasado en Washington que al gobierno de Estados Unidos “le está legalmente prohibido llevar a cabo operaciones de propaganda diseñadas para apoyar las políticas anti-cubanas de la administración, sin identificarlas como tales”.

“Artículos subsidiados por el gobierno” hacen “un daño incalculable al proceso democrático”, recalcó.

Explicó que la utilización de los periodistas pagados sugiere que existía un plan concertado para arruinar los procedimientos judiciales e inclinar la decisión del jurado hacia veredictos de culpabilidad, privando a los acusados del derecho de la Sexta Enmienda a tener un juicio justo con un jurado imparcial.

“No puede haber duda acerca de que los artículos disparatados y despreciativos, escritos por los reporteros pagados por el gobierno, tuvieron un impacto sobre la opinión pública, el tribunal, y todo el 11no. Circuito de Apelaciones en el caso de los Cinco”, dijo la abogada.

Boghosian sostuvo que “en el caso de los Cinco, antes de que comenzara el juicio, fue lanzada una agresiva campaña propagandística acusándolos de espionaje”, la cual “alcanzó sus objetivos”.

Señaló que el panel de tres jueces del 11no. Circuito citó la norma legal de “una publicidad sediciosa y perjudicial previa al juicio que satura la comunidad de tal manera que resulta prácticamente imposible tener un juicio justo.”

Gloria de la Riva, coordinadora del Comité Nacional para la Liberación de los Cinco Cubanos, informó que los pagos a periodistas de Miami los hicieron la Junta de Transmisiones a Cuba y la Junta de Gobernadores para las Transmisiones de Estados Unidos (BBG), por medio de Radio y TV Martí, que tiene su mayor audiencia en Miami, de donde fue seleccionado el jurado.

Bajo la ley de Libertad de Información (FOIA), su organización solicitó datos desde 1996, pero la BBG solo le proporcionó documentos desde noviembre de 1999.

De acuerdo con De la Riva, entre 1999 y 2001, Wilfredo Cancio, reportero del diario El Nuevo Herald, recibió cuatro mil 725 dólares; Ariel Remos, del Diario de las Américas, 11 mil 700; Pablo Alfonso 58 mil 600; Enrique Encinosa, director de Radio Mambí 5 mil 200 dólares; y Helen Ferré, editora de la página de opinión del Diario de las Américas, mil 125 dólares.

De la Riva señaló que el 4 de junio de 2001, Cancio escribió un artículo en el El Nuevo Herald que decía que “Cuba usó alucinógenos para entrenar a sus espías”, en el que el periodista citó a una fuente anónima que identificó solo como “Alex”.

Diversas organizaciones lanzaron una campaña para pedir al secretario de Justicia de Estados Unidos, Eric Holder, que tome “acción inmediata” para liberar a los cinco cubanos por las malas acciones del gobierno.

En la conferencia de prensa participaron además Mara Verheyden-Hilliard, abogada y co-fundadora de la Asociación por la Justicia Civil (PCJ), y Brian Becker, Director de la Coalición A.N.S.W.E.R.

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