Freno a ciertas deportaciones

Por Maribel Hastings

WASHINGTON – La administración de Barack Obama deportó a 393,289 personas en el año 2009, cifra que espera superar este año fiscal 2010, pero podría frenar la remoción de unas 17,000 personas gracias a una directriz del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) que de inmediato fue catalogada por varios republicanos como una “amnistía”, una “legalización de facto”, “otro intento” de Obama de pasar por alto al Congreso para otorgar “carta blanca” a quienes no lo merecen.

Sólo que los 17,000 casos corresponden a personas con una orden de deportación pero al mismo tiempo con una solicitud activa de residencia presentada, por ejemplo, a través de un familiar, como cónyuges de ciudadanos de Estados Unidos. Son personas sin historial criminal que con mucha probabilidad lograrán la residencia, pero el rezago en el procesamiento de esas solicitudes y en los tribunales de inmigración ha provocado que la orden de deportación se anteponga a la residencia.

Es decir, se trata de personas que tienen una vía de legalización a través de una solicitud tradicional que formule un familiar, por ejemplo. No es una orden ejecutiva de parte del presidente Obama y mucho menos una amnistía de parte del Congreso. Es más, si la petición de residencia es denegada, estas personas pueden ser deportadas de todos modos.

Amnistía fue lo que aprobó el Congreso y el presidente republicano Ronald Reagan promulgó en 1986, algo que muchos en el Partido Republicano parecen olvidar o prefieren no recordar. De hecho, muchos prefirieron hacerse de la vista larga cuando las sanciones a empleadores que contrataran indocumentados contempladas en dicha amnistía se ignoraron para beneficio de patronos inescrupulosos, muchos de ellos benefactores de políticos.

La nueva guía, fechada el 20 de agosto, no constituye en modo alguno una nueva vía de legalización para todos los indocumentados que viven en Estados Unidos, cifra que, por cierto, se ha reducido en 1.7 millones desde 2007, según la Oficina del Censo y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Se calcula que de 12.5 millones de indocumentados que vivían en Estados Unidos en 2007, la cifra bajó a 10.8 millones en el año en curso.

Tampoco escuda de la deportación a cientos de miles.

En el pasado años, ICE ha deportado a 167,000 inmigrantes con historial criminal.

Las 17,000 remociones que se frenarían son apenas una fracción mínima si se comparan con casi 400 mil deportaciones. Pero de todos modos se trata de un paso bienvenido si se evita así sea una separación familiar. Un paso que ha debido tomarse hace mucho tiempo.

Asimismo, se trata de emplear de manera más efectiva los recursos disponibles y de dirigirlos a quienes verdaderamente suponen una amenaza a las comunidades o la seguridad nacional.

No que eso parezca importarle a muchos que sólo buscan acumular puntos políticos y obstruir.

La nueva directriz no es una moratoria a las deportaciones; no frenará las redadas administrativas que se siguen conduciendo; y tampoco busca escudar criminales como denuncian algunos.

Si acaso, evidencia un poco de la lógica y de la sensatez que se requieren para conducir un debate de altura y buscar una solución duradera al problema migratorio.


* Maribel Hastings es asesora ejecutiva y analista de Americas Voice.

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