Directriz de ICE sobre ciertas deportaciones:

Un reciente memorando emitido por el director adjunto de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), John Morton, sobre el manejo de las órdenes de deportación de ciertos inmigrantes, se sostiene en principios legales básicos pero ya algunos opositores lo están tildando de “amnistía”.

La política sólo aplica a un grupo definido de personas en proceso de deportación pero que ya han solicitado ajuste de su situación migratoria y están a punto de legalizarse. La norma instruye a ICE a frenar la deportación de estas personas en tanto se decidan sus casos. De esta forma se liberan recursos económicos para centrar la aplicación de leyes en quienes no estén a punto de legalizarse y convertirse en residentes que pagan impuestos.

Además del compromiso de ICE de centrar sus operativos “en lo peor de lo peor”, esta política evidencia que algunas de las prioridades de la agencia en la aplicación de leyes están cambiando en beneficio de la seguridad comunitaria, del sentido común, de los contribuyentes de Estados Unidos, y de la unidad familiar.

Lynn Tramonte, directora adjunta de America’s Voice, indicó que la política supone “el empleo sabio de los recursos disponibles y una bienvenida dosis de sentido común a las políticas de ICE”. “En lugar de seguir atascando los ya cargados tribunales de inmigración con los casos de personas que están a punto de convertirse en inmigrantes legales, la guía permite que el gobierno se enfoque en criminales peligrosos que representan una amenaza para nuestra nación. Se trata de un paso sólido, aunque todavía se necesitan muchos otros cambios a los programas migratorios de aplicación de leyes para hacerlos más efectivos”, agregó Tramonte.

Es importante entender que el memorando sólo aplica a una reducida fracción de los indocumentados que viven en Estados Unidos: los 17,000 que están en procesos activos de deportación, que ya solicitaron su ajuste migratorio mediante leyes existentes, por ejemplo, a través de un familiar, y cuyas peticiones, con mucha probabilidad, serán aprobadas.

La directriz no concede ningún beneficio migratorio a quienes no llenen los requisitos; no evita la deportación de personas cuya solicitud de ajuste migratorio sea denegada; no aplica a personas que supongan una amenaza a la seguridad pública; y no suspende los procesos de deportación de la mayoría de las personas que ya los enfrentan.

A pesar del sentido común de la norma, un grupo de voces republicanas en el Congreso, entre ellas la del senador republicano de Iowa, Charles Grassley, están claramente más interesados en oponerse a cualquier cosa que la administración haga en lugar de emplear efectivamente los recursos de los contribuyentes.

Grassley, quien tiene fama de ser muy vigilante de los asuntos presupuestales, se opone a este esfuerzo de mejorar la eficacia del gobierno y declaró que “desafortunadamente, parece que esto supone más evidencia de que la administración Obama prefiere eludir al Congreso y darle carta blanca a inmigrantes ilegales que ya han quebrantado nuestras leyes”.

Pero según Tramonte, “los estadounidenses quieren soluciones a nuestro maltrecho sistema migratorio y no “líderes” cuya única estrategia en el frente migratorio es bloquear el progreso a cada oportunidad”. “¿Realmente el senador Grassley cree que es eficaz o inteligente invertir recursos de aplicación de leyes en personas que están a punto de convertirse en residentes legales? Este memo de ICE es un paso adelante a tono con los deseos de los estadounidenses.El público también entiende que no podemos enmendar totalmente el quebrantado sistema migratorio hasta que no se apruebe una reforma migratoria integral. En vez de tachar de “amnistía” cada paso que toma la administración Obama, el senador Grassley debería dedicarse a trabajar por una reforma migratoria real y duradera”, concluyó Tramonte.

Fuente: www.americasvoiceonline.org

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