Relatoría Especial condena nuevos actos de violencia en México


El periodista Marco Aurelio Martínez Tijerina, de la emisora XEDD Radio La Tremenda, en Montemorelos, estado de Nuevo León, fue secuestrado en esa ciudad la noche del viernes 9 de julio y apareció asesinado el 10 de julio con un disparo en la cabeza. Martínez cubría información política y también trabajaba como corresponsal para medios mexicanos de alcance nacional.

El productor audiovisual y camarógrafo, Guillermo Alcaraz Trejo, fue acribillado por sujetos enmascarados al salir del periódico Omnia, en Chihuahua, donde visitaba a antiguos compañeros de trabajo, el sábado 10 de julio. Alcaraz era responsable de la producción de programas educativos en la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua.

En otro atentado, sujetos desconocidos lanzaron una granada, que no explotó, a las instalaciones de la emisora AW Noticias (XEAW 1280 AM), en Monterrey, estado de Nuevo León, en la noche del viernes 9 de julio. El artefacto rompió los cristales de la puerta principal de la radio.

La Relatoría Especial reiteró que, tal como lo establece el noveno principio de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión: “El asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada”.

En este sentido, la Relatoría Especial solicitó a las autoridades mexicanas investigaciones oportunas y efectivas que identifiquen a los autores de los crímenes y permitan procesarlos y sancionarlos. La condena de los responsables de los crímenes contra periodistas y medios es una condición necesaria para disuadir estos ataques, reparar a las víctimas y proteger de manera efectiva la libertad de expresión.

La Relatoría Especial exhortó al Estado mexicano a adoptar de manera inmediata medidas que protejan el ejercicio libre y seguro del periodismo, como fortalecer la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión, federalizar los crímenes contra comunicadores e implementar mecanismos de seguridad que protejan la vida e integridad de periodistas amenazados.

Con la muerte de Martínez y Alcaraz, se eleva a nueve el número de comunicadores asesinados este año en México. Hugo Alfredo Olivera murió el 6 de julio en Michoacán; el 28 de junio en Guerrero fueron asesinados Juan Francisco Rodríguez Ríos y Elvira Hernández Galeana; Jorge Rábago Valdez, fue asesinado el 2 de marzo en Tamaulipas; Jorge Ochoa Martínez, fue asesinado el 29 de enero en Guerrero; José Luis Romero fue encontrado muerto el 16 de enero, en Tamaulipas y Valentín Valdés Espinosa, fue asesinado el 7 de enero en Coahuila. Además, al menos cinco comunicadores han sido secuestrados durante 2010.

Para más información sobre la Relatoría Especial: http://www.cidh.oas.org/relatoria/

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