México, bienvenidos al Infierno

De los 72 masacrados, 40 han sido ya identificados. De éstos, 15 son hondureños, 13 salvadoreños, 6 ecuatorianos, 5 guatemaltecos y 1 brasileño. Por ahora los salvadoreños y los hondureños tienen “mayoría cualificada” entre los muertos.

La masacre sucedió al interior de una sobria nave de cemento en las inmediaciones del municipio de San Fernando, estado de Tamaulipas, México, a unos 150 kilómetros de la frontera de Texas, EE.UU.

Los cuerpos torturados y despedazados fueron encontrados por las autoridades mexicanas el martes 24 de agosto de 2010, horas después de que Luis Freddy Lala Pomadilla, un emigrante ecuatoriano de 19 años, saliera corriendo del degolladero con un tiro en el pescuezo.

Luis Freddy se jugó el pellejo y gracias a ese arriesgado arranque de valentía ahora el mundo sabe mejor lo que les ocurre a los migrantes en tránsito en territorio mexicano: se les desvalija y se les descuartiza si no pagan el rescate de 2,500 dólares que piden sus secuestradores, los Zetas, con permiso, ayuda o colaboración de las autoridades mexicanas.

Si Luis Freddy no se hubiera aventado al campo, con una mano en la nuca sujetando la hemorragia y con la otra timoneando para esquivar las balas, el hecho simplemente no hubiera existido –mediáticamente hablando– y ahora nadie estuviera reflexionando a fondo sobre el horror que propicia México a sus hermanos menores centroamericanos desde hace ya demasiado tiempo.

Aunque los atropellos se llevan a cabo en colaboración con grupos de varias nacionalidades, donde hay salvadoreños, guatemaltecos, hondureños, etc., insisto en “México”, el estado, porque los secuestros se llevan a cabo en suelo mexicano con la ayuda o la colaboración directa o indirecta de las autoridades mexicanas.

El dinero de la “industria del secuestro migratorio” es demasiado gordo —más $25 millones en 2009— para no ser repartido entre algunos funcionarios públicos, ya sea a nivel local, estatal o federal dentro del estado mexicano.

También hay que insistir una y otra vez que estas torturas y ajusticiamientos colectivos en México no son un hecho aislado que se da así como así en una fresca tarde de verano. Se trata de una veterana maquinaria bien engrasada que se presta a despellejar vivo a miles de migrantes indocumentados que no tienen familiares que puedan pagar su secuestro.

Los hechos están suficientemente documentados y lo saben bien las autoridades mexicanas y centroamericanas, desde hace algunos años, lo que pasa es que esta vez el efecto visual y la presión mediática han sorprendido a todos.


“Entre septiembre de 2008 y febrero de 2009, 9,758 emigrantes centroamericanos, que trataban de llegar a Estados Unidos, fueron secuestrados y tratados con extrema crueldad a su paso por territorio mexicano”, dice en voz firme y alta el informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CENADEH), en México divulgado en Junio de 2009.

O sea que sabíamos perfectamente que 9,758 emigrantes centroamericanos habían sido secuestrados y sometidos a crueldad extrema, lo que significa que hubo, por lo menos, 53.5 víctimas de secuestro y martirio cada día, 2.3 cada hora durante los últimos 4 meses de 2008 y los primeros dos de 2009.

Esta cifra es más perversa y alucinante que cualquier acto de tortura que haya experimentado la humanidad sin haberse declarado un estado de guerra o conflicto político interno o regional. Sólo que aquí las víctimas son débiles, silenciosas, pasajeras, fácil de devorar.

El informe de la CENADEH es nítido y sobrecogedor:
1. De septiembre 2008 a febrero 2009, 9,758 indocumentados fueron secuestrados en colaboración con las autoridades mexicanas
2. 6,555 permanecieron privados de libertad en casas preparadas para el depósito y manejo de secuestrados
3. 2,448 estuvieron encerrados varios días en bodegas, sótanos y otras instalaciones de secuestro
4. De los migrantes secuestrados, el 65% son de Honduras, el 20% de El Salvador, el 13% de Guatemala y el resto de Nicaragua, Ecuador, Brasil, Chile, Costa Rica y Perú
5. 2,500 dólares es el monto promedio del pago del rescate.
Las últimas 25 páginas del informe están reservadas al relato de las propias víctimas y se titula sugerentemente, Bienvenidos al Infierno

“A mí, mientras llegaba el rescate, me violaron. Pero mi amiga no tenía familiares que pagaran por su rescate, así que le dispararon dos veces en la cabeza y la dejaron desangrándose en el suelo”, dice el informe según el testimonio de una salvadoreña de 19 años de edad que iba hacia los Estados Unidos.

