Elección del procurador de Derechos Humanos en Guatemala

La Red por la Paz y el Desarrollo de Guatemala (RPDG) ha señalado en diversos momentos grandes deficiencias en la Constitución de 1985, elaborada bajo tutela militar, y plantea, en consecuencia, abierta y firmemente, la urgencia de proceder a su reemplazo por medio de una Asamblea Nacional Constituyente.

Reconoce, sin embargo, que uno de los aportes esenciales de dicha Carta Magna fue la creación de la figura del Procurador de los Derechos Humanos. Se trata de tres artículos –273, 274 y 275– que establecieron el mandato y características del defensor del pueblo, como se le llama en otros países.

Es cierto que la creación y desarrollo de la institución en sus primeros diez años –1986 a 1996– no pudo detener las graves y sistemáticas violaciones de los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad y otros agentes del Estado; pero se realizaron acciones importantes, como la derrota del autogolpe de Serrano, en 1993, la sensibilización y educación sobre las doctrinas de los derechos humanos y la generación de nuevas condiciones para la PDH después de la firma de los Acuerdos de Paz.

La Red reconoce que en los quince años transcurridos desde la firma de la paz, la PDH, como institución, ha tenido una evolución muy positiva, la cual se ha debido tanto a quienes han ejercido el cargo, como a los funcionarios y trabajadores que, día a día, le han brindado su concurso. Las elecciones de 2012 se producen, sin embargo, con el país inmerso en una crisis profunda, con grandes riesgos para los derechos humanos de nuestros habitantes, y con el hecho de que la decisión final estará en manos de una clase política desprestigiada.

En el plano general de los derechos humanos, que incluye necesariamente el trabajo en la defensa inmediata y firme de los derechos cívicos y políticos, ya sea por iniciativa propia o a petición de terceros, la PDH no puede dejar de hacer énfasis en los derechos económicos, sociales y culturales, así como en los derechos colectivos .Vemos como grandes riesgos los siguientes:

-En el combate al crimen organizado, que debe fortalecerse -independientemente de que el Congreso de la República acepte o no despenalizar las drogas-  el Estado no puede caer en las prácticas violadoras de los derechos humanos, tales como las ejecuciones extrajudiciales –mal llamadas “limpieza social”; los incendios en las cárceles; la lentitud en la aplicación de la justicia, dejando a miles de capturados en cárceles por tiempos largos o indefinidos; o en la aplicación de medidas estrictamente represivas.

-El movimiento social está en pie de lucha, ante la terrible situación social y económica del país, mientras que los poderosos, amparados en el “derecho a la propiedad privada” y en su exigencia del “laissez-faire” en la economía, recurren a la represión de las protestas populares. La PDH no puede dejar de actuar en defensa de los sin voz y los históricamente marginados.

-En el tema de la lucha contra la impunidad, urge la defensa de los que promueven la verdad, la memoria histórica y la justicia. La PDH deberá cooperar estrechamente con todas las organizaciones y personas que trabajan en estas acciones, tales como UDEFEGUA y otras organizaciones de derechos humanos, los esfuerzos de antropología forense, la CICIG y los muchos jueces, fiscales, abogados y funcionarios que siguen batallando por la eliminación de la impunidad.

Una de las fortalezas de la PDH ha sido su independencia del gobierno de turno. Lamentablemente, con el incremento de la corrupción y las componendas entre los actores de la clase política esa independencia no está garantizada en estas elecciones. El Partido Patriota es mayoritario en el Congreso, lo que hace que el Presidente Otto Pérez, desafortunadamente, tenga mucho que ver en la designación del nuevo Procurador. Para evitar esto en el futuro, es necesario reformar los artículos de la Constitución relativos al Procurador de los Derechos Humanos:

En primer lugar, debe evitarse que el partido en el gobierno tenga mayor poder de decisión con relación al Procurador, para lo cual deben establecerse mecanismos más transparentes y democráticos para su elección, como podría ser la elección popular o la elección mediante la Comisión de Derechos Humanos, dejando al pleno del Congreso solamente el acto de ratificación.

En segundo lugar, basados en las experiencias negativas de intentos de re-elección, desde lo ocurrido varias veces con la presidencia del país hasta la práctica de re-elegirse las autoridades universitarias, debe prohibirse tal práctica  de manera explícita. Cinco años de ejercicio son suficientes para desarrollar a plenitud un buen plan de trabajo. Si ha de continuarse éste, tendría que ser con una nueva orientación.

Resulta evidente que las personas que buscan la re-elección se vuelven muy vulnerables a las presiones externas. Finalmente, no existe ninguna razón para exigir que el Procurador de los Derechos Humanos sea un abogado; hay muchas personas, de  muy diversas profesiones, que tienen cualidades y capacidades de sobra para tener un desempeño excelente en el cargo de Procurador. Limitar las candidaturas a los abogados es desperdiciar a valiosos expertos en la materia.

La segunda fortaleza de la institución debe estar en la probidad y autoridad moral de quien sea electo. Ha sido importante que ese estableciera el mecanismo de presentar impugnaciones y tachas ante las candidaturas, así como el mecanismo para que los señalados puedan defenderse. La presunción de inocencia debe ser la práctica de todo nuestro sistema de evaluación y justicia.

No obstante, si bien este sistema de “objeción fundamentada” puede dar algunos resultados en términos de las calidades deseadas en los candidatos, no es suficiente para vigorizar moral y éticamente la institución. La PDH debe fortalecer sus departamentos de asuntos jurídicos y de auditoría interna, y el Estado debe ejercer con rigor la auditoría externa y mejorar, mediante la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, la auditoría política.

Cinco años es un tiempo muy largo para que la función sea desempeñada en forma inadecuada, por lo que la Comisión debería tener la potestad de pedir la renuncia del titular o removerlo si el desempeño deja que desear.

La Red no se pronuncia a favor ni en contra de ninguna de las candidaturas presentadas y no cuenta con información fidedigna que le permita presentar objeciones a candidata o candidato alguno.

Esperaremos a conocer el resultado del análisis de las candidaturas que está en marcha y nos pronunciaremos solamente si vemos que se ha utilizado un proceso inadecuado o ilegítimo.

Finalmente, cuando conozcamos la terna que irá a la elección en el Congreso, nos pronunciaremos nuevamente para emitir nuestra opinión final.

Atentamente,

Comité Ejecutivo RPDG

Guatemala y Estados Unidos, 28 de abril de 2012

 

About Ramón Jiménez

Ramón Jiménez, actual Managing Editor de MetroLatinoUSA. Periodista que cubre eventos de las comunidades latinas en Washington D.C., Maryland y Virginia. Graduado de la Escuela de Periodismo de la Universidad del Distrito de Columbia. Galardonado en numerosas ocasiones por parte de la Asociación Nacional de Publicaciones Hispanas (NAHP) y otras organizaciones comunitarias y deportivas de la región metropolitana de esta capital. También premiado en dos ocasiones como Mejor Periodista del Año por la cobertura de la comunidad salvadoreña; premios otorgados por la Oficina de Asuntos Latinos del Alcalde de Washington (OLA) y otras organizaciones. Ha sido miembro del jurado calificador en diferentes concursos literarios, de belleza y talento en la región metropolitana. Ha visitado zonas de desastre en Nicaragua, Honduras y El Salvador e invitado a esos países por organizaciones que asisten a personas de escasos recursos económicos. Antes trabajó en otros medios de prensa de Virginia y Washington, D.C., incluyendo reportajes para una agencia noticiosa mundial.

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