Siembra vientos y cosecharás tempestades


Por Enrique Soria


NUEVA YORK – Con la confesión de haber trabajado para los servicios secretos rusos y de que su mujer colaboró con él Juan Lázaro ponía fin al primer capítulo del rocambolesco episodio de su captura y de nueve implicados más. Diez personas arrestadas en Nueva York, Nueva Jersey, Boston y Arlington dejaron sin aliento, desde el último domingo de junio, a buena parte de los neoyorquinos que se frotaban los ojos ante lo que descubrían.

El FBI les informaba que una red de conspiradores, a la vieja usanza de los métodos y estilo de trabajo de los espías de la Guerra Fría, venía trabajando largos años con los servicios secretos rusos, y que para ello se habían instalado en Estados Unidos como pacíficos residentes, y donde llevaban sus vidas sin despertar la menor sospecha de que eran asalariados de un gobierno extranjero.

Intercambios de maletines, usos de emisiones radiales, empleo de tintas indelebles, encuentros en puentes, contactos en estaciones de trenes, pasaportes falsos y viajes a Sudamérica, llenan las páginas de los documentos acusatorios del FBI sobre la actuación de la red, que ha sido acusada de trabajar ilegalmente para un gobierno extranjero y de lavados de activos.

La sorpresa ha sido mayor para la comunidad hispanohablante, y en particular para la colectividad peruana, cuando en esos documentos de las autoridades estadounidenses aparecen los nombres de los peruanos Vicky Peláez y Juan Lázaro, con residencia en Yonkers, junto al de Richard y Cynthia Murphy de Montclair, Nueva Jersey, o de la rusa Ana Chapman, dueña de una empresa dedicada a tecnología, Internet y medios de comunicación.

Peláez es una conocida periodista con vida profesional en Nueva York y su marido un académico con especialidad en Ciencias Políticas. Ambos tienen un hijo y comparten posiciones políticas radicales que eran públicas y que pasaban por criticar acremente la política de los Estados Unidos, él desde su rol de académico en las universidades donde se desempeñó como profesor, ella desde sus columnas escritas semanalmente en el casi centenario Diario La Prensa de Nueva York.

Pero nada indicaba que estuvieran enfrascados en lo que el FBI señala como un programa de espías ilegales, que dependía de la S.V.R. (sucesora de la KGB soviética), dirigido a obtener información sobre Irán, la CIA, las armas nucleares, el Congreso de los Estados Unidos, y un largo etcétera.

Mientras los Murphy y Chapman enviaban datos cifrados por la red cibernética mediante laptops y lo que denominan software de encriptación, facilitados en librerías y cafeterías de Manhattan, Lázaro y Peláez suministraban sus informes por onda corta y recogían dinero en bolsas en parques públicos.

Así lo hace constar la agente especial de la FBI e integrante de la División de Contrainteligencia de Nueva York, María Ricci, en su legajo sometido a la corte que ha abierto instrucción contra los arrestados. Las evidencias recopiladas en una frondosa investigación que parte de la década de los 90, así lo atestigua.

Pero lo que no dice la investigación es de qué manera Estados Unidos pone en peligro su seguridad con la actuación de estos conspiradores (los documentos oficiales se cuidan de no calificar la actividad ilícita de espionaje). Tampoco dice cómo se interpreta el funcionamiento de la red de espionaje rusa en un periodo de acercamiento de los dos países, y en el que tanto Washington como Moscú han acordado reducir sensiblemente su parque nuclear, y donde, por primera vez, ambos se ponen de acuerdo en castigar a Irán en el seno del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

Tampoco explica cómo dos profesionales sin la menor conexión con los círculos de poder en Washington, y sin acceso a información sensible y estratégica, como son Peláez y Lázaro, podían hacer daño a Estados Unidos. Estudiosos de las relaciones entre ambos países manifiestan que a los rusos les bastaba emplear estudiantes o contratar un grupo de cabildeo para conseguir la mayor parte de la información que pretendían.

Para despejar estas incógnitas habrá que esperar a que se inicie el proceso contra los conspiradores y así averiguar cómo una periodista de 55 años, con un manejo embrionario del idioma inglés y sin la menor preparación en asuntos de inteligencia, y de otro lado, un académico de 65 años con una enorme rigidez en sus planteamientos políticos y sin conexión alguna con el Partido Republicano o el Partido Demócrata, podían poner en riesgo la seguridad de Estados Unidos.

Algunos expertos estadounidenses han ensayado en las últimas horas una explicación, que suena a lógica, para explicar como es posible que los servicios secretos rusos se manejen como si viviéramos en las décadas de los 60 ó 70.

Precisan que los anquilosados aparatos de espionaje ruso aún preservan la filosofía de antaño y que les cuesta ponerse a la moda con sus pares de Estados Unidos, y que por lo tanto los diez arrestados por el FBI laboraban en última instancia para una porción del poder ruso, la más anacrónica.

Peláez por lo demás laboraba para un medio periodístico, que si bien es un cotidiano dirigido a la tercera parte de los habitantes de la ciudad de Nueva York, no deja de ser un órgano de minorías (minoría hispanohablante), sin ningún impacto entre quienes toman las decisiones políticas y económicas del país y de la ciudad considerada la capital del mundo.

Se cae así por su propio peso el argumento de que Peláez era perseguida por sus posturas políticas, plasmadas en sus columnas, la gran mayoría de veces estridentes y sin elaboración intelectual solvente como para influir en una vanguardia.

La mayoría de lectores de Pélaez son más bien inmigrantes con poca preparación, con duras experiencias de vida como indocumentados, y con vivencias donde ha menudeado la discriminación o la marginación étnica o lingüística.

Los que la conocían o han sido sus colegas han gozado de su febril radicalismo, como han sido los pasajes anecdóticos en los que ella resultó emocionalmente impactada por el arresto de Abimael Guzmán. Los colegas peruanos de El Diario La Prensa recuerdan cómo ese domingo que cayó el Comité Central de Sendero Luminoso con el presidente Gonzalo a la cabeza, Peláez en Nueva York se recluyó en el baño de mujeres del periódico por horas hasta digerir la noticia.

O el día del asesinato de la dirigente de pueblo joven Elena Moyano, a manos de Sendero Luminoso, cuando trataba de justificar veladamente, ante los colegas del mismo periódico, que la muerte de la dirigente peruana fue un “ajusticiamiento popular y revolucionario”.

Ahora son simples anécdotas que entonces hacían sonreír y discrepar virulentamente contra Vicky, como así se le llamaba en la sala de redacción, más por tratarse de una persona de mediana edad que aún sostenía inflexiblemente, posturas propias de universitarios de las décadas del 60 y 70.

Lo lamentable es que con su detención y posterior enjuiciamiento no solo encara prisión y eventualmente la caducación de su ciudadanía estadounidense adoptada, con la consiguiente deportación al Perú, cuando culmine su condena, sino que su aventura revolucionara ha quebrantado irremediablemente a una familia, la suya.

Peláez no solo ha puesto en entredicho al medio de comunicación donde trabajaba, El Diario La Prensa, sino que pierde por completo la credibilidad ante sus colegas y lectores, al sacrificar la independencia que debe ostentar la profesión de periodista.

Peláez ha puesto fin a su profesión. Es el alto precio que en estos momentos está pagando por jugar a la revolución.

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