“Durante el secuestro sólo me daban de comer una vez al día, un pedazo de tortilla dura y pollo viejo. El salvadoreño que estaba con nosotros lo mataron porque nadie lo reclamó” dice otro testimonio de una hondureña. Hay miles de historias que relatan el infierno mexicano contadas por indocumentados que van hacia EE.UU., pero nadie hace nada en serio para frenar esta humillación humana, ni México, ni los países expulsores, ni las instancias internacionales.

La industria del secuestro de migrantes centroamericanos en México es más compleja, pero la mecánica se puede simplificar de la siguiente manera:
1. En México, se secuestra y se tortura a los migrantes en colaboración con las autoridades públicas mexicanas
2. Se les saca a las víctimas el teléfono de un familiar de primer grado, padres hermanos o abuelos.
3. Con el llanto de la víctima y el zumbido de un taladro eléctrico, se contacta al familiar y se le pide el envío de 2,500 dólares por el rescate
4. Se espera durante 7-30 días el ingreso del dinero en una cuenta de las denominadas “agencias de giros para inmigrantes” en las que el dinero se puede retirar con una clave o contraseña personal
5. Si el dinero llega, el secuestrador retira el fondo de la agencia con la clave personal y la víctima es puesta en libertad. La víctima sigue hacia el norte o da la vuelta, sin parar a denunciar al secuestrador
6. Si el dinero no llega en el plazo estipulado por el secuestrador, las víctimas se convierten en un lastre y terminan descuartizadas en el fondo de una barril de metal que posteriormente es quemado con gasolina para no dejar ningún rastro
7. Hay tantos secuestros no reclamados que el punto 6 se repite de manera mecanizada como en una cadena de carnicería industrial por personal sanguinario especializado pagado por las mafias secuestradoras
8. La red es extensa e incluye personal de aduanas, autoridades locales, estatales, sicarios, traficantes, narcoterroristas, etc. Encima de toda esta estructura está la temida organización “Los Zetas”.

Con los datos en la mano, Honduras y El salvador son los países más afectados por la industria del “secuestro migratorio” en territorio mexicano, porque son los países con mayores tasas de expulsión. Hasta ahora estos dos países han hecho muy poco o nada en defensa de sus nacionales secuestrados en México. Por las razones que sean, los gobiernos de estos dos países centroamericanos no se han involucrado en la ayuda de los rescates, no han presentado una posición conjunta regional, ni han denunciado más tenazmente al estado mexicano en instancias multilaterales por el incumplimiento de tratados internacionales y la violación sistemática de las propias leyes mexicanas.

Pero ahora con la escena dantesca de San Fernando, las cosas perecen haber cambiado ligeramente. El presidente Mauricio Funes ha pedido públicamente una audiencia de estado a su homologo mexicano, Felipe Calderon, para ver qué acciones conjuntas se pueden llevar a cabo para desminuir la carnicería contra los migrantes mesoamericanos que se practica impunemente en tierras mexicanas.

Quizás nada cambie, tras la reunión, pero ésta es la primera vez que un presidente salvadoreño pide a un presidente mexicano hacer un hueco en la agenda para hablar específicamente de los secuestros y las matanzas que afecta a más de 19,500 migrantes centroamericanos, cada año, un horrible drama que, como dice la madre Teresinha Monteiro, directora de la Pastoral Nacional del Migrante en Mexico, “es una tragedia silenciosa, pertinaz e impune, de dimensiones incalculables”. Es México, bienvenidos al infierno de los migrantes centroamericanos.

José Manuel Ortiz Benítez es editor de Salvadoreños en el Mundo

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