Contra el radicalismo de Arizona

El Departamento de Justicia está tomando las acciones debidas para reasumir el control de la política migratoria a nivel nacional, que es donde debe radicar. No debe permitirse el intento radical de Arizona de usurpar la ley federal.

Permitir que 50 estados redacten su propia política migratoria es como permitir que cada uno de los estados tenga su propia política exterior.

Según Frank Sharry, director ejecutivo de America’s Voice, “la gente de Arizona está comprensiblemente frustrada con la inmigración indocumentada, pero hay una forma correcta y una forma incorrecta de solucionar el problema. La forma correcta de hacerlo es que los funcionarios electos en Washington, D.C., de ambos partidos, avancen una reforma migratoria integral, una solución que la mayoría de los estadounidenses apoya. La forma incorrecta de hacerlo es que, de manera individual, estados como Arizona tomen la ley en sus propias manos en una forma que viola la Constitución y convierte a ciudadanos estadounidenses en blanco sólo por el color de su piel o su acento”.

La mayor parte de los latinos de Arizona están aquí legalmente pero bajo la ley de Arizona estos ciudadanos o residentes legales serán tratados como culpables hasta que prueben que son inocentes. “Este caso podría ser fundamental en la historia de los derechos civiles de Estados Unidos. Si tiene éxito, la demanda protegería los derechos de cada ciudadano estadounidense. En estos momentos el color de la piel de una persona puede hacerla sospechosa, pero mañana puede hacerlo su afiliación religiosa”, agregó Sharry.

“Ya es hora de que adultos responsables se enfrenten a los políticos derechistas de Arizona. La gobernadora Jan Brewer está más preocupada por la seguridad política en su próxima primaria que en la seguridad fronteriza de su estado. El senador estatal, Russell Pearce, autor de la ley, ahora quiere mancillar un poco más la Constitución con una ley estatal que busca impedir que los bebés latinos de padres indocumentados obtengan la ciudadanía estadounidense. El notorio alguacil Joe Arpaio, en cuyas fallidas tácticas se basa la nueva ley de Arizona, recluta cuadrillas de voluntarios para allanar vecindarios latinos y detener hispanos bajo ofensas fabricadas para tener la excusa de pedirles documentos migratorios. Y los funcionarios federales de mayor rango en el estado, los senadores republicanos Jon Kyl y John McCain, están respaldando a estos radicales en lugar de hacer lo que hicieron en el pasado, que es defender la reforma migratoria amplia como la única solución real al problema de la inmigración indocumentada. Afortunadamente, los Padres de la Patria crearon un sistema de equilibrio de poderes para situaciones en las cuales los políticos pretenden pisotear la Constitución y los derechos de las minorías”, dijo Sharry.


El discurso migratorio del presidente Barack Obama la semana pasada fue extraordinario, indicó Sharry, “pero ésta es una acción concreta para proteger a los inmigrantes, no sólo de Arizona sino de otros estados”.

“Pero lo que queremos ver es más acción”, agregó Sharry refiriéndose a que tanto la administración como el Congreso pueden apoyar medidas como la DREAM Act y AgJOBS para legalizar a jóvenes y trabajadores agrícolas, y a que también pueden reorientar sus prioridades a la hora de aplicar las leyes migratorias para que verdaderamente se enfoquen en ‘lo peor de lo peor’.

Angela M. Kelley, vicepresidenta de Política de Inmigración y Abogacía sobre el proceso legal del Departamento de Justicia en contra de la ley de inmigración de Arizona, la S.B. 1070, emitió las siguientes declaraciones:

“El Departamento de Justicia adoptó una fuerte postura el día de hoy en contra de la ley de inmigración de Arizona la cual exige “mostrar sus papeles” al presentar una demanda, desafiando esta ley radical. Con este litigio, el Departamento de Justicia vuelve a imponer su control sobre la política inmigratoria a nivel nacional—y es a nivel nacional donde la política inmigratoria pertenece. Los estados no pueden crear sus propias leyes inmigratorias, por las mismas razones que no pueden imprimir su propia moneda o firmar tratados con otros países.

Una política autorizando a policías locales de requisar el estatus migratorio de cualquier persona podría haber tenido cierta acogida al principio, pero las voces de oficiales encargados de hacer cumplir la ley en efecto se levantaron en contra de tal autoridad. La Asociación de Agentes Policiales de Arizona y otros alrededor del país han argumentado que es imposible saber quién es “legal” solamente por las apariencias. Por lo cual medidas como las de Arizona casi conllevarán inevitablemente a perfiles raciales y étnicos contraproducentes.

Aun así, el enojo de los habitantes de Arizona por el sistema inmigratorio es entendible. Por mucho tiempo, los legisladores han hablado mucho pero han hecho poco en remediar tal asunto. Por ejemplo, el Senado falló en aprobar una medida migratoria hace tres años que podía haber hecho mucho para resolver problemas fundamentales con programas y políticas existentes. Las dificultades con nuestro sistema disfuncional han empeorado a través del tiempo, y las comunidades locales deben llevar a cuestas la falta de acción de los legisladores.

Los legisladores deberían aprobar políticas buenas por medio de reformas inmigratorias integrales que sean buenas para Arizona y para todo el país, y deben dejar de jugar con políticas malas.”

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